La actuación de los Mossos d’esquadra en los desahucios, hace años que es motivo de polémica. Sus intervenciones arbitrarias y desmesuradas, están más pensadas para servir a los intereses de los grandes especuladores que a proteger los derechos humanos de las personas que ven en riesgo su derecho a la vivienda ante la carencia de recursos para poder pagarla.
La presencia de BRIMO y ARRO en los desahucios se ha incrementado en los últimos tiempos, a pesar de que estamos pasando por un aumento de la vulnerabilidad, siendo la vivienda, causa y motor de desigualdad y exclusión social, así como vemos un aumento de la pobreza como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y los conflictos internacionales.
En Catalunya, disponemos de herramientas legales, como las leyes 24/2015 o 1/2022, para minimizar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda con alquileres sociales obligatorios por parte de los grandes propietarios, frenando así, al mismo tiempo, la especulación depredadora de la que se alimentan. Ante un desahucio nos encontramos con dos problemas: una situación de violación de derechos fundamentales y otra de incumplimiento de las leyes vigentes por parte de fondos buitres y bancos.
Los Mossos, ante una convocatoria ciudadana para evitar que una familia vulnerable se quede en la calle, optan por enviar antidisturbios para desarticular la movilización pacífica. Ya sea con denuncias aplicando ley mordaza, ya sea a golpe de brutalidad policial, ya sea con detenciones directas de activistas y vecinas sin importarles que está en juego el bienestar de personas que no han elegido ser pobres.
Esto nos hace pensar en el juramento de servir y proteger. ¿Hacia quién va dirigido esa servidumbre y protección? El movimiento por el derecho a la vivienda lleva años denunciando la situación. Recientemente, el programa Planta baixa avanzó nuevos datos que mostraban cómo los Mosso actúan de media en más de un desahucio diario. Sumando 778 intervenciones, de BRIMO mayoritariamente y ARRO, traducidas en desahucios ejecutados.
Las claves del nuevo protocolo
Los Mossos d’Esquadra han impulsado dos protocolos internos para abordar y uniformizar las intervenciones policiales en casos de desahucios (PNT 231/01/22 “Actuación policial en desalojos de inmuebles por mandato judicial”) y de ocupaciones (PNT 230/01/22, “Actuación policial ante la ocupación de inmuebles”). Ambos contemplan mantener la intervención de las unidades de orden público en situaciones que consideren “de última necesidad”.
Para ello se han categorizado tres grupos: ninguna protesta, protesta pacífica y protesta con riesgo para personas y bienes. Será la Comisaría General de Información quien evaluará el riesgo en función a estas categorías cuando un juez ordene un desahucio. Esta es una de las cosas que más ha indignado a la PAH y otros movimientos, ya que no deja de poner por escrito lo que a la práctica ya pasaba, interpretándose como punto dos y tres las convocatorias públicas de stop desahucios. El desahucio forzoso de una mujer de 84 años en Badalona, el exceso de fuerzas del orden en la Barceloneta, la detención de un activista en Sabadell o desahucios escoltados por los Mossos que han ocurrido si previo aviso, como a una familia con dos menores en Montornés del Vallès o el de madrugada a un vecino del barrio de Gracia, son algunas muestras de que nada ha cambiado.
Según el nuevo protocolo de actuación en desahucios, la intervención policial seguirá varias fases, pensando en ser gradual y proporcional. Los pasos a seguir deben ser una primera actuación de los equipos de mediación, si lo consideran necesario, con agentes de seguridad ciudadana. La siguiente sería activar la presencia de ARRO o Brimo.
Los juzgados tienen la obligación de contactar con los servicios sociales para saber si tienen conocimiento del desahucio y poder comprobar la vulnerabilidad que en la mayoría de casos implicaría la suspensión inmediata y que el lanzamiento no siguiera adelante. Esto no suele ser así, algunos jueces son los primeros en saltarse las leyes para proteger los intereses de quienes desahucian. Con el nuevo protocolo, los Mossos también deben ejercer este contacto previo con servicios sociales. Los hechos de las últimas semanas desde que entró el protocolo en vigor, muestran como tanto unos como otros, no lo están cumpliendo.
El protocolo también define el tipo de circunstancias a tener en cuenta para valorar el tipo de actuación o las acciones que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial. Con el objetivo de “planificar las acciones policiales de manera eficiente y garantizando la seguridad de la actuación judicial”, nada más recibir el requerimiento judicial, los Mossos deben investigar si hay previstas movilizaciones. En caso afirmativo, la Comisaría General de Información debe realizar la valoración determinando “las circunstancias del entorno” con información como el estado del edificio, las características del barrio donde se encuentra ubicado o circunstancias que puedan ser “un factor de dificultad”, como “accesos a la calle, vecindad o presencia de otros inmuebles ocupados en el mismo edificio”. Es preciso también conocer la situación de vulnerabilidad de las personas, la presencia o no de menores de edad, la intervención de servicios sociales y si hay alternativa de vivienda.
Ocupaciones y desahucio exprés
El protocolo para cómo actuar en ocupaciones flagrantes, se suma a la actual campaña de sobredimensionar el problema de las ocupaciones poniendo el foco en lo que ahora está de moda llamar ocupaciones delincuenciales. No deja de sorprender cuando los datos de los propios Mossos demuestran que estas situaciones son residuales.
En este nuevo protocolo, se detalla cómo tienen que actuar los agentes policiales ante el conocimiento de una ocupación para “proteger la propiedad privada y los derechos de todas las partes con seguridad jurídica por los mismos agentes de las unidades de Seguridad Ciudadana que tienen que hacer frente a estos incidentes” También dicta como hacer el atestado y la minuta policial. Aquí entra la gran novedad. En función del punto 7.7 del protocolo los Mossos pedirán a la Fiscalía que ésta solicite al juez que ordene el desalojo exprés, sin tener que esperar los largos meses que puede comportar todo un procedimiento judicial. Los Mossos añadirán los antecedentes de los ocupas, un documento que acredite que no son vulnerables o información de si están pinchados los suministros.
Paralelamente a estos dos protocolos, los Mossos han creado la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda (UCICH). La intención es dejar de actuar de forma reactiva centralizando la información sobre las ocupaciones y desalojos que tienen lugar en Cataluña. Esta información se usará para establecer los criterios organizativos y operativos de los Mossos y supervisar las acciones policiales.
Propuestas de la PAH
En un reciente comunicado, la PAH afirma que ‘’si la labor de los Mossos es hacer cumplir la ley, ante un desahucio quien la incumple es la propiedad o la administración.” Las PAH catalanas, apelan a los argumentos utilizados desde la Consejería de Interior que defiende el papel de los Mosso ‘’por que no se pueden incumplir las leyes y mandatos judiciales”, pero ejecuta desahucios de grandes tenedores que incumplen de forma flagrante la ley antidesahucios catalana.
La PAH insta al cumplimiento de la ley y añade algunas reivindicaciones como que se suspendan los desahucios y las intervenciones policiales hasta que los grandes propietarios ofrezcan el alquiler social obligatorio. Sin esto, de nada sirve la interacción con servicios sociales ya que no hay pisos de emergencia para garantizar un realojo digno y adecuado a la familia. También recuerda que en casos de pequeños propietarios, es la administración la que debe garantizar el realojo antes del desahucio y que la Generalitat como responsable y administración pública -incluyendo los Mossos- debería de cumplirla a rajatabla.
Ante la falta de vivienda, la Generalitat debería activar inmediatamente un plan de choque para poner la mesa de emergencia de Catalunya y las municipales a cero, a través del aumento urgente del parque de vivienda social. Es su responsabilidad realojar, no desalojar, a las 1.600 personas con resolución favorable de la mesa a nivel catalán, además de las que se enfrenten a nuevos desahucios y estén en exclusión residencial.
La PAH pone en duda la credibilidad de este supuesto “protocolo social” y sentencia que en ningún caso es necesario que la presencia de la BRIMO en los desahucios, ya que el movimiento de vivienda siempre actúa en situaciones donde hay riesgo, no para la comitiva judicial o los inmueble, sinó para personas o familias que son vulnerables.
