Son muchas las encuestas, como la más reciente en Cataluña, que acreditan el respaldo de una gran mayoría ciudadana a favor de implementar la renta básica incondicional (RBI) entendida como una asignación monetaria pública incondicional a toda la población. Recordemos que ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes del año 2007, en Monterrey, se había planteado el reconocimiento de la RBI como un derecho humano emergente. Concretamente el art. primero disponía que:
“Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad. Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: …/… 3. El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas.”
A igual conclusión ha llegado el proyecto de investigación Gazte Basic Income (Gaztebi), realizado entre los años 2021 y 2022 entre más de 700 estudiantes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ya que dicha juventud opina que
“la implantación de una RBI mejoraría las condiciones de vida de las personas jóvenes; además de posibilitar la realización de otros trabajos fuera del mercado laboral (como el trabajo de cuidados, o el trabajo voluntario), avanzar hacia un reparto más justo de la riqueza, o ayudar a eliminar el empleo precario y los abusos laborales, entre otras consecuencias sociales positivas, entre otras. Es por esto que los y las estudiantes muestran, además, una amplia disposición a involucrarse en distintas formas de participación política que demanden la implantación de una RBI.”
Y es lógico que así sea, dado que la RBI, gracias a sus principios de universalidad, incondicionalidad y acumulabilidad de rentas, además de ser eficaz para paliar situaciones de pobreza, es un instrumento preventivo, que al dar a todas las personas una cantidad equivalente al umbral de la pobreza, evita su aparición y permite incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, favoreciendo el emprendimiento de proyectos colaborativos y creando una sociedad más cohesionada. Además, supone en si misma un reparto de la riqueza, por lo que directamente permite disminuir las enormes desigualdades contemporáneas de ingresos y riqueza, siendo un instrumento que, mejor que ningún otro, contribuye al avance en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, de Naciones Unidas.
Sin embargo, todavía estamos lejos de conseguir el necesario respaldo institucional. Así lo acreditan que el año pasado el Parlamento Vasco, en el pleno celebrado el 5 de mayo, no aprobase la tramitación de una Iniciativa legislativa popular para la implementación de una RBI de 900 euros mensuales en Euskadi, que había sido apoyada con más de 22.000 firmas y el respaldo de 80 entidades sociales, aunque contó con el voto favorable de los grupos parlamentarios de EH/Bildu y de Elkarrekin Podemos y que, hace escasas semanas, el presupuesto de este año aprobado en el Parlamento de Cataluña eliminara la partida prevista para la experiencia piloto de una RBI para 5000 personas durante este año, a pesar de contar con el apoyo del Gobierno de la Generalitat de ERC, de En Comú Podem y el expreso apoyo de la CUP.
Y en ese rechazo institucional está siendo decisiva la actuación del Partido Socialista, que se olvida de lo expresamente comprometido en el programa con el que se presentó su actual Secretario General y Presidente de España, Pedro Sánchez, a las primarias del PSOE en el año 2017, cuyos apartados 77 y 78 decían literalmente:
77. Este escenario lleva a pensar en nuevas formas de organización del trabajo humano, en función de las nuevas condiciones técnicas. Por eso, es inevitable valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una Renta Básica Universal. Pero no todas las soluciones sirven, ya que las reformas defendidas por el socialismo democrático tienen que ser viables y sostenibles en el tiempo.
78. Apoyando la propuesta del PSOE de un Ingreso Mínimo Vital, y la iniciativa de los sindicatos, ya tomada en cuenta en el Parlamento, de establecimiento de una renta mínima, estos objetivos deberían avanzar hacia una naturaleza estructural dentro del sistema fiscal, y tener posibilidades de progresar en el futuro hacia una Renta Básica. Por ello habría que valorar la viabilidad de un sistema de Transferencias Fiscales (también llamado Impuesto Negativo sobre la Renta), en el que se fijara, de acuerdo con el nivel de pobreza existente en estos momentos, un objetivo de renta mínima para todos los ciudadanos, con derecho a percibir de la Hacienda Pública una transferencia relacionada con la diferencia entre los ingresos anuales que sean menores (sean éstos por trabajo, subvenciones, etc…) y ese mínimo garantizado por persona, con un compromiso de ir aumentando su techo en el futuro, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y las necesidades sociales. Una iniciativa de este tenor, en la que el porcentaje está fijado en cantidades básicas y es compatible con ingresos por trabajo, no desincentivaría la búsqueda activa de empleo.”
No obstante, el Partido Socialista de Euskadi ha apoyado recientemente en la Comunidad Autónoma Vasca la aprobación del DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos, que con una dotación presupuestaria de 237.846.200,00 euros, ayuda económicamente a familias con hijas o hijos a su cargo por nacimiento, adopción, tutela o delegación de guarda para la convivencia preadoptiva. Esta ayuda, vigente con efectos retroactivos al 1 de enero de este año 2023, es de 200 euros mensuales y se concede a toda hija o hijo desde 0 hasta 3 años de edad, a lo que se suma otra de 100 euros mensuales por terceras o sucesivas hijas o hijos desde los 3 hasta los 7 años de edad, duplicándose todas estas ayudas si la hija o hijo tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o una situación de dependencia. Lo novedoso y trascendente es que desaparece la condición de necesidad económica, ya que hasta este Decreto la posible ayuda estaba en función de la renta familiar estandarizada, mientras que ahora este derecho es reconocido a todas las familias con hijas e hijos de hasta 3 años. Con ello se rompe la dinámica anterior donde, aunque ya habíamos conseguido el derecho a prestaciones no dinerarias universales e incondicionales en materias de educación, sanidad y servicios sociales, sin embargo, todas las ayudas directamente monetarias estaban condicionadas a la acreditación de situaciones de necesidad.
Por otra parte, la próxima celebración de las elecciones municipales crea un escenario donde considero necesario que todos aquellos partidos favorables a la implementación de una RBI hagan propuestas y referencias concretas de ello en sus programas y campañas. No olvidemos que los ayuntamientos son la institución más cercana a cada persona, y toda forma de implementación supondría una importante mejora en sus condiciones de vida. También es un ámbito idóneo que permite realizar experiencias piloto para conocer, por ejemplo, la influencia de la RBI en personas jóvenes relacionadas con el mundo del arte y de la cultura, así como en el desarrollo del arte y la cultura en el municipio o territorio foral. Entre otros indicadores permitiría analizar el grado de emancipación y la puesta en marcha de proyectos profesionales y de vida en las personas participantes, así como el desarrollo de las artes y de la cultura en nuestra sociedad.
Para terminar quiero incidir en el componente motivador que tiene la RBI, pues es un instrumento idóneo para que cada persona tengamos desde nuestro nacimiento un horizonte de posibilidades donde desarrollar una vida de forma digna y autónoma. Así lo vienen avalando multitud de investigaciones académicas y experiencias realizadas en los últimos años, y lo avalan distintas personalidades como el Secretario General de Naciones Unidas o el Papa Francisco.
Catalunya Plural, 2024 
