Francesc Cambó, una de las personalidades más influyentes de la vida política catalana y española del primer tercio del siglo XX, sufrió al inicio de su larga y contradictoria carrera las mismas ardidas de la baja política que la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Más de un siglo después y pese a encontrarse en las antípodas ideológicas, ambos políticos fueron víctimas de la llamada guerra judicial, práctica más conocida en los últimos tiempos por su denominación anglosajona lawfare y que han estado desarrollando sin tregua en en los últimos años en Barcelona diversas empresas y lobbies que ven amenazados sus intereses a raíz de las transformaciones progresistas que ha estado llevando a cabo el gobierno de coalición municipal encabezada por Colau. Se trata de usar la ley y los jueces para boicotear y, en su caso, derribar y encarcelar, a los políticos que cuestionan los sistemas extractivistas del neoliberalismo. Lo expone con todo detalle y claridad el catedrático de Arquitectura y exconcejal Josep Maria Montaner en su interesante libro Lawfare urbano (Icaria).
En su recomendable biografía Francesc Cambó, el último retrato (Edicions 62), el historiador Borja de Riquer explica que el dirigente de la Liga, durante sus tiempos de concejal del Ayuntamiento de Barcelona, a principios del siglo XX, participó en una campaña destinada a luchar contra la corrupción en el seno del consistorio, a raíz del debate sobre el suministro de gas en la ciudad. Dos empresas, la Catalana de Gas y Electricidad y la Compañía de Gas Lebón, tenían la concesión para todo el municipio. Su principal cliente era el propio ayuntamiento para el alumbrado público. Cuando decidieron subir el precio del combustible en 1900, el Ayuntamiento decidió convocar un concurso público. Curiosamente, sólo se presentó un aspirante, la Compañía Internacional del Gas de Agua, propiedad del doctor Strache de Viena. Este sistema de obtener gas a través del agua obligaba a realizar unas reformas carísimas en las viejas instalaciones de gas. Los concejales catalanistas eran partidarios de la municipalización del servicio, pero empezaron a sospechar que detrás de la propuesta de Strache había intereses poco confesables. Cambó se opuso a la concesión porque las condiciones económicas exigidas lastrarían en exceso el presupuesto municipal, aunque los técnicos del consistorio y algunos diarios respaldaban la propuesta austríaca. No tardaron en haber presiones sobre los concejales catalanistas, mientras se evidenciaba que algunos ediles republicanos estaban vinculados a la empresa Strache, y que ésta pagaba una parte de la prensa barcelonesa (más de un siglo después, hay muchas sospechas similares sobre algunos medios). A los responsables de la Liga les llegó que la compañía estaba dispuesta a repartir un millón de pesetas en sobornos entre concejales y funcionarios.
Cuando se puso la propuesta de Strache a votación del plenario, ganó gracias al apoyo de los concejales dinásticos y republicanos. Sin embargo, los letrados del ayuntamiento detuvieron el acuerdo al encontrar numerosas irregularidades en la adjudicación. La segunda fase de la ofensiva comenzó primero con un intento de soborno a Cambó; después, con varias amenazas, y finalmente a través de una querella judicial por “injurias”, que fue presentada por el exconcejal Josep Samsó (siempre personas interpuestas, como actualmente). El juez encargado de la querella suspendió a Cambó, y dos concejales republicanos aprovecharon a mediados de agosto, que muchos concejales estaban de vacaciones -y Cambó fuera de juego-, para volver a plantear al plenario una nueva propuesta a favor de Strache, que volvió a ganar con muy pocos concejales presentes.
Cambó visitó de inmediato al gobernador civil para denunciar las maniobras corruptas. La gestión fructificó. Un nuevo decreto judicial dejó sin efecto la suspensión de Cambó. La mayoría de los concejales republicanos censuraron las corruptelas de sus compañeros de grupo. Un nuevo plenario municipal rechazó la concesión a Strache. Y, finalmente, fue Gas Lebón quien logró el contrato, y en unas condiciones muy favorables para la entidad.
Hay que añadir que, como señala también el libro de De Riquer, meses después, Lebón financió indirectamente la Liga Regionalista al hacerse accionista de su órgano de expresión, La Veu de Catalunya. Y Cambó se consolidó como una de las jóvenes promesas del catalanismo conservador.