Su principal institución adopta un posicionamiento claro: “La Ley de Extranjería de nuestro Estado es racismo institucional. Tiene que acabar y deben regularizarse todas las personas que viven ya en nuestra casa como vecinos, que están obligados a cumplir con los deberes de ciudadanía, pero que no tienen los derechos básicos. Esto vulnera los Derechos Humanos y los principios de la democracia”, declaró la alcaldesa Ada Colau.
La activista Victoria Columba, una de las pioneras del Movimiento estatal #RegularizacionYa, apunta que con este impulso desde la ciudad de Barcelona y en la recta final de la campaña, la plataforma pretende que se sumen muchas más administraciones del Estado con mociones similares, y de este modo mostrar la voluntad ciudadana de regularizar a sus vecinas y vecinos “sin papeles”. Es un primer paso para generar un cambio no sólo en las políticas migratorias, sino en todas las políticas públicas que afectan la vida de las personas migrantes en todo el territorio.
La importancia de haberse aprobado en esta ciudad es muy significativa, por ser una ciudad multicultural en la que confluyen personas de muchas partes del mundo, donde se hablan más de 300 lenguas, donde las luchas sociales están vivas y donde se ha creado el primer Sindicato Mantero de Europa.
“Estamos muy contentos con esta moción de apoyo a la ILP que se aprobó en el Ayuntamiento de Barcelona. Es muy importante para nosotros ejercer incidencia política y buscar aliados para que cuando se debata en el congreso, tengamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios y podamos ganar esta batalla. Ojalá se regularice a todas las personas que lo necesitan que están aquí sin documentos reglados”, exclama Lamine Sarr, portavoz de la campaña ILPRegularización y del Sindicato Mantero, cuyos miembros están participando activamente en el proceso de la ILP. También declara que esta lucha es en beneficio de todos, pues permitiría cotizar en la seguridad social a las personas migrantes, si estuvieran regularizadas.
Acceso a derechos fundamentales
En España hay medio millón de personas que viven en situación administrativa irregular, lo cual les aboca al trabajo en la economía sumergida y a la privación de los derechos más básicos. Con la crisis del COVID-19, aumentó el sufrimiento y la precariedad de estas personas, encontrándose sin trabajo, sin ingreso mínimo vital, sin prestaciones por desempleo ni subsidios.
Como respuesta a esta situación, surgió en la pandemia el Movimiento Estatal #RegularizacionYa, compuesto por colectivos antirracistas y comunidades migrantes, que trabajan en el diseño de una nueva política migratoria que ponga el foco en la vida y los derechos de las personas migrantes.
En junio del 2020 presentaron la #PNLRegularizacion, que contó con el apoyo de 8 fuerzas políticas, y fue rechazada por la falta de voluntad política mostrada por algunos partidos. Con un continuó trabajo en red, en junio del 2021 los colectivos del movimiento confluyeron junto a varias organizaciones en la plataforma Esenciales, para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) como parte de una nueva estrategia política que involucre a la ciudadanía para demandar un proceso de regularización.
“Estamos luchando por regularizar a todas las personas que no están regularizadas, para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, las misma dignidad en esta sociedad”, declara Aziz Faye, portavoz del Sindicato Mantero. Apunta que no se respeta lo que reconoce la Declaración Univeral de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cuanto a que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacimiento, etc. Recalca que hay que recordar a toda la ciudadanía que tenemos la obligación de estar alerta con la minoría que no quiere la libertad de las personas migrantes, sino imponer el racismo, el odio y la xenofobia dentro de nuestra sociedad.
En este sentido, Daouda Dieye, portavoz también del Sindicato Mantero, se pregunta por qué la masacre del 24 de junio en la valla de Melilla donde perecieron en la frontera 37 personas, sigue sin investigarse a fondo y culpando a las mafias. “Si fueran los blancos los que hubieran muerto, la tierra temblaría. A los blancos no les importa las muertes de los africanos y árabes”, delata. También se pregunta por qué existe tanta desigualdad: los europeos entran sin visados en su país, y ellos pagan por su visado pero se lo deniegan, empujándolos a la migración clandestina.
La reciente reforma de la Ley de Extranjería supone avances positivos, pero olvida aspectos básicos como la regularización de las personas que ya viven y trabajan en España, incluidos menores de edad. No alcanza, dicen desde el movimiento #RegularizacionYa, a todas las personas en situación administrativa irregular que quedaron atrás después de la pandemia. Algunos reprochan que dicha reforma se utilice de manera mercantilista, para paliar la falta de mano de obra en sectores clave para la economía, desde el transporte y la construcción, pasando por la hostelería o la digitalización.
La Ley de Extranjería pone otros impedimentos como la “irregularidad sobrevenida”, proceso por el que extranjeros que han tenido un permiso de residencia y/o de trabajo en España, no lo puede renovar por diferentes motivos (el empleador no cotiza a la seguridad social por esa persona, la solicitud de protección internacional es denegada, falta de medios económicos, ex tutelados al cumplir la mayoría de edad, etc.). Es el caso de Assane Cisse, que migró forzosamente desde Senegal y llegó a Catalunya hace ya más de dieciséis años. Su travesía que le podía haber costado la vida fue a bordo del barco de pesca en el que trabajaba. “El mar costero senegalés está “seco”: los buques extranjeros con técnicas de extracción rápidas, nos dejan sin pescado y sin trabajo”, denuncia. Después de siete años en España, consiguió en 2013 regularizar su situación. Sin embargo, al caducar su último permiso de residencia, le han denegado la renovación, perdiendo su puesto laboral.
Alianzas en Catalunya por la justicia social
Catalunya ha resultado ser uno de los principales motores de la ILP, consiguiendo que otras fuerzas políticas institucionales también se hayan sumado a la iniciativa en diversas ciudades, con diez mociones aprobadas de las 14 en España. “Tejer alianzas y construir lucha antirracista con diversos sectores de la sociedad es una tarea que venimos trabajando desde hace años. El Comité Catalunya ha demostrado ser el que más firmas ha recogido en todo el Estado. Está dando frutos pero necesitamos más compromiso de las aliadas“, declara Victoria Columba.
Desde el 19 de febrero, voluntarios incansables recogen firmas a pie de calle, ya sea en fiestas locales, eventos, conciertos, ferias y mercadillos hasta en charlas acompañadas de actividades. Incluso el 11 de septiembre en Barcelona, en la Diada de Catalunya, Omnium Cultural les cedió un espacio entre sus actos. Muchos pertenecen a colectivos migrantes, y sufren, una vez más, el racismo de algunos ciudadanos cuando les invitan a firmar en los pliegos de la Junta electoral. Aun así aguantan por la causa, y las firmas de apoyo van aumentando día a día.
El 13 de junio surgió una iniciativa en Catalunya para apoyar la ILP por la regularización de las personas migrantes y lograr más firmas: se estrenó en Youtube el vídeo producido en Barcelona “Regulariza!”, que cuenta ya con más de 16.500 visualizaciones en 4 meses. Una obra colectiva, multilingüe y con ritmo “que engancha”, protagonizado por personas de colectivos antirracistas como del Top Manta, Tras la Manta, además de artistas y bailarines que se han sumado a la causa. No es una simple canción, sino un himno reivindicativo con mensajes tales como: “El mar un cementerio, y le restas importancia”, “Mi casa es el planeta, déjame pasar”, “No somos delincuentes, ni menos que nadie”, “Diez años trabajando, y aún no puedo regresar”.
Sylvia Tejada es de origen boliviano y Coordinadora de Primera Acogida de la Asociación de Mujereres Pa’Lante en Barcelona. Explica, desde su experiencia, cómo las mujeres que deciden iniciar un proceso migratorio se enfrentan a grandes riesgos y vulnerabilidades. Esto se acrecienta aún más por su situación administrativa irregular, que impide su acceso a la educación, a la justicia, a la protección social, a la participación política, a un trabajo digno, insertándose en los nichos de empleo más precarizados e históricamente peor valorados, desplazándolas e invisibilizándolas y, además, las criminaliza a nivel social. “Esta situación debe cambiar, por eso es importante que continuemos trabajando en la recogida de firmas para la ILPRegularización, además de generar redes de apoyo que permitan articular posibilidades de resistencia a partir de nuestra propia experiencia; también tomar la iniciativa para organizarnos, ser visibles y brindar apoyo a las recién llegadas”, exclama Tejada.
Las firmas de la #ILPRegularización tienen un plazo de entrega hasta el 23 de diciembre y en este período pueden firmar las personas mayores de 18 años con DNI español, de manera física en puntos fijos enumerados en la web de Esenciales o con certificado digital en la misma. La iniciativa, que necesita de 500.000 firmas para debatirse en el Congreso de los Diputados, ha superado las 495.000 firmas a mediados de noviembre.
Se necesita más que nunca contar con el apoyo de las organizaciones, colectivos, partidos políticos y aliados para garantizar los derechos de las personas migrantes, no sólo en este último mes de recogida de firmas, sino en los tiempos inmediatos y en el futuro. Tal como se constata, los migrantes han demostrado cuán esenciales son y que forman parte activa del tejido social de este país. Tienen derecho a vivir dignamente en una convivencia de igualdad.
