Hace unos días la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya presentaba su Barómetro anual y entre los datos recogidos se destacaba que el 36% de las entidades sociales cerraron el ejercicio de 2021 con deudas por parte de las administraciones públicas, siendo la Generalitat de Catalunya la administración que debe más dinero, puesto que le corresponde un 57% del total de la deuda con el tercer sector. Unas deudas que generan graves tensiones de tesorería y hacen que en un 38% de los casos se tenga que recurrir a créditos bancarios para mantener sus servicios. Unas pólizas de crédito que generan unos gastos que después no son cubiertos por las administraciones deudoras.
Estos datos se añaden al comunicado que a primeros de abril hacían público la propia Taula y la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, en el que se advertía que el incremento extraordinario de costes de los suministros hace que una de cada cuatro entidades vea peligrar su viabilidad económica. Los números señalan que respecto al año 2021, la suma de los gastos de luz, gas y alimentación se ha incrementado una media del 31,21% en 2022. Por eso las entidades reclaman al Gobierno el impulso de un plan de medidas urgente que incluya La creación de un fondo extraordinario de recursos económicos que compense los sobrecostes, el impulso de líneas de ayudas específicas para acelerar reformas estructurales y de transición energética y la implantación de un sistema de revisión anual de precios de los servicios.
Incremento de costes y retraso en los pagos. Un cóctel perverso que hace más honda la crisis de muchas entidades sociales. Y todo ello explicado en 2023, cuando hace exactamente diez años que las propias organizaciones anunciaban el acuerdo para iniciar una serie de actuaciones ante la situación de impago y deuda de las administraciones públicas en sus organizaciones socias. Entre ellas, destacaba la articulación sectorial de una campaña de solicitud de los intereses de demora correspondientes, exigir un reconocimiento por escrito de la deuda histórica vinculada a subvenciones y convenios, así como reclamar un calendario de retorno de la deuda claro y realista. Esta iniciativa surgía después de haber denunciado a finales del año 2012 que la deuda de las administraciones públicas al sector no lucrativo de servicios de atención a las personas de Catalunya ascendía a cerca de 640 millones de euros.
Lo cierto es que la campaña de reclamación de intereses de demora no tuvo éxito. La suma de un exceso de prudencia de un sector demasiado temeroso y las presiones políticas hicieron que sólo algunas entidades a título particular pusieran en marcha el proceso. Una lástima teniendo en cuenta que en el mismo momento otros colectivos, como los farmacéuticos, llevaron a cabo de forma coordinada la misma reclamación y lograron el reconocimiento y cobro de la deuda.
Pasan los años y la situación de las entidades y empresas que colaboran con las administraciones públicas en la prestación de servicios sociales, educativos y de salud no se pone al nivel que correspondería a un país como el nuestro. Las tarifas y dotaciones presupuestarias no mejoran suficientemente, no se encuentran soluciones a la deuda pendiente y los plazos de pago siguen incumpliéndose demasiadas veces. Las entidades sociales, que deberían estar centradas en sus objetivos misionales, deben mover cielo y tierra para cuadrar sus cuentas, mantenerse sostenibles y hacer viables sus proyectos. Y no se les puede pedir, como ocurre a menudo, que ante la imposibilidad de mejorar la financiación adopten medidas internas de contención del gasto.
Como dice siempre un compañero del sector social es como si a una de nosotros le bajan el sueldo y al llegar a casa por la noche lo anuncia añadiendo que, en consecuencia y como medida de ahorro, “hoy el abuelo no cena”. ¿Verdad que el abuelo protestaría?
Catalunya Plural, 2024 
