En Cataluña, la dificultad de acceso a vivienda es un problema sistémico y social que afecta a muchos. La creciente demanda de viviendas, combinada con la falta de ofertas ha ocasionado un aumento significativo en los precios de alquiler, lo que dificulta el acceso a la misma para los ciudadanos, particularmente los de grupos en estado de mayor vulnerabilidad.
Carmen Trilla, presidenta de la Fundación Hábitat3 y economista especialista en el sector de la vivienda, considera que la situación se debe a la poca oferta residencial a precio asequible. “El problema fundamental es que tenemos una gran disparidad entre el coste de la vivienda y los salarios de las familias y su capacidad de pago”, señala.
Según un estudio publicado por el Observatorio Metropolitano de la Vivienda en Barcelona, los precios de la oferta en pisos de alquiler no están ajustados con las necesidades de los demandantes y el precio que pueden pagar. En el ámbito metropolitano, que conforma 36 municipios que engloban la metrópoli, solo alrededor del 20% de la oferta está situada entre los 600 y 800 euros mensuales, que es donde se concentran las búsquedas de más del 40% de los demandantes.
Para que una vivienda sea asequible, el coste para vivir en ella no debe poner en riesgo la cobertura de otras necesidades básicas, como la alimentación, salud o educación. Sin embargo, la mercantilización de la vivienda y su traducción a un bien financiero en los mercados dificulta el acceso a este derecho básico de manera asequible.
Aunque Cataluña fue la primera comunidad autónoma en aprobar una ley de regulación de alquiler (Ley 11/2020), el TC la declaró inconstitucional en marzo de 2022 por no contar con competencias en la materia. Esta decisión provocó gran malestar por considerarse un escollo más en la búsqueda de alternativas efectivas para lidiar con el problema de la vivienda.
El problema afecta a muchos grupos de la sociedad, pero particularmente aquellos que, por ciertas condiciones de vida, se encuentran expuestos a mayor vulnerabilidad. Trilla apunta que los colectivos más vulnerables son aquellos con precariedad económica, y jóvenes que no pueden asumir los altos costos. De forma más particular, los estudiantes e inmigrantes se destacan como dos grupos que encuentran dificultad para acceder a una vivienda que puedan costear.
Pero la situación va más allá de los costes elevados. Como consecuencia de los precios, los propietarios exigen ciertas garantías adicionales para asegurar que su inquilino puede incurrir en los gastos de vivienda, como avales, papeles acreditativos o muchos meses de antelación, como se presenta en los casos que se descubrieron mediante este reportaje.
“Todo deriva de lo mismo, y agrava más todavía el problema para el que quiere acceder a la vivienda. Ya no solo tiene que demostrar que tiene ingreso, sino que tiene esa capacidad estable y que tiene incluso una capacidad de pagar unos cuantos meses de entrada”, exhibe Trilla.
Comúnmente, el perfil de estudiantes e inmigrantes crea un imaginario de que no cuentan con los requisitos necesarios para poder costear un alquiler, lo que los lleva a tener una tasa de rechazo más alta que otros grupos por motivos que se extienden más allá del poder adquisitivo.
A falta de vivienda, consecuencias en la educación
En el caso de los estudiantes, la falta de acceso a la vivienda puede impedir que estos asistan a la universidad, o que se trasladen a lugares donde hay oportunidades educativas o de empleo. Esto limita sus perspectivas educativas y profesionales, y aumenta su carga financiera.
Daniela Bocic, Álvaro Nazar y Lucas Vergara son tres estudiantes de máster que, a su llegada de Chile a Barcelona, se encontraron con un panorama hostil para conseguir piso en la ciudad. “Nos costó mucho, nos costó un montón”, confiesa Daniela. La estudiante estimó que, en su búsqueda exhaustiva por un mes de más de 20 pisos, los resultados no fueron los que esperaron. El primer reto que enfrentaron fue el rechazo de los propietarios por ser estudiantes. “Al final te deja en una situación de desventaja frente a otros, porque, aunque no lo digan, igual están constantemente como ‘es estudiante, va a tratar mal el piso’”, expresa Lucas.
El segundo reto con el que se toparon fue con la serie de requisitos o garantías que les pedían para garantizar su capacidad de ingreso. Desde exigirles un sueldo mínimo de 3 mil euros mensuales, hasta pagar el año completo por adelantado, estos requerimientos los alejaban de la posibilidad de encontrar una vivienda asequible. “Me pasó que la señora me dijo ‘sí puede ser, si eres estudiante igual lo podemos hacer, pero necesito que me mandes tu cuenta con el saldo total y me tendrías que depositar por 12 meses”, recuerda Lucas.
Esto forma parte de abusos inmobiliarios que tanto las agencias como propietarios independientes llevan a cabo, que no causa más que imposibilitar que estas personas puedan cumplir con estos requisitos. Entre cláusulas nulas y abusivas en los contratos de arrendamiento, gastos desmedidos en honorarios, y discriminaciones a ciertas personas, la exclusión residencial cada vez tiene un perfil más específico.
Aunque el grupo reconoció la suerte que tuvieron de conseguir un piso, no eliminó el dolor de cabeza que pasaron en el proceso por su perfil como estudiantes. Al final, sus opciones siempre fueron pocas porque no tenían la libertad de escoger y rechazar según lo que buscaban. “Es una gran diferencia, como a ti te rechazan antes de que tú rechaces el piso”, atestigua Álvaro.
De entrada, el grupo chileno tuvo que incurrir en un gran gasto por los meses de fianza y el precio del contrato, que impacta su bolsillo y su capacidad de gasto en otras necesidades básicas. Los tres reflejan la experiencia de miles que, a diario, enfrentan el mismo problema.
Según el artículo 36 de la ley de Arrendamientos Urbanos, la fianza en arrendamientos no puede ser superior al importe de una mensualidad de renta cuando se trate de viviendas, y dos mensualidades cuando sea arrendamiento para uso distinto del de vivienda. La ley estipula que las partes podrían pactar garantías adicionales a la fianza en metálico, y dicha garantía no podrá exceder dos mensualidades de renta.
En muchos casos, los inquilinos desconocen este tipo de leyes que los protegen, o se encuentran ante la encrucijada de que, si no aceptan las condiciones del propietario, pierden la oportunidad de alquiler. Al final, acaban entre la espada y la pared, sin muchas opciones y obligados a aceptar las condiciones, o continuar su búsqueda de piso.
Extranjero e inmigrante no son la misma cosa
Otro grupo que enfrenta grandes dificultades para alquilar piso son los inmigrantes, que por constructos sociales son vistos de forma diferente de los extranjeros.
La contraposición entre los términos extranjeros e inmigrantes se basa en estereotipos que acaban por reflejarse en el imaginario colectivo de la sociedad. Las personas extranjeras del Norte Global, refiriéndose a personas originarias del primer mundo o países desarrollados, se asocian a perfiles con poder adquisitivo y proximidad cultural. Por el contrario, con las personas provenientes del resto de países, se asocian a un grupo que se considera se aprovechan de la sociedad de acogida.
“Es una problemática que está muy ligada a prejuicios y a un imaginario racista en el que se atribuyen carencia económica a las personas extranjeras migradas, e incluso se les atribuye comportamientos depredadores respecto a la conservación de la vivienda al considerar que van a generar problemas de convivencia vecinal por cuestiones culturales”, recalca Marilda Suerias, coordinadora del Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racismo Cataluña.
La discriminaciónn racial que sufren las personas de determinados grupos étnicos y poblacionales en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana se hace también patente en el de la vivienda. Según el estudio de “Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales”, las personas que sufren discriminación racial corren mayor riesgo de vivir en condiciones insalubres y de segregación residencial.
El estudio destaca que la vivienda es la esfera que registra la tasa de discriminación más alta de todas las esferas analizadas en 2020. El 31% de las personas de origen étnico o racial encuestadas percibieron discriminación para acceder a viviendas en ese año, particularmente los de origen africano, magrebí o pueblo gitano.
Los casos pueden ser más. Suerias puntualizó en que hay muchos casos que no se denuncian, por lo que las estadísticas pueden reflejar números mucho más bajos de los que realmente hay.
Los resultados reflejaron que a un 17% le negaron enseñarles la vivienda, a un 20,8% no quisieron alquilarla y a un 20,1% les pusieron problemas o más requisitos que al resto. Suerias recalca que, en la mayoría de los casos, las excusas para rechazar el alquiler de estos colectivos nacen al momento del reconocimiento del perfil de la persona.
Los casos de racismo en el ámbito de la vivienda no son conflictos puntuales, sino que existe una omisión sistemática del deber por parte de las administraciones y unas prácticas discriminatorias normalizadas de muchas agencias inmobiliarias y propietarios que obstaculizan el acceso a personas migrantes y racializadas no blancas.
Según el informe de 2021 sobre “Discriminación a la carta, exclusión por motivos étnicos del mercado de alquiler de vivienda de Barcelona”, en Cataluña, particularmente Barcelona, la vivienda es hoy en día uno de los principales factores de exclusión social.
En este estudio, realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, se hicieron pasar por propietarios en busca de agencias inmobiliarias, con la petición discriminatoria de no aceptar inmigrantes. Se eligió ese término, sin explicaciones de origen étnico, religión o clase social, para ver hasta qué punto los agentes inmobiliarios se refieren directamente a ciertos grupos. Los resultados fueron alarmantes: “A mí tampoco me interesan los inmigrantes. ¡Gente extranjera, europea, sí, claro, pero inmigrantes, no!” o “entiendo que, cuando dice inmigrante, quiere decir el típico con tarjeta roja o, para que nos entendamos, a perfil de inmigrante pobre. A estos perfiles nosotros no alquilamos.”
La distinción no se limita a la aceptación del tipo de inmigrante al que se refieren, sino que viene acompañado de toda una estrategia y justificación para llevar a cabo las exclusiones: “Ningún problema; eso en el anuncio no lo decimos, porque es políticamente incorrecto, pero seleccionamos y, por teléfono, solo por cómo hablan ya lo detectamos y, sin decir cuál es el motivo, informamos que no está disponible y ya ni hacemos visitas ni nada. En este sentido, podéis estar tranquilos.” o “en el DNI o la documentación que tenga lo verás; como lleva una foto, ya verás que es inmigrante: la cara no falla.”
Aunque no todos los agentes estuvieron de acuerdo con la exigencia del propietario ficticio, fue el argumento menos utilizado, revelando toda una práctica sistemática de aceptar discriminación en el mercado inmobiliario hacia ciertos grupos según su nacionalidad: “Nosotros esto no lo vamos a publicar, no vamos a hacer ninguna publicación despectiva hacia personas de ningún sitio, porque no está bien y porque no lo vamos hacer.” o “no publicaremos nunca una cosa de este tipo…, porque la ley no lo permite y no lo aceptaremos porque nuestra manera de entender la profesión no es esta.”
La coordinadora de SOS Racismo señala la situación de exclusión residencial como muy extendida y, aunque en los últimos años ha generado bastante exposición, hace 15 años que la organización trabaja con este problema que aún sigue latente en la sociedad catalana.
En 2021, ocurrió un precedente de penalización por motivos de discriminación. El Ayuntamiento de Barcelona sancionó por 45 mil euros a Idealista por discriminación directa en el acceso a la vivienda a una persona de origen marroquí. Sin embargo, justicia tumbó la multa que Colau impuso Idealista, porque entendían que la web no es responsable de los anuncios, por lo que la sentencia no anula la multa por discriminación hacia la inmobiliaria que publicó el anuncio.
Camino a medio recorrer
La falta de acceso a la vivienda es un problema complejo que afecta a una gama de grupos en Cataluña, y requiere de soluciones políticas y sociales integrales para abordarlo de manera efectiva. Aunque existen diferentes iniciativas para atender la situación, tanto Trilla como Sueiras reconocen que hay espacio para mejorar. “Las buenas prácticas consisten en una mayor presencia del sector público, una mayor implicación presupuestaria para poder dar garantías, ayudar a las familias a pagar la vivienda (…), luego por supuesto el esfuerzo ingente en la creación de nuevas viviendas asequibles para la población que no encuentra vivienda en el mercado privado”, afirmaTrilla.
Por su parte, Sueiras destaca que, para atacar el problema, se deben rescatar todas las iniciativas posibles, sin priorizar una sobre otra, además de prestar atención a las sanciones que tienen un doble impacto. “Por un lado visibiliza una problemática, porque denunciar te permite hablar sobre ello y hablar sobre ello es visibilizar. Y por otro lado, sancionar con publicidad. Es decir, publicitar estos precedentes tiene un efecto social aleccionador y disuasivo también”.
Al final, es necesario un esfuerzo colaborativo del sector público y privado, para tomar cartas en el asunto y poder tener una oferta de alquiler equitativa, sin distinción de perfiles y que no ponga en riesgo la calidad de vida de grupos vulnerados.
Catalunya Plural, 2024 
