“España va bien”, seguro que recordamos el eslogan que imperó durante los ocho años de legislaturas con los populares de Aznar al frente (1996- 2004) en plena fiesta inmobiliaria. Mirando la vista atrás, aunque pudiésemos tener dudas sobre dicha afirmación, había motivos más que suficientes para ello, la realidad es que el meme caló y nos lo creímos.
Con la llegada del gobierno de Zapatero, empezó a caer la credibilidad sobre ese falso estado de bienestar, la clase trabajadora empezábamos a sufrir y aún así los socialistas pretendían inculcarnos un nuevo meme: «España no va bien, sino aún mejor que antes. Esto es bienestar, esto es lucha contra la pobreza relativa», aseguraba orgulloso el presidente, mientras el paro subía y subía hasta llegar, en 2011, a tasas superiores al 22% de la población. En 2012-2013, ya con Rajoy al frente seguiría subiendo hasta rozar el 26%. La verdad estaba en la calle con más de un millón y medio de viviendas con todos sus miembros activos sin trabajo, muchos sin ningún tipo de prestación ni paro. Mientras el gobierno preguntaba ‘’¿quién dijo crisis?’’, entre 2007 y 2013, se lanzaron más de medio millón de ejecuciones hipotecarias. Una cifra que no dejará de crecer hasta superar las ochocientas mil en 2022, año en el que se ha puesto la semilla para que empiecen a remontar de nuevo.
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Según las cifras recogidas en el último informe del Consejo General del Poder Judicial, la cifra total de desahucios en 2022 ha sido de 38.266, lo que viene siendo una media de 177 desahucios. A pesar del leve descenso respecto al año anterior, siguen siendo más de treinta y ocho mil muestras de la ineficacia de la moratoria de desahucios, existente a raíz de la pandemia y prorrogada hasta julio de este año. Con esto, hay que tener en cuenta que casi el 22% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística. Siendo este último dato sobre estudios realizados durante el año 2021 y tomando en consideración que a día de hoy el coste de la vida está por las nubes, la situación está lejos de minimizarse.
De la totalidad de los desahucios, destacar que Cataluña sigue siendo el territorio que lidera el ranking de la vergüenza.
Un dato preocupante es el aumento de las nuevas ejecuciones hipotecarias registradas (27.874). Con las actuales subidas desorbitadas del euribor y los escasos mecanismos para evitar que las familias hipotecadas sigan perdiendo sus hogares, el futuro no pinta bien.
Un dato que suele pasar desapercibido, interesa fomentar una falsa alarma social para cuidar los intereses de grandes inversores y empresas de alarmas, es el descenso de los juicios verbales por ocupación de viviendas. Un 20% menos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia a la baja que desmonta todo el discurso patrocinado por la derecha y los gobiernos socialistas.
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¿Quién desahucia en Barcelona?
Desgranados los datos globales, el 67% de los desahucios producidos en Catalunya se concentran en la ciudad de Barcelona. A pesar de la importancia de disponer de un análisis lo más real posible de los desahucios, los datos oficiales publicados son insuficientes. La carencia de información y transparencia en este ámbito no es una coincidencia, más bien tiende a esconder el papel que juegan las entidades financieras y los fondos de inversión, operadores privados ya de por sí opacos. Por esta razón, a través del uso de datos cuantitativos de informes hechos los últimos años por diferentes organizaciones, un informe del Observatori DESC intenta hacer un diagnóstico del mercado inmobiliario de Barcelona para poder mostrar quién desahucia a las vecinas de la capital catalana.
Las conclusiones del trabajo, apuntan un creciente protagonismo de los grandes propietarios y de los “fondos buitres”, subrayan la importancia de emplear fuentes alternativas de datos, la necesidad de disponer de mejores datos desglosados sobre la estructura de la propiedad y de tomar medidas para hacer frente a esta grave vulneración de derechos humanos.
Con 55.325 personas (el 3,3% de la población de la ciudad) expulsadas de su casa por orden judicial desde 2013 hasta 2021. Las cifras, que coinciden con las del propio Ayuntamiento, muestran una media anual de 1.920 unidades familiares en riesgo de desahucio atendidas con una cobertura de la intervención pública del 86% de los desalojos practicados, a través del Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) y las Oficinas de Vivienda.
La investigación desgrana qué empresas son las que los han impulsado. Blackstone, a través de su empresa Budmac Investments, es el responsable del 11,8% de los desahucios, seguido por la Sareb con un 11,3%. Les sigue Cerberus con un 7,3%. Si Blackstone fue quien adquirió en 2015 un paquete de 102.055 préstamos provenientes de Catalunya Caixa, Cerberus actúa a través de Divarian,- también de Promontoria Coliseum Real Estate, SL y Promontoria Coliseum Residential, SL- una sociedad creada por el BBVA con el objetivo de agrupar la mayor parte de sus hipotecas impagadas, al tiempo que también se hizo con el paquete adquirido previamente por el Banco Sabadell de la extinta Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM). En el cuarto lugar encontramos Lone Star, con 2,94%. También hay demandas de desahucio promovidas por CaixaBank que se pueden referir a bienes comprados por Lone Star, la entidad financiera que articuló esta otra operación -similar a las ya descritas- y reteniendo el 20% de la nueva sociedad titular de las viviendas, provenientes de entidades rescatadas que el Estado adjudicó en CaixaBank. Las sociedades instrumentales son BuildingCenter, SA y Coral Hombres.
Por último, resulta ilustrativo el rol de algunas inmobiliarias que buscan grandes beneficios a través del turismo y que, según el Registro de datos de referencia, son mayoritariamente propiedad de inversores locales. La SOCIMI Optimum o la inmobiliaria Norvet aparecen como responsables de desahucios en la ciudad, usando una operativa diferente a los fondos de inversión, centrada en este caso al comprar y reformar edificios a medida que expulsan los locatarios tradicionales, favorecidas por la legislación en materia de arrendamientos y la revalorización producida a través de los procesos de turistización y gentrificación. Inversores locales y globales se pueden conectar en sus estrategias: por ejemplo, los propietarios de Optimum vendieron la sociedad a Cerberus.
La apropiación de las viviendas por parte de fondos de inversión se hizo gracias a las vulneraciones de derechos de las personas deudoras, como es el caso del derecho a retracto del deudor durante el proceso legal. El hecho que los bancos todavía sigan figurando como demandantes de desahucio tiene como objetivo evitar el derecho de retracto del deudor, que viene recogido en el Código Civil, además de evitar iniciar un nuevo procedimiento de desahucio.
De este modo, los bancos y los fondos de inversión utilizan subterfugios para evitar informar el deudor, puesto que la banca vendió los créditos hipotecarios a precios extremadamente bajos en paquetes que agrupan miles de hipotecas, evitando demorar más tiempo y recursos con nuevos procedimientos, que serían preceptivos al cambiar la propiedad del demandante.
Estas triquiñuelas generan un problema procesal al fondo buitre que compró el crédito, ya que cuando se tenga que promover un desahucio, el juzgado podría estimar que el fondo no tenía legitimación para plantear la demanda. Por este motivo suelen aparecer los bancos que vendieron los créditos como promotores de desahucios, aunque el titular real de la deuda sea un fondo oportunista. Es muy probable que el peso de los fondos como desahuciadores sea más grande que el expresado en las estadísticas y que el de los bancos sea menor.
Los grandes propietarios tienen un peso más significativo en los barrios más céntricos y no hay ningún barrio sin patrimonio de este tipo de propietario. Hay que destacar que en 15 barrios los grandes tenedores privados concentran más del 20% de las viviendas, mientras que tan solo en 4 barrios las administraciones tienen más del 20% del parque. Una tendencia que muestra el rol cada vez mayor de estos grandes operadores privados en el mercado de la vivienda así como una paradoja respecto a la insuficiente presencia pública. Teniendo en cuenta que más del 80% de los desahucios son de alquiler, es un porcentaje proporcionalmente elevado teniendo en cuenta que estos operadores controlan más de la décima parte del parque total de la ciudad y la vigésima parte de las viviendas en alquiler de la ciudad.
El informe en sus conclusiones, remarca que la necesidad de una mayor investigación sobre los niveles de agregación o caracterización más específicos que el contraste entre grandes y pequeños tenedores, teniendo en cuenta la evolución de la estructura societaria en la propiedad en la ciudad, así como que los “particulares” o las “inmobiliarias” suman el 46% de los desahucios en la ciudad, o los “pequeños tenedores” el 40,2%. Algunas investigaciones apuntan la tendencia hacia una polarización en el acceso a la propiedad, donde aumentarían tanto los hogares sin propiedades, como las que tienen tres o más, siendo esta un componente cada vez más significativo de la desigualdad de riqueza.
Teniendo en cuenta que gran parte de los fondos de inversión internacionales son de naturaleza extractivista y que no tienen la intención de acontecer inmobiliarias a largo plazo, sino obtener el beneficio más grande en el mínimo de tiempo posible, es importante emprender más investigación sobre estos operadores globales, y con visión comparada, para poder conectar como actúan en cada territorio y sector.