Nos encontramos ante una grave crisis social y ambiental y una economía sesgada hacia los intereses de grandes corporaciones, fondos buitres y grandes fortunas. En mi opinión, la llamada nueva izquierda presenta soluciones que son confluentes en gran parte con los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de las personas autónomas. Esta confluencia de caminos puede ayudar a lo que podríamos llamar economía de “los pequeños”, haciendo que ocupe un lugar más predominante en la sociedad sobrepasando los límites actuales resultantes de las políticas neoliberales. Veamos algunos ejemplos:
En el ámbito legislativo, es necesaria una ley de transparencia y una vigilancia real de los ingresos de los partidos. Urge frenar la capacidad de las grandes corporaciones, algunas de ellas con una facturación superiores al PIB de países occidentales enteros, para presionar a los gobiernos y conseguir normativas favorables. Esta práctica se agrava por las puertas giratorias, la corrupción y el fraude, que también es imprescindible erradicar. Adicionalmente, es necesario modificar el marco legal de la contratación pública: el tamaño de los contratos y las supuestas medidas por la libre competencia demasiado a menudo dificultan que las pymes opten a contratos públicos. Como consecuencia, las pequeñas empresas no participan en la contratación pública en el mismo porcentaje que representa su peso en la economía.
En términos financieros, sólo la banca pública cercana a los municipios puede llegar realmente a las pymes y las personas autónomas. Durante la crisis financiera de principios del siglo XXI la banca privada suspendió renovaciones de créditos y denegó préstamos necesarios asfixiando a estas empresas. Y durante la pandemia la banca pública estatal como el ICO fue incapaz de llegar a los más pequeños. En la práctica, la banca privada utilizó los avales públicos para reducir su riesgo con las grandes empresas en lugar de generar nueva deuda con las pequeñas. Además, una reforma fiscal en profundidad debe acabar con las exenciones fiscales por las grandes empresas que llevan a una fiscalidad incluso regresiva, en la que las grandes fortunas contribuyen proporcionalmente menos que la mayoría de la sociedad. De forma paralela la presión fiscal es menor en las empresas del IBEX en relación con las pymes y las personas autónomas. Finalmente es necesario acabar con los paraísos fiscales a los que sólo pueden acceder los grandes capitales.
A nivel laboral, políticas salariales expansivas como la subida del salario mínimo permiten a muchas personas adquirir productos más allá de los servicios básicos como teléfono, luz, vivienda y comida. Estos gastos fijos se destinan sólo a los grandes proveedores, sin que a menudo queden dineros para poder adquirir productos menos vitales y que suelen suministrar las pequeñas empresas y el comercio de proximidad.
En relación con las inversiones públicas, es preciso priorizar la política de aspersor, es decir, muchas pequeñas y medianas inversiones repartidas por todo el territorio, en detrimento de inversiones grandes y costosas, pero puntuales, que ponen en desventaja al pequeño comercio. Por ejemplo, una empresa como Amazon sólo es posible por la existencia de grandes infraestructuras como autovías, puertos y aeropuertos que hemos pagado entre todos, o al acceso al queroseno subvencionado con impuestos mucho más bajos que la gasolina de los coches. Si Amazon tuviera que pagar la construcción de estas infraestructuras o el coste real de los carburantes sería una empresa deficitaria. Lo mismo podemos decir respecto a las grandes cadenas de hipermercados, inviables económicamente sin las autovías públicas que rodean a las grandes ciudades. Por último, estas grandes empresas debilitan las condiciones laborales locales y la demanda destinada a las pymes. En cambio, otras inversiones más pequeñas y esparcidas por el territorio sí benefician al pequeño comercio además de ser sostenibles medioambientalmente. En Barcelona tenemos el ejemplo de las supermanzanas que, mejoran la calidad de vida de las personas y fomentan el comercio de proximidad.
Todas estas son medidas defendidas desde el activismo y los partidos de la nueva izquierda y todas incentivan al mismo tiempo el pequeño comercio y la economía de los pequeños. La existencia de estos intereses comunes hace necesario y natural un pacto entre la gran mayoría de las personas y la gran mayoría de las empresas. Es necesario por tanto impulsar un nuevo modelo más democrático, equitativo y justo de forma conjunta y de manera común.