A punto de acabar un año convulso en temas de vivienda, donde una vez más el protagonismo se lo ha llevado la falta de voluntad política para garantizar un derecho fundamental para toda la ciudadanía. La vivienda es una de las mayores causas para empobrecer a la población y aumentar las diferencias sociales. Al mismo tiempo es la principal fuente de riqueza para corporaciones, clases altas y los políticos que las respaldan anteponiendo sus intereses financieros.

Nos quieren hacer creer que pretender independizarse si eres joven, querer mantener esa casa hipotecada que tantos quebraderos de cabeza da, negarse a asumir una subida inasumible del alquiler o denunciar la cronificación de los desahucios, es ir contracorriente, ser antisistema. Una premisa que vulnera Derechos Humanos, la Constitución o los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. 

Las excusas para ello varían con los años, ahora todo es culpa de la pandemia, la inflación o los conflictos bélicos. La realidad es que seguimos siendo daños colaterales y pagando los platos rotos de unas políticas reaccionarias y neoliberales, ya sea gobernando la derecha o la falsa izquierda. 

El último escándalo relacionado con esto es la subida del euribor y el paquete de medidas acordadas entre Gobierno y la banca, para ‘’paliar’’ este duro golpe a las familias hipotecadas que ven como a cada revisión, anual o semestral, el pago de la hipoteca se convierte en un imposible.

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Los grises y las sombras de las ayudas para personas hipotecadas a tipo variable

El 22 de noviembre entraba en vigor el Real Decreto-ley 19/2022, que apuesta por el Código de Buenas Prácticas, o lo que es lo mismo, el Código que de Guindos se sacó de la manga en 2012 como alternativa parche a la ILP Hipotecaria, impulsada por la PAH, que fue bloqueada gracias a la mayoría absoluta del PP a pesar de tener el apoyo de casi un millón y medio de firmas, la aceptación de un 80% de la ciudadanía, según estadísticas de la época, y la aprobación de una mayoría parlamentaria.

Desde entonces, reiteradamente se ha denunciado la ineficacia de este Código al que solo se pueden acoger familias en pobreza extrema y que más que impedir la pérdida de la vivienda, cuando logran acogerse ya es demasiado tarde.

Con la actual reforma, que separa por clases sociales los requisitos (personas hipotecadas en situación de vulnerabilidad y ayudas para personas hipotecadas a tipo variable de supuesta ‘’clase media’’) la cosa queda así:

Vulnerabilidad

Para entrar en la consideración de vulnerable los requisitos son: tener ingresos (unidad familiar) inferiores a 25.200 euros, que la hipoteca sobre la vivienda habitual sea sobre un precio de compra inferior a 300.000 euros y que la carga hipotecaria (porcentaje de ingresos dedicado a pagar la hipoteca) haya aumentado en un 50% o más en algún momento de los últimos 4 años.

Si se cumplen estos requisitos, las ayudas actuales pasan por una carencia de capital de cinco años – durante este tiempo solo se pagarán intereses -, rebajar el interés a euribor menos 0,10% mientras dure la carencia, alargar el plazo de la hipoteca a 40 años para reducir importe de las mensualidades. En resumen, a largo plazo pan para hoy y hambre para mañana ya que tardarás más en devolver la deuda, por lo que pagarás más en intereses a la larga. Una trampa que las que ya perdieron su vivienda por no poder pagar la hipoteca conocen bien.

Sorprende ver que un término tan poco usado a nivel político como la dación en pago, se cite tan explícitamente en esta reforma supuestamente pensada para evitar que las personas pierdan su hogar. Si las cuotas superan el 50% de tus ingresos pese a la aplicación de estas medidas, podrás pedir al banco que te perdone hasta el 25% de tu deuda. Si aún así, dedicas más del 50% de tus ingresos a pagar las mensualidades, le podrás solicitar la dación en pago durante un plazo de dos años y un alquiler social en la misma vivienda (30% de los ingresos y duración de 2 años, con posibilidad de 7 si cumples los requisitos establecidos por el fondo social de viviendas). También podrás acogerte una segunda vez al Código si lo necesitas en el futuro.

Si la carga hipotecaria no sube un 50%, las medidas incluidas en el Código son, una carencia de capital de dos años, bajada de intereses durante la carencia en función de todo un galimatías jurídico, alargar hasta siete años la hipoteca siempre y cuando no se superen los cuarenta años como plazo total. 

¿Cómo calcular la carga hipotecaria?

Antes de la revisión Después de la revisión
Cuota mensual 438€ 586€
Carga hipotecaria 29,2% 39,1%
Subida de la carga (39,1 – 29,2)/29,2 X 100 = +33,9%

Como ves, pagar 148 euros más al mes supone aumentar tu porcentaje de endeudamiento en más de un 30% (Fuente Help My Cash) Dedicar más del 35% de tus ingresos a pagar las cuotas de tu hipoteca y otras deudas, se considera sobreendeudamiento.

Clase media

Según el Ministerio, se considera clase media en riesgo de vulnerabilidad cuando una familia cumple requisitos como cobrar menos de 29.400 euros brutos al año, tener una carga hipotecaria superior al 30%, que la carga hipotecaria haya subido al menos un 20%

Las medidas a aplicar, al acogerse al Código de Buenas Prácticas, son: alargar hasta siete años la hipoteca siempre y cuando no se superen los cuarenta años como plazo total, posibilidad de una congelación de la cuota durante doce meses con el importe que se pagase el 1 de julio de 2022, una rebaja de interés durantes estos doce meses. Como antes, pan para hoy sin garantías que no se convierta en hambre para mañana. De momento, rebajar cuota aplazando tiempo ya es sinónimo de subida de intereses.

Otra ‘’facilidad’’, pasa por abaratar el paso de tipo variable a tipo fijo eliminando la comisión asociada a esta operación durante el año 2023. Para esto no es necesario reunir los requisitos para acogerse al Código de Buenas Prácticas, pero hay que tener en cuenta que los bancos realizan una nueva tasación (que debe pagar la persona interesada) antes de realizar la operación. Resumiendo, los intereses fijos son mucho más elevados que los variables y el valor del piso lo pone el banco.

Todo esto sin contar que para los bancos todo esto no es una obligación y pueden decidir si acogerse a esta reforma o no a partir del 24 de noviembre. En el momento de escribir este artículo, Caixabank ha anunciado que se adhiere, el Banco Santander ha manifestado dudas y el BBVA no ha querido pronunciarse. Todas las entidades bancarias tienen de tiempo hasta el 1 de enero de 2023 para tomar su decisión. 

De aquellos barros, estos lodos. La historia se repite y sin olvidar que detrás de cada cifra hay personas sufriendo, el número de ejecuciones hipotecarias este año ya están a la par que en 2007. Solo hay que tener memoria o haber estado allí, para recordar lo que vino después. Sea como sea, lo peor está por llegar.

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