El accidente en la mina de Súria, donde tres geólogos perdieron la vida, ha vuelto a abrir el debate de la seguridad laboral. El pasado 9 de marzo minutos antes de las nueve de la mañana, los equipos de emergencias recibían un aviso por un desprendimiento en la mina de Súria donde dos estudiantes de la UPC y un trabajador perdieron la vida a 900 metros de profundidad.
La mina de Súria, propiedad de ICL Iberia Súria & Sallent del grupo israelí ICL se dedica principalmente a la extracción de potasa, que después trata y comercializa y tiene una plantilla de 740 trabajadores en la mina de Cabanasses (Súria).
El Bages, centro minero de Cataluña, ha convertido sus minas de potasa y sal en una de las mayores reservas de Europa Occidental. Desde hace más de un siglo extraen sales potásicas, un fertilizante natural fundamental para la agricultura, según la propia empresa, y sal sódica esencial para la industria química.
Objetivo: pasar de 500.000 toneladas a un millón
Hace nueve años la empresa recibía luz verde por parte de la Generalitat en el plan Phoenix que permitía a ICL construir una rampa de extracción de la mina de Súria para evitar el paso de cientos de camiones por el centro del pueblo. En julio de 2021 se inauguró la rampa que debería haber sido terminada a finales de 2014, pero se encontró con problemas geológicos, técnicos y judiciales. Desde sindicatos como CCOO se defendió la rampa de acceso a la mina “que supone un paso importante para alcanzar el proyecto de minería sostenible que defiende el sindicato”. La obra, que supuso una inversión de 500 millones de euros, tiene una extensión de más de 5km y un desnivel que llega a superar el 20% en algunos puntos.
La finalización de la construcción supuso el cierre de la planta de Sallent-Balsareny, por su bajo rendimiento, según argumenta la empresa y por las presiones sindicales. El objetivo principal de la obra era que la mina de Súria pasara de producir 500.000 toneladas anuales al millón. “La empresa argumenta que necesita duplicar la producción para ser rentable, pero las medidas de seguridad y prevención no se han adaptado al nivel de producción y son insuficientes”, argumenta Josep Rueda, responsable de Acción Sindical de Industria de CCOO de Catalunya. Además, añade que “al contrario de lo que piensa la empresa, destinar recursos en seguridad y prevención es una inversión y no un gasto”, porque afirma que “todos los accidentes se pueden evitar”.
España como solución a la crisis de los fertilizantes
A la vez que ICL aumenta la producción de la mina de Súria suben los precios de la potasa. Incluso la propia ONU reconoce que la crisis de precios no se debe a la falta de grano, que la mayoría proviene de Ucrania, sino de la escasez de fertilizantes para producirlo, con origen de Rusia y Bielorrusia, que suministraban un 54 % del total de potasa consumida por la Unión Europea. El pasado verano la potasa había aumentado un 195% su precio, unos 1.150 euros más por tonelada. Los organismos internacionales ven en España como solución al problema, dado que las sanciones a Rusia y Bielorrusia han distorsionado el 40% del suministro mundial de potasa.
Por ello, Rueda recuerda que con los elevados precios de la materia y el nivel de producción de la mina de Súria, “ICL debe realizar una inversión en seguridad que esté a la altura”.
La última revisión se había realizado tres semanas antes del accidente
El consejero de Empresa y Trabajo Roger Torrent confirmó el mismo día del accidente que la mina había sido inspeccionada tres semanas antes por la Subdirección General de Minas de la Generalitat donde no identificaron ninguna irregularidad ni se abrió ningún expediente. El responsable de la inspección avanzó que las conclusiones de la investigación se trasladarían al juzgado, quien trabaja para conocer los motivos del desprendimiento. Rueda afirma que “si la Generalitat había inspeccionado la mina tres semanas antes y se ha producido un accidente es evidente que algo no se ha hecho bien”, aunque asegura que la responsabilidad es de la empresa que es “quien debe conocer las condiciones diarias de las instalaciones y garantizar una seguridad adecuada”. Rueda va aún más allá y afirma que el lugar del accidente había sido explotado recientemente y “no se entiende que las víctimas bajaran a inspeccionar si las galerías eran o no aptas y no fueran con las medidas de seguridad adecuadas como vehículos adaptados. Probablemente, de haber sido así, estaríamos hablando de un grave accidente pero no mortal”.
De hecho, el lunes después del accidente la mina retomaba la actividad sin medidas de seguridad extras. La empresa ICL considera que las medidas son las adecuadas y ha impartido una charla de seguridad a todos los trabajadores. Aseguran que lamentan “profundamente” el accidente y que están “investigando las causas” del siniestro con los Mossos y la Generalitat.
La mina de Súria ya se había visto afectada por otros accidentes en el 2013 con dos víctimas mortales por un desprendimiento mientras realizaban trabajos de reparación y mantenimiento de la maquinaria y en enero del mismo año murió también un minero. De hecho, desde 1987 once trabajadores han perdido su vida en las instalaciones. Por otra parte, en la mina de Balsareny ya cerrada, se produjeron dos accidentes en 2015 y 2020 con tres trabajadores fallecidos. Rueda asegura que las tres últimas víctimas de la mina de Súria han muerto en las mismas circunstancias que las del accidente de la mina de Sallent en el 2020 y añade que “seis víctimas mortales en diez años de un colectivo de 700 trabajadores no es ninguna tontería”.
Falta de inspectores de trabajo
Para el sindicato, aunque deben ser las empresas las que garantizan unas condiciones de seguridad adecuadas, también deben existir los recursos necesarios por parte de las instituciones en la Inspección de Trabajo para que comprueben el correcto funcionamiento de las empresas. “La Inspección de Trabajo funciona, pero los inspectores son insuficientes. A veces debemos esperar meses cuando ponemos una denuncia por un accidente grave”, afirma Rueda.
La crisis del sector es generalizada y lleva meses en huelga. La última se llevó a cabo el pasado mes de febrero en el que se exige el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 2021 donde el Gobierno español se comprometía a mejorar las condiciones de los trabajadores y aumentar la plantilla y desde el Ministerio de Trabajo apuntan al Ministerio de Hacienda como responsable del incumplimiento del acuerdo.
La OIT recomienda que haya un inspector por cada 10.000 habitantes y según datos del Ministerio de Trabajo en España hay 2.968, lo que supone que haya uno por cada 16.000. Una falta de personal que mantiene en la Inspección de Trabajo ahogada, clave en el correcto funcionamiento del mercado laboral.
Catalunya Plural, 2024 
