Más de la mitad de la población catalana vive en Barcelona y su región metropolitana más cercana. El dinamismo y las oportunidades altamente cualificadas están ahí, concentrando la población y presionando el mercado inmobiliario. Mientras, muchos municipios pequeños sufren pérdidas constantes de habitantes, fuga de cerebros y el abandono de grandes extensiones de suelo. Por un lado, el paso del campo a la ciudad es una fase natural del proceso de desarrollo, hacia una organización de la sociedad mucho más eficiente desde la vertiente económica pero también energética. Por el otro, se puede hacer de manera más ordenada y evitando que la aglomeración se convierta en perjudicial.
Actualmente, los ingresos municipales se basan en la recaudación de cinco impuestos: impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), impuesto sobre actividades económicas (IAE), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre el incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Los ingresos fiscales suponen aproximadamente el 40% del total, y se complementan con transferencias por parte del gobierno español y la Generalitat, incluyendo parte de la recaudación de la tasa turística.
Hay voces afirmando que los impuestos municipales tienen margen de mejora, con diversas propuestas para reformarlos, como las de Joaquim Solé Vilanova o Josep M. Durán. En general, el IBI debería consolidarse como el impuesto municipal por excelencia debido a sus características, pero tiene que ir acompañado de actualizaciones periódicas de los valores catastrales, cosa que no era frecuente hasta hace pocos años. Respecto al IVTM, requiere de una actualización para basar su recaudación en características ambientales como las emisiones contaminantes y el valor económico del vehículo, en detrimento de los caballos fiscales actuales. También se propone una gestión a nivel de comunidad autónoma para evitar deslocalizaciones. Respecto al IAE y el IIVTNU, en el primer caso se puede aproximar a una imposición a los beneficios económicos más que al simple hecho de realizar una actividad económica, mientras que el segundo impuesto es útil si va ligado a actualizaciones frecuentes de los valores catastrales. Finalmente, el ICIO debe seguir teniendo un papel secundario.
Las transferencias del gobierno central, a diferencia de otros países, son incondicionales y no tienen ningún objetivo nivelador, ni los municipios disponen de ningún poder de decisión sobre las mismas, manteniendo desigualdades presupuestarias y perpetuando diferencias según las características de la población. Unas transferencias territorializadas según el tamaño, dispersión y particularidades demográficas, como ya se hace en ciertas comunidades autónomas, iría en la línea de una mayor equidad, y ayudarían a complementar los ingresos fiscales, como ya pasa actualmente con la transferencia de un porcentaje de recaudación del IVA, IRPF e impuestos especiales a los municipios turísticos o mayores de 75000 habitantes, cifra arbitraria.
Dar más poder a los municipios facilita la rendición de cuentas y la democracia directa. En los pueblos y ciudades es donde es más sencillo tanto evaluar la obra de gobierno como atender las peticiones ciudadanas y solucionar muchos de los problemas cotidianos. Sin embargo, a menudo no se dispone de las competencias adecuadas para hacerlo.
La descentralización implica ganancias de eficiencia, pues un mayor conocimiento de las necesidades lleva a una mejor asignación de los recursos. De hecho, de eso trata el principio de subsidiariedad, pero no siempre se cumple en el caso español. Los municipios podrían tener un papel más activo y gestionar más elementos del estado del bienestar como se hace en otros países europeos, funciones que actualmente la legislación encarga a las comunidades autónomas o al gobierno central. El gasto local en sanidad, educación y servicios sociales suponía un 14% del total en España en 2015, mientras que en países federales de nuestro entorno se situaba alrededor del 50%.
La autonomía municipal a la hora de diseñar políticas y de experimentar con diferentes maneras de hacer las cosas también puede fomentar el voto con los pies de los ciudadanos. En el caso de los tipos impositivos es evidente que se deberían establecer unos mínimos comunes para evitar incentivos perversos como el dumping fiscal. En lugar de competir para ver quién tiene los impuestos más bajos la competencia debería ser para atraer habitantes, es decir, por comparación en calidad.
Esta política también sería una oportunidad para reducir duplicidades administrativas entre municipios, consejos comarcales, futuras veguerías, diputaciones, Generalitat i gobierno español. Para mantener ciertas economías de escala, la descentralización en algunos casos implicaría fusionar micromunicipios y, como ya se hace actualmente, mancomunar más servicios mediante un ente superior.
Pero con la descentralización fiscal no basta para descongestionar Barcelona. Se debe apostar por la extensión de la economía del conocimiento, fuente más perenne de prosperidad que el turismo. La economía de la innovación necesita un ecosistema formado por investigación puntera, transferencia del conocimiento y entornos que faciliten la creación y crecimiento de industrias y empresas innovadoras. Tenemos ciudades medianas universitarias con potencial para crecer, convertirse en polos de investigación especializada y conseguir un tamaño suficientemente grande como para atraer a parte de la clase creativa que actualmente sólo atrae Barcelona, así como un flujo significativo de estudiantes, pues pueden ser fundamentales en el proceso de desarrollo regional, como se ha estudiado en el caso portugués. También hay margen para la extensión de universidades de ciencias aplicadas de perfil más vocacional (al estilo del TecnoCampus de Mataró), así como para aprovechar los clústeres industriales ya existentes.
Sería relevante escalar el concepto de la ciudad de los 15 minutos al conjunto del país, no para alcanzar unos tiempos de trayecto concretos si no para conseguir que los desplazamientos largos para ir al trabajo o poder hacer ciertas compras o trámites sean innecesarios frente a alternativas equivalentes más cercanas. Esto implicaría pasar de un sistema metropolitano basado en coronas alrededor de Barcelona a un sistema jerárquico de áreas metropolitanas de menor escala, conectadas entre ellas y con Barcelona. A parte de las ciudades metropolitanas como podrían ser Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Sabadell, Terrassa y las del Baix Llobregat, bastante bien conectadas actualmente, el reto es conseguir vertebrar esas áreas metropolitanas en aquellas ciudades situadas relativamente más lejos del polo de atracción barcelonés, como podrían ser Lleida, Reus, Tarragona, Vic, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada, Girona o Figueres.
Planificar la red de transporte público con esta mentalidad puede ser una herramienta para conseguirlo, facilitando el intercambio de ideas y la difusión de innovaciones. Reducir la necesidad de desplazarse diariamente a Barcelona para ir a trabajar permitiría ganar tiempo, disminuir emisiones y quizás hasta cierto punto limitar la pérdida de población de ciertos municipios. El proyecto de construcción de una red de tranvía en el Camp de Tarragona, que avanza a buen ritmo, es un gran paso en esta dirección, vertebrando la segunda área metropolitana de Cataluña en población.
Catalunya Plural, 2024 
