Ada Colau ha sido la alcaldesa de Barcelona en los últimos ocho años, y ahora, como candidata de Barcelona en Comú, quiere volver a ganar parar gobernar en el que sería su tercer mandato consecutivo. A poco menos de dos meses para las elecciones electorales por la Alcaldía de Barcelona, y antes de iniciarse oficialmente la campaña, las encuestas apuntan a un triple empate entre Xavier Trias (Junts por Catalunya), Jaume Collboni (PSC) y Ada Colau (BComú).
Hablamos en su despacho a lo largo de una hora sobre algunos de los principales retos que afronta la Barcelona, como son la educación, la vivienda, el medio ambiente o la salud mental, pero también de los posibles pactos electorales, pues parece evidente ningún candidato ni candidata tendrá la mayoría suficiente para gobernar en solitario. En relación a los posibles pactos electorales la alcaldesa afirma —en alusión al PSC y ERC— que “una ciudad de izquierdas necesita pactos de izquierdas”. Preguntada sobre el modelo de la ciudad que se ha ido impulsando, Colau considera que la “transformación de Barcelona ya está en marcha”, pero que es necesario “consolidar” estos cambios. Tampoco duda en apoyar el proyecto político “Sumar” liderado por la actual ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien considera que “combina mejor que nadie la capacidad de diálogo y de consenso con los resultados concretos de una política útil”.
Esta entrevista forma parte de una serie de entrevistas a los distintos candidatos y candidatos a la alcaldía. Puede consultar aquí la entrevista con el candidato de ERC Ernest Maragall, y aquí la entrevista a la candidata de la CUP, Basharat Changuerra.
En caso de que fuera elegida para realizar un tercer mandato, ¿cuál sería la primera de las prioridades que no ha podido cumplir en los dos primeros mandatos?
La prioridad máxima y la motivación para presentarme a un tercer mandato es consolidar el cambio que hemos impulsado y que es visible para todos. Y esto significar continuar con las políticas de viviendas, de transformación urbana… Pero si me pides que diga sola una, yo lo que diría es consolidar la prioridad de las escuelas en la ciudad. En este mandato he venido convenciéndome de la importancia de las escuelas, y creo que debemos tratarlas como auténticas capitales de barrio que deben ser las protagonistas del tercer mandato. Ya hemos aumentado mucho la inversión, pero debemos aumentarla aún más y reorganizar la forma en como la administración se relaciona con las escuelas. Porque las escuelas ahora mismo están haciendo una de las cosas más importantes del mundo y de la ciudad, que es acompañar a crecer y educar a los niños en un momento de alta complejidad.
Si hablamos de visión de ciudad, ¿cómo imagina Barcelona a veinte años vista?
Yo me imagino una Barcelona donde los vecinos y las vecinas se sentirían orgullosos del cambio y la transformación que hemos empezado estos años y que esto sé plasmaría en todos los barrios. En todos los barrios habría más espacio para peatones y menos espacios para coches, básicamente que las personas sean las protagonistas del diseño del espacio público, en toda su diversidad, en todas las edades, para niños, para personas mayores, en términos de accesibilidad, y que sea 100% accesible a la diversidad funcional. Una Barcelona también fuerte con los valores progresistas, un referente internacional y muy orgullosa de su diversidad feminista y antirracista. Pero también un referente por su diversificación económica, algo que me parece fundamental.
Aparte de ser la alcaldesa de Barcelona es la presidenta del área metropolitana de Barcelona, una zona de más de 3 millones de habitantes y que, si la extendemos en los límites de lo que se entiende por “región metropolitana”, excede los cinco millones de habitantes. ¿Cuál cree que debe ser el rumbo de esta “supraentidad”?
Yo creo que la ciudad real ya es la ciudad metropolitana, por tanto, no es un debate, es una realidad. Y la cuestión es tener una gobernanza que se adapte y esté al servicio de esa ciudad metropolitana y de sus vecinos y vecinas. Hoy estamos a medio camino, porque Jordi Pujol tenía miedo de Pasqual Maragall y de su autoridad, y se cargó el proyecto de área metropolitana. Aquello fue un retroceso.
Ahora hace tres mandatos que se recuperó el área metropolitana por ley, pero se recuperó un área metropolitana debilitada, porque siempre ha habido un poco este fantasma: el miedo del gobierno de la Generalitat de que un área metropolitana fuerte podría ser un contrapoder político. Yo creo que esto es un error porque beneficiará al Govern y beneficiará a Catalunya.
¿En qué punto nos encontramos con este debate?
Éste ahora mismo es un debate a medias. Nosotros hemos encontrado un área metropolitana que básicamente gestionaba servicios como el de la movilidad. La movilidad ya metropolitana no es una opinión, es un hecho. El metro conecta distintos municipios, los autobuses también. Debemos también hacer que la bicicleta sea metropolitana, porque la movilidad es metropolitana y cada vez hay más gente que vive en un municipio, trabaja en otro y sale de ocio o tiene familiares en un tercer o cuarto municipio. Pero más allá de la gestión de servicios, creo que el área metropolitana debe ser más proactiva al construir las políticas metropolitanas que se necesitan.
Parte del razonamiento de la desaparición del coche de la ciudad viene justificado por los elevados niveles de contaminación que sufre la ciudad de Barcelona, pero según el informe presentado el año pasado (2022) por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, afirma que, a pesar de haberse reducido respecto a años anteriores, la contaminación en determinados barrios todavía se encuentra en niveles superiores a los recomendados. ¿Qué se debería hacer que todavía no se haya hecho al respecto?
La bajada que hemos tenido nosotros de contaminación en estos años, después de la post-pandemia desde el año 2015, es del 30%. No es un dato menor. Que todavía tenemos que reducir más, eso sí. Y, sobre todo, por una estación que es la del Eixample, donde viven muchísimas personas y, por tanto, debe ser de máxima preocupación para la ciudad. Pero nuestros informes científicos y de las agencias del público demuestran que el conjunto de todas las medidas, como por ejemplo reducir el precio del transporte público, duplicar los carriles bici, o la zona de bajas emisiones, ha tenido un impacto importante y ha reducido un 30% las partículas más nocivas.
Es nuestra máxima prioridad seguir insistiendo en estas políticas que cada vez más deben ir reduciendo la presencia del coche, no sólo para conseguir un aire respirable y saludable, sino también para ganar calidad de vida y espacios de sociabilidad y dar protagonismo a los peatones, que al final son la mayoría de los desplazamientos. Es una cuestión de salud, pero es también una cuestión de justicia espacial, porque no puede ser que el coche que es el 20 y pico de los desplazamientos ocupe el 60% del espacio público.
Sobre el modelo turístico de la ciudad: la tasa turística sube a principios de abril y pasará de cuatro a cinco euros por persona. ¿A qué obedece esta acción, a unos fines disuasorios o recaudatorios? ¿qué esperan hacer con estos ingresos “extras” gestionados?
Aquí existe un debate más de fondo porque más allá de la cantidad, y es quién gestiona y con qué criterios se fija esta tasa turística. Dependemos de una ley catalana, y si bien entiendo que haya una ley catalana que lo regule —porque el turismo llega todo a Cataluña—, el volumen de turismo que tenemos en la ciudad de Barcelona requiere una tasa que nosotros creemos que debe ser gestionada directamente por la ciudad, y ahí es donde tenemos una diferencia con la Generalitat.
En estos años hemos avanzado en las conversaciones con Generalitat sobre qué parte de la tasa gestionábamos nosotros, y hemos aumentado la cantidad de la tasa que nos devuelve; pero esto no es suficiente, porque los criterios sobre cómo destinamos estas tasa están fijados por una ley catalana. Entonces, dentro de estos criterios que fija la ley catalana, que en un principio estaba pensada en un momento distinto al actual para promocionar el turismo, te limita los usos que le das.
¿Cómo la harían, pues, de disponer de total capacidad legislativa?
Nosotros en Barcelona priorizaríamos mucho más que la tasa turística fuese a dirigida a cubrir externalidades negativas, como en seguridad y limpieza, y sobre todo en el centro de la ciudad en barrios como Ciutat Vella. Queremos la soberanía total sobre la gestión de esta tasa y poder destinar efectivamente a las externalidades negativas que pueda generar la masificación turística.
Otro tema vinculado con el turismo es el de las licencias de apertura de nuevas terrazas. Según la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) en 2022 se amplió con 2.284 el número de licencias respecto al año 2019. ¿Es compatible el discurso que apela a la reducción del turismo de masas, mientras se incrementan el número de licencias de terrazas que implícitamente lo fomentan?
Pues mantengo ese discurso, porque, por ejemplo, el crecimiento de terrazas no se ha producido en Ciutat Vella. En Ciutat Vella prácticamente no se ha autorizado ninguna terraza nueva, porque somos muy conscientes de que existe un espacio público saturado. Y, por el contrario, lo que hemos hecho es comprar locales para que haya comercio de proximidad, comprar edificios para hacer más vivienda pública para que haya más vecinos. Ésta ha sido nuestra política en Ciutat Vella. En cambio, hay lugares de Horta y de Nou Barris que es maravilloso que pueda haber más bares y que pueda haber más terrazas porque dan vida a las calles, dan seguridad a los vecinos y vecinas porque hay más actividad. Por tanto, hay barrios muy diferentes que no se pueden comparar. Y yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido éste, que ha sido muy quirúrgico.
El Tribunal Constitucional tumbó en marzo y abril de 2022 la ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, que regulaba el precio de los alquileres. Ahora estamos a la espera de la aprobación de una nueva ley de estatal que, por ahora, no llega. En el hipotético caso de que no saliera adelante esta ley, ¿qué es lo que se puede hacer para proteger a las inquilinas del incremento abusivo de los precios?
Es lamentable que exista una guerra judicial contra las medidas por el derecho a la vivienda, porque debería ser al revés. A mí me gustaría tener unos tribunales que respetaran el derecho a la vivienda recogida en la Constitución y en el Estatut de Catalunya. Realmente fue una pena vez cuando se echó atrás la ley catalana, porque funcionaba.
Lo que hemos hecho es crear una unidad para frenar desahucios y encontrar alternativas al desalojo policial. Hemos hecho alojamientos de construcción industrial, como son los bloques nuevos que han recibido premios al reciclar contenedores para generar viviendas más que dignas en tiempos mucho más rápido que la construcción tradicional. Somos la ciudad con el mayor parque público construido de todo el Estado en sólo estos ocho años; viviendas que ahora ya nunca más se hará en propiedad privada, puesto que serán de alquiler social o cooperativo para evitar que nunca más se privatice el parque público.
Foment de Treball ha criticado una de las medidas del consistorio en relación a la vivienda, como es la obligación de que las nuevas promociones inmobiliarios privadas que actúen en Barcelona destinen un 30% de las viviendas al parque público. Argumentan que esta política lo que acaba haciendo es desincentivar la iniciativa privada y que esto acaba impactando en el número total de viviendas construidas, que se ve reducida. ¿Qué me diría de esa crítica?
Si me menciona a Foment digamos que sonrío, porque diría que es el principal opositor que tenemos en la ciudad. Es raro que una asociación que debería ser empresarial y económica haga tanto el papel de opositor político, que casi los animaría a hacer un partido político y presentarse a las elecciones porque están en contra de todo lo que hacemos. Están en contra de sacar los coches de la ciudad, están en contra de la política de vivienda que hacemos, están en contra de que planteemos el debate municipal de municipalizar el agua. No es una novedad que Foment del Treball critique nuestras políticas, que en realidad se están demostrando buenas por la economía, porque me gustaría recordar que el paro está en las posiciones más bajas de los últimos quince años. Se está creando empleo, la economía está funcionando. Lo que ocurre es que estamos cambiando las prioridades.
Entonces, la medida en cuestión…
La medida del 30% —impulsada por las entidades sociales—, cuando la aprobamos ya se estaba haciendo en Londres, en París y muchos otros lugares, y nosotros lo estudiamos antes de hacerlo. Recuerdo perfectamente cuando fuimos a Londres y hablé con su alcalde y su concejal de vivienda, y el concejal de vivienda me dijo que pasaría exactamente eso que está pasando: “en principio te dirán que se detendrá actividad y que será imposible llevarlo a la práctica, pero aguantad porque luego funcionará perfectamente como está funcionando en Londres, que estamos haciendo muchísimas promociones con el 30%”. Y efectivamente, pasaron ambas cosas.
Primero, que cuando se aprobó, por la presión del sector inmobiliario, no nos dejaron realizar la moratoria de licencias al inicio de la tramitación. Esto hace que muchas, de hecho, cientos de pujas, entraron sin el 30%. Es ahora cuando empieza a aplicarse. Sin embargo, ya tenemos 120 pisos que hemos sumado de protegidos gracias a esta medida.
Luego hay otra cosa, y es que hemos detectado que algunos espabilados pretendían estafarnos y no nos han declarado las viviendas que han hecho. Las hemos detectado, las sancionaremos y las forzaremos a cumplir con la normativa, evidentemente. Y aparte de eso, creo que es cuestión de tiempo que todos acabarán haciendo el 30%, porque igualmente les sale a cuenta. No es una medida económica. Lo que ocurre es que nosotros estamos diciendo que debe cambiar la cultura inmobiliaria de la ciudad. Bienvenida a la iniciativa privada, pero no la iniciativa del pelotazo y especulación. Son cosas distintas. La vivienda es un bien de primera necesidad.
En esa línea que comentaba, uno de los problemas detectados es el de la existencia de inmuebles vacíos o desempleados de larga duración, que, como apuntó el medio Crític, se sitúan en casi los dos mil. Unos inmuebles que a menudo forman parte de grandes instituciones bancarias y que se quedan fuera del mercado del alquiler. ¿Hasta qué punto la iniciativa legislativa o los reglamentos impulsados en la dirección de terminar con este problema están funcionando?
Nosotros hemos realizado diversas iniciativas. Algunas las han parado los tribunales. Al principio intentamos poner sanciones a los pisos vacíos y los tribunales nos lo detuvieron, pero no vamos a dejar de luchar y buscar soluciones. El nivel de pisos vacíos en la ciudad de Barcelona es bajo. Esto no significa que no tengamos problemas con los pisos vacíos, que los necesitamos todos para alquiler, y que se han convertido en un problema de seguridad. Ésta es, de hecho, la primera causa de denuncias.
En el Raval hemos tenido un problema de “narcopisos” pertenecientes a fondos buitres y entidades financieras que no quieren utilizar estos pisos porque son activos financieros y no viviendas. Esto ha permitido que mafias de traficantes utilicen estos pisos. Somos los primeros que nos implicamos a nivel policial con Mossos d’Esquadra para investigar y facilitar que el juez pudiera intervenir, y hemos intervenido hablando con las entidades financieras diciéndoles que haríamos todo lo posible para que estos pisos pasaran al alquiler social. Hemos aumentado la bolsa de alquiler que gestionan las oficinas de vivienda de alquiler privado, ofreciendo a los pequeños propietarios seguros y ayudas a la rehabilitación de fondos perdido a cambio de que pusieran alquileres más asequibles.
…
Con el pequeño propietario hemos realizado medidas proactivas de ayudas que funcionan para movilizar estos pisos vacíos hacia el alquiler asequible. Con los mayores necesitamos que la legislación cambie. Es una vergüenza que España haya habido alfombra roja a la especulación, y eso a día de hoy sigue así. Es alucinante que los pequeños empresarios o cooperativas o gente que quiere hacer rehabilitación pague un IVA y pague unos impuestos, y que grandes fondos buitres que compran edificios para alquiler paguen cero impuestos. O que exista la Golden Visa. Es una vergüenza inmoral con la que se debe acabar. Esto forma parte del ámbito estatal y ya estamos batallándolo. Será prioridad para nosotros y hemos dicho que no votaremos una ley que sea “fake”. La ley que se apruebe ahora está validada por los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que llevan años luchando para que cambie las reglas del juego y la relación con el poder inmobiliario, que hasta ahora nadie le ha puesto límites.
Hay también otro obstáculo que tenemos ahora, que es paradójico dada la proximidad de las elecciones municipales, y es que aparezca un exalcalde socialista como portavoz de estos grandes inmobiliarios especuladores para intentar detener la ley. Hay cosas que no pensaba que vería. Supongo que es un signo de los tiempos, de la fuerza que tiene la especulación a nivel global. Pero con más fuerza que nunca debemos oponernos a estos especuladores y defender la gente.
Hablamos de educación, puesto que antes me ha comentado que lo considera una cuestión de primer orden. Usted defiende que las políticas públicas pongan la educación en el centro, entendiendo a la escuela como parte esencial del barrio y la comunidad: ¿Cómo se hace esto?
Nosotros en este mandato hemos aumentado la inversión, porque sin presupuestos no se mejoran las cosas. Cuando dices que quieres priorizar lo demuestras con dinero. Antes la vivienda no era una prioridad porque no había presupuestos, ahora hay presupuestos para realizar vivienda en Barcelona. La Educación de Barcelona se aplica ya sobre los niños, especialmente en barrios más vulnerables, que es donde más necesaria es la escuela pública.
Hemos aumentado mucho la inversión en el mantenimiento de las escuelas y hemos mejorado sobre todo aquéllas que más lo necesitaban. A parte de aumentar la inversión en el mantenimiento, hemos aumentado mucho la oferta pública, que es un tema pendiente en la ciudad de Barcelona. Hemos creado doce guarderías nuevas y estamos volviendo a la pública lo que empezó a privatizar Trias, porque nos dejó tres guarderías en proceso de privatización. Volvimos a la pública estas tres y hemos hecho doce nuevas. Hemos creado mil plazas nuevas de cuna, y hemos hecho tres centros públicos en estos dos mandatos, que era uno de los retos principales para que pudiera aumentar la demanda de la pública, incluso con una estrategia nueva que hemos impulsado conjuntamente con la Generalitat de pasar concertadas a públicas.
Aparte de mejorar físicamente las escuelas, hemos puesto profesionales emocionales y sociales que han podido acompañar a los niños y niñas con sus dificultades con temas de salud mental, y los y las maestros han podido hacer su trabajo de educadoras.
¿Es suficiente el aumento de guarderías para cubrir la demanda de plazas para el próximo curso?
En total, en estos dos mandatos hemos realizado mil plazas nuevas. Y hay que seguir haciendo más, porque tenemos que conseguir que haya suficiente oferta por toda la demanda que existe, pues todavía no llegamos a cubrirla toda. Por tanto, debemos seguir el ritmo de construcción, y hacer el parque de guarderías municipales más grandes de todo el Estado. Ninguna otra ciudad ha hecho la apuesta que ha hecho Barcelona, pero todavía tenemos que hacer más.
Vivimos en el auge de los problemas de salud mental. No es un problema nuevo, pero sí tiene un incremento inaudito y sobre todo centrado en los más jóvenes. ¿Qué tipo de acompañamiento y apoyo se puede realizar desde el Ayuntamiento que, en esta legislatura, no se haya podido hacer?
Estoy muy orgullosa de que antes de la pandemia fuimos pioneras gracias al excelente trabajo de la concejala Gemma Tarafa, que ha llevado a la concejalía de Salud.
Fuimos pioneras como ciudad al realizar el primer plan de salud mental de la ciudad. Nadie lo había hecho, ninguna ciudad ha hecho un plan de salud mental, porque en teoría no era nuestra competencia ya que es competencia autonómica. Pero detectando que era un tema en aumento antes de la pandemia, realizamos un plan de salud mental en red con las entidades que ya trabajaban en el campo. Esto nos permitió realizar el primer teléfono de prevención del suicidio, rompiendo el tabú con este tema, y lo que nos encontramos es que hemos atendido sobre todo llamadas de fuera de Barcelona. Esto forzó un poco a la Generalitat a abrir el teléfono y a darse cuenta de que ellos debían cubrir esta demanda porque realmente era una necesidad, y, desgraciadamente, una necesidad que va en aumento.
El sistema público de salud de Cataluña es el que debe cubrir de forma adecuada las necesidades en materia de salud mental, porque lo que no puede ser es que el Ayuntamiento haga más de lo que le toca a la Generalitat.
Le pregunto sobre un término que, desgraciadamente, se está popularizando: el “lawfare”. A usted ya le han presentado unas doce querellas, once de las cuales ya están archivadas. Querellas que provienen de los lobbies del automóvil, del agua y de empresas inmobiliarias y que, al menos hasta la fecha, se archivan sistemáticamente. La pregunta es más a nivel personal, es decir: ¿se acostumbra a que el hecho de participar como parte acusada en juicios forme parte “normal” de su actividad política?
No me da miedo. En términos personales no he vivido en ningún momento con miedo que fondos buitres o que esto del sector de la desregulación de la movilidad, —como puede ser Uber—, o que la compañía privada de aguas, que ha sido una de las que más beligerantes ha estado con nosotros con la guerra judicial, me denuncien. A mí me ha motivado para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Había determinadas élites que nunca nadie les había parado en los pies. Estoy orgullosa, nosotros hemos venido a hacer esto, a defender el bien común y a pararle a los pies a aquellos que estaban acostumbrados a los abusos de poder y a los privilegios.
Un par de preguntas sobre pactos electorales, porque viendo las encuestas parece que van a ser inevitablemente necesarios. ¿Con quién estaría dispuesta y con quien no estaría dispuesta a pactar o llegar a algún tipo de acuerdo?
Pues pactos de gobiernos de izquierdas es lo que necesita una ciudad de izquierdas y, por tanto, nosotros lo que tenemos muy claro es que, al igual que hemos hecho estos ocho años, buscaremos acuerdos de izquierdas, lo más amplios posible, para que exista estabilidad y poder seguir con la transformación que está en marcha. Para hacer esto, sí quiero destacar que es relevante quien ocupa la alcaldía y, en este sentido, yo me presento para liderar nuevamente la alcaldía en un gobierno progresista, porque quien lidera la alcaldía fija las prioridades y el tono del mandato. Y todos sabemos que no es lo mismo un PSC como socio minoritario que como socio mayoritario.
El PSC ha apoyado las transformaciones de todo este mandato y yo estoy contenta de cómo ha funcionado, aunque hayamos tenido discrepancias. Pero es evidente que se han atrevido a hacer cosas que no hubieran hecho si no fuera porque nosotros liderábamos desde la alcaldía. La Avenida Meridiana estaba reclamando desde hacía décadas que la pacificaran y el PSC había gobernado y nunca se había atrevido a que la Avenida Meridiana dejara de ser una autopista. Y, como este ejemplo, cerrar miles de apartamentos turísticos ilegales, enfrentarse a los fondos buitres…Eso no lo había hecho antes del PSC, pero sí que lo ha hecho siendo socio minoritario de un gobierno progresista liderado por nosotros. Y con ERC creo que ocurre lo mismo.
¿Cree que ERC tienda hacia la derecha?
ERC, cuando ha liderado, ha mirado más hacia Junts per Catalunya. Yo creo que cuando nosotros lideramos, ERC también ha hecho posicionamientos más de izquierda y, de hecho, estoy contenta y agradecida. Creo que la relación con ERC ha mejorado a lo largo de todo el mandato, ha sido un socio estable con el que hemos aprobado la conexión del tranvía, las grandes transformaciones de la ciudad, los cuatro presupuestos… Y, por tanto, creo que para hacer que ERC y PSC miren más hacia la izquierda y no hacia la derecha, es importante que nosotros lideremos la alcaldía.
Ha comentado la importancia de quedar por delante de ERC y PSC: ¿cuál es su compromiso en la alcaldía en caso de que no pueda ser alcaldesa en la siguiente legislatura?
Yo me presento para ser alcaldesa y para ganar las elecciones. Y, aparte, soy optimista, porque tenemos un modelo de ciudad y porque la transformación es ya muy visible y tenemos muchos proyectos en marcha. No veo que haya otro partido que tenga un modelo alternativo, exceptuando a Trias, que claramente dice que se presenta para desmontar todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que las próximas elecciones lo que se decide principalmente es si sigue el cambio y la transformación de la ciudad de Barcelona, o si se detiene y volvemos atrás.
También me ha sorprendido que Collboni haya salido del gobierno y se haya sumado un poco a la propuesta de Trias. Para mantener la transformación y acelerar el cambio de la ciudad creo que es necesario que nos presentemos para ganar y liderar desde la alcaldía un gobierno progresista.
La última: Yolanda Díaz presentará su proyecto político “Sumar” en los próximos días. Usted le ha mostrado su apoyo en distintos actos públicos. ¿Entiendo que este apoyo continuará cuando este nuevo espacio político se consolide?
Yo creo que en coherencia con lo que hemos hecho en Barcelona y en Cataluña, donde hemos trabajado siempre para sumar, — no le hemos llamado “sumar” sino “en común”, — pero compartimos la misma filosofía, que es trabajar por objetivos y sumar el máximo de gente posible. Gente que venga de la política, gente que no venga de la política, gente que venga de largas tradiciones como la del PSUC, y desde la diversidad, que se sumen para realizar proyectos amplios que puedan transformar. Porque yo creo que estamos en un momento cumbre donde no se trata de entrar en la administración para ser testimonial: se trata de hacer el máximo esfuerzo para sumar al gobierno progresista, —que debe ser coalición porque nadie tiene mayorías absolutas—, y, poca broma, detener la derecha y la extrema derecha, que ya están las instituciones.
Aparte de esto hace falta generosidad, hace falta mucho diálogo. Yo creo que debemos tener este tipo de liderazgo que combina la capacidad de diálogo y de consenso, pero también los resultados concretos de una política útil que le pare los pies a la extrema derecha subiendo el salario mínimo, cambiando la reforma laboral del PP y logrando montón de contratos indefinidos, o, recientemente, aumentando las pensiones más bajas. Este tipo de política son las que se necesitan para detener a la extrema derecha, y creo que ella lo hace mejor que nadie.
Catalunya Plural, 2024 
