La alarmante situación con la vivienda – tanto su pérdida, su mantenimiento o la dificultad de acceso – es algo que nos afecta a todas sin excepción. Cuesta de entender cómo algo tan vital para el desarrollo de nuestra sociedad, se ha convertido en un problema cronificado. Aunque cuesta más entender la naturalidad con que eso se asume y se desvirtúan las causas que nos han traído hasta aquí para resumirlo como una cuestión de pobres.
Preocupante ver como las propias personas que están pasando apuros para mantener su casa o las que ven cómo se les niega el poder crear sus proyectos de vida, se creen el relato impulsado por los entes capitalistas, financieros y políticos que usan la vivienda como arma arrojadiza para alimentar una guerra entre vecinos. Una guerra de clases, fácil de fomentar porque nos han educado a entender la vivienda como un objeto de éxito social, no como un derecho fundamental al que acceder y proteger. Nadie quiere sentirse pobre y fracasado, que es lo que culturalmente nos han inculcado a sentir ante situaciones ajenas a nuestra voluntad, como el perder el trabajo y con ello el estatus social acreditado por el pago de una hipoteca y un alquiler.
Millones de personas perdiendo su hogar en la última década no son motivos suficientes, ni para empatizar socialmente con amistades, familiares, conocidos o personas de nuestro entorno que lo están pasando realmente mal. “Mientras no me pase a mi”, sin ser conscientes o sin querer serlo, de que ya nos está pasando: cuando no revisan la hipoteca y nos suben 300 euros, cuando una renovación inasumible del alquiler nos obliga a mudarnos o cuando nuestras hijas e hijos siguen en casa con treinta años incapaces de independizarse. No es un problema exclusivo de gente empobrecida, de personas migradas con bajos recursos, es un problema de todas y cada una de nosotras.
Aún así, no hay voluntad política para resolver esto. No hay la valentía suficiente para enfrentarse a esos monstruos financieros, culpables directos de la situación, para hacerles parte responsable de la solución. Constantemente vemos pequeños avances convertidos en grandes retrocesos, y parche tras parche para callar bocas vendidos como panaceas.
Promesas incumplidas y compromisos políticos rotos son el pan nuestro de cada día. La falta de moralidad y de ética del sector más neoliberal, conservador y reaccionario, es abrumadora, su avance preocupante. Observamos como han dictado las premisas para que la vivienda esté en esta situación, al tiempo que boicotean cualquier propuesta o avance que pueda revertir la situación y que al mismo tiempo, en lugar de trabajar en políticas de vivienda adecuadas, usan la vivienda para hacer política. Un círculo perverso.
El último ejemplo claro lo tenemos con la Ley de vivienda, congelada y sin avanzar debido a la falta de intenciones del PSOE para incluir medidas reales para acabar con los desahucios, los alquileres sociales obligatorios, la regulación real de los alquileres o la movilización de la vivienda vacía, en manos de bancos y fondos de inversión, para aumentar el parque público de vivienda. Una inacción por parte del Gobierno que ya le ha costado a España la octava condena por parte de la ONU, por vulnerar el derecho a la vivienda.
Una de las excusas de esta paralización es usar el supuesto problema de competencias entre gobierno central y gobiernos autonómicos. Cuando algo no interesa es competencia autonómica, cuando a nivel autonómico se producen avances que no interesan, es el gobierno central, con el aval del Tribunal Constitucional, quien se carga dichos avances. Véase el ejemplo claro de la regulación de los alquileres en Cataluña o los ataques constantes a la leyes de vivienda catalanas, como la reciente 1/2022, en riesgo desde el primer día con el falso relato de ser “una ley que fomenta las ocupaciones”.
Una afirmación que solo se puede dar por ignorancia o por malas artes para proteger ciertos intereses económicos. Cierto es que la ley obliga a grandes propietarios de vivienda a ofrecer un alquiler social a familias que están ocupando por necesidad demostrada, tan cierto como que es una medida retroactiva que deja fuera las ocupaciones producidas desde agosto de 2021 en adelante. Solo este detalle ya desmonta la afirmación, siendo una medida pensada para dar respuesta a una consecuencia (las ocupaciones) provocada por el problema real: los precios abusivos y los desahucios sin alternativa.
El caso de Barcelona
Mientras el problema estructural no sea resuelto con una Ley de vivienda estatal, a pesar de la falta de recursos y de vivienda pública, la responsabilidad de resolución está recayendo a manos de los Ayuntamientos. Esto produce resultados variados dependiendo de las problemáticas locales o de la sensibilidad y voluntad de quien gobierne dependiendo el municipio. Un tema que da para analizar en profundidad, aunque esto sería una tarea no exenta de dificultades ya que lo más habitual es encontrarse con falta de información y datos opacos. Aunque siempre hay excepciones, como puede ser el caso de Barcelona ciudad.
Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público un mapa web donde detalla todas las actuaciones municipales en materia de vivienda durante el periodo 2019-2023.
Según los datos, en este periodo se han realizado 6.212 atenciones y mediaciones en procesos de desahucio. Lo que se echa de menos en este mapa es ver la resolución y las alternativas ofrecidas a dichas atenciones. ¿Cuántas se han resuelto con la aplicación de la 24/2015 vía alquiler social obligatorio? ¿Cuántos de estos desahucios han sido ejecutados dejando la alternativa directamente en manos del Ayuntamiento y que resolución han tenido? Pueden parecer preguntas irrelevantes, no lo son. Es un hecho consabido que acabar con los desahucios es una responsabilidad exclusiva del Gobierno central que no será posible sin una ley que lo dictamine y una reforma de La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Por el camino, los municipios no pueden más que lidiar con el problema, bien usando las herramientas disponibles, bien creando nuevas o ambas.
Desde finales de 2015, la ciudad de Barcelona cuenta con una unidad antidesahucios (SIPHO) que hace el papel de mediación entre los juzgados, la propiedad inmobiliaria y las familias afectadas. Por término medio, cada semana la unidad atiende entre 50 y 60 casos, y 9 de cada 10 consiguen suspenderse gracias a la actuación del servicio, conjuntamente con las convocatorias de los movimientos sociales. Desde que se puso en marcha, la SIPHO ha atendido a más de catorce mil familias, entre las cuales había más de diez mil menores, en un proceso tan vulnerable como la pérdida de la vivienda.
En febrero del año pasado, se duplicó el número de profesionales, la mayoría para estar a pie de calle. Recientemente, se ha anunciado un nuevo impulso al servicio, con la voluntad de que los y las profesionales del servicio dispongan de más tiempo y recursos para acompañar los casos y puedan tener conocimiento de ellos con más antelación y preparar mejor la respuesta, se triplicarán los recursos con un equipo jurídico propio y una inversión de cinco millones de euros en dos años. Las familias afectadas también dispondrán de un único profesional de referencia en todo el proceso. El pasado mes de enero, los World Habitat Awards, que organizan conjuntamente la ONG World Habitat y la agencia de Naciones Unidas ONU-Habitat y reconocen las buenas prácticas en materia de vivienda de todo el mundo desde hace 35 años, dieron reconocimiento a la labor de esta Unidad Antidesahucios.
Dicho esto, vuelvo a la relevancia de las preguntas planteadas, ya que si bien es fundamental la labor de mediación y la suspensión de los desahucios, no deja de ser eso: suspensión. Sin una solución habitacional firme, suspensión tras suspensión y una nueva fecha de lanzamiento tras otro, el sufrimiento de las familias persiste y el daño que genera la situación aumenta.
La solución habitacional para las familias desahuciadas, ahora mismo pasa por forzar la aplicación de las leyes catalanas: obligando a los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales, sancionando las viviendas vacías (según una investigación del diario El Critic, Barcelona cuenta con 1956 pisos vacíos) o expropiando dicha vivienda para su función social. Tres herramientas que no se fuerzan con la celeridad que exige la emergencia habitacional porque implican atacar directamente los intereses de dichos propietarios.
Es fundamental la ampliación del parque público de vivienda. En este sentido, el mapa web del Ayuntamiento de Barcelona, permite cuantificar la ampliación de dicho parque en la ciudad, que según los datos se ha incrementado en 8.660 pisos, sobretodo en Sant Martí (1.858), Sant Andreu (1.622) i Sants-Montjuïc (1.410). Fuentes del Ayuntamiento afirman que “en 2015, en la ciudad había un parque público de 7.500 viviendas, a finales del 2022 era con 11.600, el parque público más grande del Estado. Actualmente, hay 2.000 pisos más en obras y 2.000 más previstas a corto plazo, por lo tanto, el 2025 habremos doblado el parque de vivienda pública que nos encontramos el 2015.”
El dato, que recoge tanto el impulso del formato Aprop y la construcción industrial para acelerar los tiempos de finalización de obra a la par que sustenta un tipo de vivienda más sostenible, como la adquisición de edificios y pisos sueltos, sumado al impulso de vivienda cooperativa, es bueno en el momento de poder tener un parque más elevado de vivienda asequible. También es insuficiente si tenemos en cuenta que en el periodo 2015/2022 en Barcelona se han producido más 15.000 lanzamientos de desahucio y actualmente la lista de espera para adquirir un piso de la mesa de emergencia cuenta con 745 solicitudes pendientes de resolución.
Aún así, la apuesta por políticas de vivienda sociales es clara y el resultado beneficioso en el momento de reducir algunas de las problemáticas más acuciantes para las vecinas y vecinos de la ciudad, como es el caso de las ocupaciones. En un informe basado en los datos de los Mossos d’Esquadra, se confirma la tendencia a la baja de las ocupaciones respecto a los años 2019, 2020 y 2021. En concreto, en 2022, han bajado un 18,5% respecto al 2019.
Este descenso de las denuncias por ocupación en la ciudad de Barcelona, permite poder afirmar que a mayor inversión en políticas de vivienda, menos ocupaciones se producen al permitir que un mayor número de personas puedan acceder a un techo.
Catalunya Plural, 2024 
