A las puertas del 1 de mayo los sindicatos se preparan para movilizarse en un contexto de inflación controlada aunque los precios de los alimentos siguen disparados, un 16,5% más caros que en marzo del pasado año. Sin embargo, las fuerzas sindicales encaran un día del trabajador con “conquistas que han supuesto ganar nuevos derechos y mejorar la vida de las personas trabajadoras”: el aumento del salario mínimo hasta los 1.080€; una reforma laboral que ha disparado la contratación indefinida; la obligatoriedad de los planes de igualdad; una reforma de pensiones y la reciente ley de vivienda que permitirá regular los precios.
Ley de vivienda para regular los precios del alquiler
El precio del alquiler en Barcelona ha llegado ya al salario mínimo con un nuevo récord, según indican los datos de la Secretaría de Vivienda de la Generalitat. Además, los habitantes de la capital catalana destinan un 62% del sueldo al alquiler de vivienda según un estudio del portal Fotocasa, casi el doble del 35% que recomienda el Banco de España.
Regular la vivienda era una de las prioridades del Gobierno, aunque la aprobación de una ley se ha hecho esperar hasta el último año de legislatura. Ayer jueves, se aprobaba en el Congreso, con el apoyo de Esquerra, EH Bildu y Más País, la primera ley de vivienda de la democracia para garantizar el artículo 47 de la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez afirmaba ayer en el Congreso que “la vivienda, con la educación, la sanidad, las pensiones y el trabajo” se convertirá “en el quinto pilar del estado del bienestar”. Además, añadió que “una democracia avanzada debe esforzarse en ofrecer una vivienda digna a todos los ciudadanos” porque “el paro y el no tener vivienda abocan a la pobreza”.
La ley reconoce la vivienda como derecho y pone el foco en el alquiler. Establece un límite en el aumento de los precios del alquiler del 2% en 2023, del 3% en 2024 y creará un nuevo índice para el 2025, por lo que se desvinculará la actualización de los precios al IPC tras sufrir la mayor inflación en más de cuarenta años. El acuerdo al que ha llegado el Gobierno con ERC y EH Bildu establece que “los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tienes serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos”. El texto también define por primera vez lo que es un gran tenedor, es decir, aquellos propietarios que tengan más de cinco propiedades y establece las condiciones para poder considerar una zona como tensa. Porque para poder considerar una zona tensionada y controlar los precios, debe producirse “que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares” y “que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensa”.
Pero las competencias son autonómicas por lo que tendrán que ser ellas las que apliquen el marco legislativo, como por ejemplo decidir si una zona es tensionada o no. Además, “se respetarán los índices de contención de precios allí donde existan como en Cataluña, iniciando en la entrada en vigor de la ley el proceso para asegurar la colaboración entre sistemas y su efectividad”. Por otra parte, también se establece que los gastos de gestión inmobiliaria tendrán que ir a cargo del arrendador y no del inquilino.
En materia de desahucios, tal y como pedían las asociaciones se prohíbe ejecutarlos sin fecha y hora predeterminada y se establecen mecanismos para fomentar una alternativa habitacional.
Una reforma de pensiones sostenible
Tras años de movilizaciones de las mareas de pensionistas, el sistema de pensiones se ha modificado para revertir los recortes de la anterior reforma que limitaba la revalorización al 0,25% y no al IPC y con un factor de sostenibilidad” que reducía la pensión inicial de las generaciones más jóvenes.
El nuevo sistema garantiza la actualización de las pensiones al IPC y establece mecanismos para tener más ingresos como una cotización de solidaridad para los salarios que superen la base máxima con una cotización de entre el 1% y el 6% y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con un 1% con cargo a las empresas y un 0,2% de los trabajadores. También se establece un nuevo método de cálculo de los años cotizados: o los últimos 25 o los mejores 27 de entre los últimos 29.
Subida de un 47% del salario mínimo en cinco años
El 2022 finalizaba con una inflación media del 8,6%, la mayor desde 1986 y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los sindicatos para garantizar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los expertos recomendaban un aumento de entre el 4,6% y el 8,2% y, aunque sin el apoyo de la patronal, el Gobierno y los sindicatos acordaban en febrero subirlo un 8% hasta los 1.080€ en catorce pagas y con carácter retroactivo. Con el último aumento, el Ejecutivo ha cumplido con el compromiso de situar al SMI en el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea.
El SMI escalaba de los 735’9€ al 900€ en 2019, con una subida de 50€ más en febrero de 2020. En 2021, fruto de la pandemia se prorrogó temporalmente hasta que en septiembre se acordó establecerlo en 965 €. No fue hasta febrero de 2022 que alcanzó los 1.000€ y ya con el último aumento, el Gobierno cumplía definitivamente con el compromiso del 60% del salario medio. Una medida que, según la Comisión Asesora del Gobierno, ha ayudado a disminuir la desigualdad salarial, gracias al aumento de los ingresos más bajos y “reduce la pobreza en los hogares”. En la misma línea, un informe de CCOO afirma que “los principales beneficiados del aumento del SMI son las mujeres y los jóvenes”. De hecho, un 31,7% de los SMI los recibe jóvenes de entre 16 y 24 años asalariados a tiempo completo y el 19,2% de entre los de 25 y 34 años. El Gobierno cumplía, por tanto, con las recomendaciones de la OCDE de aumentar el SMI ante la elevada inflación que decía que “los incrementos en los salarios mínimos, incluso aunque sean considerables, tienen efectos positivos en las rentas bajas y efectos nulos o limitadamente negativos en el empleo”.
Una reforma laboral que reduce la temporalidad a mínimos históricos
El Gobierno se comprometía a un cambio de paradigma en la contratación con la nueva reforma laboral, la primera de gran calado pactada con los agentes sociales. “Una reforma que por primera vez en 40 años gana derechos en el Estatuto de los Trabajadores”, según Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical y Transiciones justas de CCOO de Catalunya. En 2022 registraba otros 278.900 ocupados hasta alcanzar los 20,46 millones, el mayor número desde el cuarto trimestre de 2007 y los contratos indefinidos alcanzaban los 14,3 millones con una tasa de paro del 12,9%.
El nuevo marco laboral apuesta por la contratación indefinida con la supresión del contrato de obra y servicio y una redefinición de las causas y límites temporales de los contratos por causas productivas, lo que ha supuesto que la temporalidad pasara del 25,4% el último trimestre de 2021 al 17,9% en un año. El contrato fijo discontinuo es la alternativa que plantea la reforma laboral para trabajos estacionales: el trabajador se contrata con condición de indefinido y sabe que volverá a trabajar.
Con el nuevo marco laboral, las mujeres y los jóvenes han sido los principales beneficiados: la temporalidad femenina se ha reducido hasta el 17,1% en Cataluña, 5,5 puntos menos en un año. Además, la contratación indefinida ha pasado del 14,5% en 2021 al 39,1% un año después. En cuanto a los jóvenes, ha logrado reducir el paro hasta el 29,26%, lejos del 55% de 2013, aunque sigue doblando la media europea situada en el 15%. La elevada temporalidad también se redujo del 69% al 50% en un año.
Planes de igualdad obligatorios en las empresas de más de 50 trabajadores
La ley 3/2007 ya establecía la obligatoriedad de los planes de igualdad para las empresas de más de 250 trabajadores, pero con el Real decreto ley 6/2019, el 7 de marzo de 2022 finalizaba el plazo para que las empresas de entre 50 y 249 trabajadores también dispusieran. Un plan de igualdad donde se deben establecer las clasificaciones profesionales; promoción y formación de los trabajadores; las condiciones de trabajo, incluida una auditoría salarial entre hombres y mujeres; medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la infrarrepresentación femenina y las retribuciones y la prevención del acoso sexual. Además, debe fijarse un sistema para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Desde CCOO calculan que en Catalunya hay 6.000 empresas con más de 50 trabajadores y durante el 2022 se inscribieron un total de 781 planes de igualdad, mientras que hay 967 estatales que afectan a trabajadores catalanes.
Catalunya Plural, 2024 
