Mes de febrero y ya nos encontramos en medio de la precampaña electoral municipal. Los candidatos y candidatas ya han empezado, de hecho, a desplegar eslóganes y esbozar propuestas de campaña. Ahora bien, el anuncio de la candidatura de Xavier Trias ha alimentado, de rebote, las esperanzas de Ada Colau de retener la alcaldía de Barcelona. Algo que sólo unos meses atrás podía parecer imposible, ante un Collboni con opciones y una Esquerra Republicana en condición de disputar los comicios. La polarización, deben pensar en los comunes, podría generar un voto útil de izquierdas en contra de una hipotética victoria de Trias. Es comprensible. De hecho, el mismo esquema -caduco y simplificador- es el que ha impulsado el retorno de la vieja convergencia, personificada en Xavier Trias, para ofrecer un último baile en clave electoral. Ambos se equivocan; sin el concurso de las otras dos principales fuerzas políticas de la ciudad (ERC y PSC) no habrá mayoría en el consistorio. Pero no querría despertarles del sueño.
La llegada de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona en 2015 se produjo sobre todo gracias a su prestigio como activista por la vivienda; la bandera de una de las causas justas que movilizan a los barceloneses y barcelonesas. Hay que recordar el contexto; en medio de la crisis económica y de sus consecuencias en forma de desahucios e impagos hipotecarios en los bancos. El bajón de los precios de compra de vivienda en Barcelona (así como la tendencia a la baja de los tipos de interés) dieron un pequeño respiro a los compradores… para traspasarle la presión a los inquilinos. No es casualidad que, precisamente en nuestra ciudad nazca (2017) el Sindicat de Llogateres, que ha impulsado desde entonces una agenda que pone en el centro la limitación de los precios del alquiler en Barcelona. Su principal victoria fue la aprobación, el 9 de septiembre de 2020, de la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda por el Parlament de Catalunya. La propuesta, promovida por el Sindicato a través de una iniciativa legislativa popular, obtuvo los votos de ERC, Junts, Cataluña en Comú Podem y la CUP. Los socialistas votaron en contra de limitar los precios del alquiler; mientras que Junts estuvo a punto de aguar el texto enmendando precisamente esta cuestión. Por no olvidar.
Ha habido mucho debate (incluso académico) sobre los efectos de esta regulación de precios del alquiler sobre el mercado de vivienda barcelonesa. Mi experiencia -personal e intransferible- es positiva; la mayor parte de mis amigos y conocidos que viven en alquiler firmaron su contrato de arrendamiento durante esta etapa. Más allá de si esta percepción personal es cierta, lo que es evidente es que era necesario (y es necesario) limitar los precios de la vivienda si queremos que los barceloneses y barcelonesas podamos aspirar a vivir en la ciudad. Precisamente lo que buscaba la ley catalana.
Los expertos dicen que es necesario no dedicar más de un tercio de la renta mensual a la vivienda. Esta regla básica será cada vez más difícil de cumplir en Barcelona. Después de que en marzo de 2022 el Tribunal Constitucional declarara nulos los artículos de la ley catalana que limitaban los precios de los alquileres, los precios no han frenado su tendencia al alza –además acompañada por el impulso inflacionario de la dinámica económica global -. Esta vez, además, los tipos de interés están por las nubes y los precios de compra, lejos de mermar, sólo aumentan. Ni compra, ni alquiler, ni crédito a precios razonables. ¿Quién vivirá en Barcelona?
Tengo la sensación de que Barcelona -y los que la gobiernan- se han rendido y que han aceptado que nuestra ciudad es sólo para turistas y trabajadores a distancia de otros países que pueden pagar un alquiler de 1500 euros mensuales en el Distrito de Ciudad Vella–por poner un ejemplo-.
Es necesaria la audacia política que Colau no ha sabido encontrar durante dos mandatos consecutivos y el compromiso político que le faltan a socialistas y convergentes para poder, desde el Ayuntamiento de Barcelona pero también desde el resto de instituciones, ponerle límite a esta situación.
La pelota, de hecho, está en el tejado del gobierno español. Sólo a nivel estatal puede legislarse esta cuestión, según exponían los magistrados del Tribunal Constitucional en la sentencia. Sin embargo, el ejecutivo más progresista de la historia no se ha atrevido, pese a los tímidos intentos de Unidas Podemos, molestar a las grandes patronales de la vivienda. Una de ellas, por cierto, presidida por el ex alcalde socialista Joan Clos.
Catalunya Plural, 2024 
