A nadie le ha importado lo más mínimo lo que pasaba en las propiedades ocupadas en el barrio de la Bonanova de Barcelona hasta hace cuatro días. El Kubo fue ocupada en el año 2016, y La Ruina lo fue en el año 2019. Declaraciones de los vecinos de la zona constatan que en todos estos años no ha habido conflictos de ningún tipo con los malvados ocupantes del barrio de Sant Gervasi de Barcelona, corazón burgués de la ciudad.
El término “okupa”, —presentado como se presenta por los principales medios de comunicación del país—, parte de una estrategia deshumanizadora similar a la utilizada con el concepto de los “menas” para referirse a los menores no acompañados. Evidentemente, la actual presencia mediática responde a un interés electoral. Pero no solo eso: los aliados de este discurso cotizan en bolsa. Detrás de la demonización de los “okupas” hay una industria inmobiliaria especulativa que ahoga cada día más a los ciudadanos de la ciudad y que intenta alzar el principio de propiedad privada por encima del derecho -constitucional- a la vivienda.
Se demoniza al okupa y se blanquea a Desokupa, una empresa que, literalmente, cuenta con neonazis en sus filas. Uno de estos personajes se llama Ernesto Navas, conocido como “Perro de Pelea”. Navas luce una esvástica tatuada en el brazo y el nombre de “Rudolph Hess” en la barriga. Otro integrante de este colectivo (por llamarlo de alguna manera) es Jikvo Ivanov, que, según publicaba El Salto, es militante del grupo paramilitar búlgaro Alba Ortodoxa y simpatizante del movimiento islamófobo Stop Islamisation of Europe (SIOE). Desokupa ya ha sido sentenciada por la Audiencia Provincial de Madrid por un caso de intimidaciones y agresión leve en una de sus actuaciones.
Si nos guiamos por los titulares de La Vanguardia o por las tertulias de Ana Rosa, parecería que el sentimiento común de los barceloneses y barcelonesas es el que se dicta desde estos medios. Por suerte, la realidad camina por otra parte. La realidad: VOX, PP, Ciudadanos y Valents – los principales partidos que empujan este discurso – son insignificantes en la ciudad de Barcelona. Su representación en el consistorio será mínima, si es que existe.
Más realidad: la creciente sensación de alarma no se corresponde a los datos. Si nos atenemos a ocupaciones en Cataluña y en Barcelona, estas han disminuido un 6% respecto al año anterior. Aún más realidad: el barómetro municipal de Barcelona recoge sistemáticamente datos sobre las principales preocupaciones ciudadanas. La última encuesta (diciembre 2022) situaba el miedo a la ocupación de viviendas en una flamante 22a posición.
Esto no implica que el blanqueamiento de Desokupa y el martilleo constante que estamos expuestos no sea peligroso, ya que cuanto más se habla de los peligros de la okupación, menos se habla de lo que sí es un problema de ciudad. El tercero, concretamente: el acceso a la vivienda. Los precios de los alquileres, que ya se sitúan al nivel del salario medio de los barceloneses, expulsan a los ciudadanos de su ciudad. El proceso de gentrificación avanza, y lo hace de la mano del turismo de masas y de la especulación financiera. La denuncia de esta deriva es, por cierto, la razón por la que nacieron los movimientos de okupación.
Por suerte –y también para acabar en una nota positiva–, parece que la sensibilidad (de algunos) partidos respecto a las políticas de vivienda está virando. Incluso Jaume Collboni reniega de la política llevada a cabo en la ciudad de Barcelona durante los años de hegemonía socialista. Entonces, se construían viviendas públicas en régimen de propiedad. Hoy esa idea está obsoleta. La vivienda pública es un bien público que, como tal, debe permanecer en manos del estado. Este es el sentimiento mayoritario de los habitantes de la ciudad, por mucho que les duela en La Vanguardia, en Ana Rosa, y en Desokupa.
Catalunya Plural, 2024 
