“Hemos conseguido que Cataluña se haga responsable de la gente que vive en su territorio”, afirma Norma Véliz Torresano, de la asociación de Mujeres Unidas Entre Tierras, porque la Generalitat ha abierto la quinta convocatoria de la línea ACOL, un programa que subvenciona durante un año el contrato laboral a jornada completa a personas en situación irregular, uno de los requisitos que la ley de extranjería pide para facilitar el arraigo social.

El Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) por medio de la línea ACOL financiará unos 630 contratos de trabajo a entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y consejos comarcales para personas en situación irregular con una dotación presupuestaria de 19 millones de euros en 2023. Los requisitos para acceder al programa, que sólo existe en Cataluña son: ser una persona extracomunitaria y no familiar de personas de un país miembro, poder acreditar mediante el padrón una permanencia continuada en España en los últimos tres años, de los cuales, dos deben estar en Catalunya y no tener antecedentes penales. “Estas personas viven aquí y son nuestros vecinos y vecinas; hacer como si no existieran y negarles la posibilidad de residir y trabajar legalmente significa condenarlos a la explotación y la marginalidad, y tiene un coste muy alto para el conjunto de la sociedad en todos los términos: democráticos, económicos y sociales ”, afirmaba el consejero de Empresa y Trabajo Roger Torrent en la última convocatoria.
“Somos invisibles para todo”
“Somos invisibles para todo”, afirma Patricia Zapata, llegada de Perú en 2018 por la situación económica y laboral de su país de origen. “Era consciente de que mi formación como técnica en computación y profesora de inglés no se reconocería y debería trabajar en negro, pero pensaba que la regularización sería más sencilla”, asegura. Durante tres años se ha dedicado a realizar trabajos del hogar y lamenta que no podía hacerse ni una cuenta bancaria ni formarse, ya que estaba en situación irregular. “Al no tener NIE tenía que pedir a la gente que me hiciera las gestiones en el banco, o se me ponía como excusa para pagarme menos cuando trabajaba en B”, lamenta. Añade que conseguir la regularización es muy difícil y critica las trabas burocráticas “o te haces pareja de hecho, que mínimo te piden cuatro mil euros o arraigo social donde debes demostrar por padrón que vives en España desde hace tres años y un contrato laboral a jornada completa durante un año”, condición que dado el mercado laboral español es compleja para muchos colectivos.

Dotación récord con 19 millones de euros
Debido a las dificultades para conseguir el arraigo social, la Generalitat inició en 2018 la línea ACOL para ofrecer el contrato laboral que fija la ley de extranjería como condición. En las anteriores cuatro convocatorias se destinaron más de dieciséis millones de euros y se regularizaron 1.046 personas, según datos de la Generalitat. La próxima convocatoria, abierta hasta el 10 de febrero de 2023, tendrá una dotación de 19 millones de euros, un 137,5% más que la de 2020 y permitirá el arraigo social de 630 personas con problemas de acceso al mundo laboral y en riesgo de exclusión social. La secretaria de Igualdad, Mireia Mata Solsona, afirma que “ACOL no es sólo una oportunidad de trabajo: es una oportunidad de vida, porque ofrece a personas que viven en situación de irregularidad no deseada la posibilidad de poder vivir y trabajar sin el temor constante de ser consideradas como personas de segunda categoría” y añade que “es una oportunidad que te reconozcan como persona trabajadora, contribuyente y sujeto de derechos y deberes”. Además, en la próxima convocatoria varios ayuntamientos catalanes han mostrado su compromiso con el colectivo y han informado de que ofrecerán plazas ACOL. Es el caso de Roquetes, con cuatro vacantes o de Sabadell. Otras ciudades ya lo han hecho como Sitges que entre el Ayuntamiento y otras fundaciones el último año contrataron a seis personas migradas o Hospitalet con once candidaturas aprobadas en 2022.
Más de un año en gestiones burocráticas
Patricia Zapata se presentó en dos ocasiones en la línea ACOL, que conoció mediante Cáritas. Cursó los tres cursos necesarios: 90 horas de catalán, conocimientos laborales y de Cataluña; y cumplió los demás trámites: demostrar que tenía su pasaporte en vigor y obtener el certificado de antecedentes penales. “Gestionar la documentación fue un estrés, nos ayudábamos entre todos los que nos presentábamos”, porque al no tener NIE, se les añadían las dificultades para gestionar los pagos en el banco. Por último, tuvieron que solicitar el certificado de acogida, que tardaron más de un año en otorgárselo. Después de todo el proceso, en la convocatoria de 2021, quedó fuera, puesto que se presentaban 14 personas para tres vacantes y después de una entrevista con la asistenta social recibió una puntuación muy baja: “yo estaba sola en España , vivía en una habitación en un piso compartido, con mi familia en Perú que depende de mí y después de una operación en la mano en la que no se me pagó nada y sin cobrar durante la pandemia al no tener contrato” . Sin embargo, se volvió a presentar en la última convocatoria en la que logró una plaza en la cooperativa Rizoma donde realiza tareas administrativas. “Ahora vivo más tranquila, ya que puedo tener cosas tan básicas como una cuenta bancaria”, aunque las dificultades burocráticas continúan para conseguir el NIE.

Desde la Asociación de Mujeres Unidas Entre Tierras y la Colectiva, el ateneo cooperativo de L’Hospitalet hacen el acompañamiento para presentarse en la línea ACOL a más de ochocientas personas, entre las que se encuentra Patricia y celebran que exista el programa: “hemos conseguido que Cataluña se haga responsable de la gente que vive en su territorio con una voluntad política”, reconocen aunque lamentan las dificultades burocráticas y que se gestione “desde arriba, sin el colectivo y sin conocer las olas migratorias”, reclama Norma Véliz Torresano. Además, piden coordinación entre la Generalitat y el colectivo para las próximas convocatorias y recuerdan que “la línea ACOL surgió de la lucha de las personas migrantes”.