Ya comenzó la temporada de la fruta en Catalunya, particularmente en Lleida, que va de mediados de mayo a finales de septiembre. Es en esta época donde los temporeros llegan a trabajar en los campos fructíferos para hacer florecer tan importante sector como el agrícola. Sin embargo, detrás de esta práctica que aporta económica y culturalmente a la zona, se esconde una realidad cruda y desafiante para los más de 25 mil trabajadores que se enfrentan a condiciones laborales precarias, viviendas inadecuadas y falta de protección social.
La mayoría de los trabajadores son personas migrantes o segundas generaciones de la migración racializadas como no blancas, apunta Llibert Rexach, activista de Fruita amb Justícia Social. Además, señala que son personas nómadas, ya que van de campaña en campaña por del país en busca de trabajo, pero nunca encontrando estabilidad o integración total en un lugar que puedan llamar “hogar”.
El antes y después de la pandemia
Durante la pandemia de COVID-19 se puso el gran foco mediático a este problema, ya que las condiciones a las que se enfrentaban los temporeros provocaron altos niveles de contagio. Para Llibert, esto no resultó nada nuevo, más allá de lo que llevan apuntando desde hace años. “Durante la pandemia dijimos que no era ninguna situación de emergencia, porque esto lleva sucediendo desde hace más de 30 años. Claro, cuando todo el mundo estaba en casa, se dio cuenta que había cientos de personas durmiendo en las calles de la capital de Lleida, pero es que cada verano están. Si en pandemia la gente entiende que nadie puede dormir en la calle, y más la gente que te está trabajando y recogiendo la fruta que te vas a comer, también cuando no hay pandemia”, dice.
La situación excepcional hizo que, por fin, se diera cobertura al tema que afecta a un grupo en estado de vulnerabilidad, que hasta entonces no había sido visibilizado porque, según señala Llibert, se sitúa en una zona rural y “lo que pasa en la ruralidad muchas veces importa poco”. El activista añade que la invisibilidad se da por el prestigio hacia el negocio de la fruta, que es el principal motor económico del territorio. “El hecho de criticarlo, o de ir en contra para pedir derechos, a veces se hace la lectura de que se está criticando este sector tan importante que son los agricultores. Para mejorar esta historia y darles prestigio lo que tenemos que hacer es quitarnos del medio toda la gente que está vulnerando los derechos humanos”.
Este año el panorama es igual
Tras la pandemia hubo mejoras, pero muy pocas, pues los temporeros aún están expuestos a un sistema lleno de carencias que no les permite trabajar y vivir adecuadamente. Ahora, se suma el problema de sequía, que puede complicar más la situación, apunta el activista.
En marzo de este año, la Generalitat de Catalunya reveló que destinará 1’5 millones para la construcción de nuevos alojamientos privados y la ampliación y rehabilitación de los ya existentes para los temporeros. Según el comunicado, la intención es que esta ayuda se siga convocando para las próximas campañas, y dar respuesta a las reivindicaciones que el sector de Lleida lleva planteando para atacar las necesidades de alojamiento de los trabajadores.
Aunque es una propuesta ambiciosa, que anteriormente se había realizado, Llibert destaca áreas a mejorar. Desde la organización Fruita amb Justícia Social, entienden que la ayuda debería ir dirigida, particularmente, a los pequeños agricultores que necesitan el soporte económico para poder construir alojamientos y no cerrar operaciones gracias a las grandes empresas que acaparan el mercado. “Lo que nosotros proponemos es que se ayude realmente a la gente que lo necesite, no al empresario que está ganando miles y miles de euros. En todo caso, esta ayuda se anunció este año, pero aún no se ha puesto en marcha, aún no se han construido alojamientos, así que veremos”.
Todo comienza desde la contratación
Los temporeros tienen una situación de precariedad importante a destacar, asegura Llibert, que sale de todo un sistema incapaz de velar por sus derechos.
Por ejemplo, hay diferentes formas de contratación que juegan un rol en la situación. Las listas de espera por parte de administraciones públicas o de sindicatos agrarios permiten conectar a los trabajadores con los agricultores, dejando a la institución pública o a los sindicatos como intermediarios de las ofertas. Aunque de todas las opciones estas son las más factibles, son las menos utilizadas.
Por otro lado, las empresas de trabajo temporal (ETT) trabajan como intermediarias también, encargadas de gestionar la contratación de los temporeros en las empresas. Sin embargo, estas empresas se quedan con una parte del sueldo de los trabajadores, que es muy bajo, por el servicio que le ofrecen.
Otra opción, que marca Llibert como “la más terrible”, es la de las furgonetas que pasan por las plazas de los pueblos por la mañana buscando trabajadores. “Una imagen típica de muchos pueblos de aquí es la de agricultores que van, con sus furgonetas, a las plazas donde está la gente, y piden quién quiere trabajar”, dice. Aunque la ley estipula que si el trabajador viene de más de 75 kilómetros de distancia se le debe ofrecer alojamiento, esto es ley muerta. En el caso de las empresas de trabajo temporal, no se fiscaliza para garantizar que se ayude a los temporeros con una vivienda.
“Aquí hay un juego que hacen unos y otros. El agricultor dice que no le tiene que dar alojamiento porque él lo ha contratado a través de la ETT que está en Lleida, es decir que no está a más de la distancia. Y es ahí que la ETT dice ‘yo no sé si este trabajador ha venido de más lejos porque ha venido directamente a mi oficina'”, señala el activista. Como consecuencia, cientos de trabajadores viven en la calle.
Aparte del sistema de contratación, Llibert indica que el convenio agrario también es precario. Desde el sueldo bajo, que ronda los siete euros brutos, las 10 a 12 horas laborales sin pago por las extras, y la inestabilidad de trabajar unos días sí y otros no, dificulta adquirir un nivel digno de vida. “Lo perverso que ha creado el sistema es que tienen mucha gente cada verano y cada día esperando a que el día de mañana le den trabajo”, declara.
Al final, los temporeros se encuentran entre la espada y la pared, pues debido a que no tienen empadronamiento en la ciudad donde buscan trabajo, no son elegibles para recibir ayudas que les faciliten su estancia.
Un sistema que no funciona
La responsabilidad siempre es de alguien, y en este caso el activista piensa que la responsabilidad de atender el problema de los temporeros es “de mucha gente”.
En el caso de la administración pública, tienen el deber de fiscalizar que no se estén vulnerando los derechos de los trabajadores, garantizando inspecciones laborales periódicas y eficientes. “Casi no hay inspecciones laborales, hay tres o cuatro inspectores por una campaña que ocupa unos 30 mil trabajadores”.
En adición, el sistema agroalimentario es insostenible, dice Llibert, pues el modelo de tener pocos trabajadores una parte del año y en otra parte triplicar la cantidad de mano de obra se piensa para la exportación “y no para una alimentación sostenible a lo largo del tiempo que tenga campos con diversidad de cultivos, que permitan que los trabajadores puedan generar una cierta estabilidad durante todo el curso”.
Por último, Llibert resalta que la Ley de Extranjería es “puramente racista”, por lo que también necesita cambios que vayan acorde con la realidad que viven los extranjeros en la ciudad.
Fruita amb Justícia Social: 7 años de lucha
La organización nació bajo un contexto en el cual el tema de los temporeros se abordaba desde ejes muy distintos y no interrelacionados. Por un lado, del sector económico se hablaba de la agricultura como un motor potente en la economía, pero no se hablaba de los temporeros. Por el otro, las organizaciones no gubernamentales y sociales atendían a estos trabajadores como personas en situación de vulnerabilidad como personas migrantes sin hogar, olvidando que eran trabajadores esenciales en la agricultura.
“Nacimos con una idea clara, que no vamos a deshumanizar a estos trabajadores. No podemos olvidar que aquí hay una responsabilidad empresarial muy importante, porque no puede ser que sean las ONGs las que estén atendiendo las necesidades básicas de estas personas”, explica.
Desde Fruita amb Justícia Social realizan incidencia política para denunciar las situaciones que ocurren en el campo, y acompañar a los trabajadores en la organización y denuncia. En este sentido, asisten en la traducción de los convenios y explican a los trabajadores que no entienden el idioma cuáles son sus derechos. “Tenemos como objetivo apuntar soluciones que contemplen todas las perspectivas: laboral, antirracista y la social por la pobreza que sufren”, concluye.
Al final, lo que piden para el colectivo de temporeros es acabar con “la contradicción tan bestia” de que quien coge la fruta puede que esa misma noche pase hambre.
Catalunya Plural, 2024 
