El precio del alquiler en Barcelona escalaba hasta los 1.077 euros en el último trimestre de 2022, tres euros por debajo del salario mínimo. Los alquileres han aumentado un 25,7% en la capital catalana, y ciudades como Hospitalet cerraban el año con precios del alquiler de 779 euros, o de 839 en Badalona. Los récords se registraban meses después de que decayera la ley catalana que permitió contener los alquileres hasta que el Tribunal Constitucional la anuló en marzo del pasado año por un recurso del PP. Una regulación que desde el Observatorio Metropolitano de la Vivienda afirman que permitió “contener el precio del alquiler sin implicar una disminución de la oferta” uno de los argumentos contrarios a la regulación de los precios del alquiler. Sin embargo, casi en tiempo de descuento, el Gobierno central ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia, ya en vigor, que permitirá limitar los precios en zonas tensionadas.
El salario para que una persona pueda vivir dignamente en el área metropolitana de Barcelona (AMB) en 2022 aumentó 102 euros hasta los 1.447,49€, según el estudio Actualización del Salario de Referencia Metropolitano 2022 del AMB y desde 2016 , ha ascendido un 38%. El estudio también indica que más de tres de cada diez hogares destinan un 46% de sus ingresos a pagar el piso en el que viven. Un porcentaje que supera la recomendación del Banco de España de no gastar más de un tercio de los ingresos en la vivienda. El Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y el Observatorio DESC apuntan a la brecha entre el aumento de los alquileres y la de los ingresos de las familias. Entre 2000 y 2020 el precio del alquiler en Barcelona aumentó un 136,3% mientras que la renta familiar disponible lo hizo en un 43,5%. En Cataluña, la tendencia es similar: los alquileres han aumentado un 101,6% frente al 33,6% de los ingresos familiares. De hecho, la vivienda, según el último barómetro del Ayuntamiento de Barcelona de 2022, se convertía en la tercera preocupación de los barceloneses. “El Banco de España ya indica que un 50% de las personas que viven en alquiler están en riesgo de exclusión residencial”, afirma Juanjo Ramón, activista de la PAH.
Pero los problemas de acceso a la vivienda se trasladan de Barcelona a todo el AMB. Desde 2017, más de 1,1 millones de personas han tenido que cambiar de residencia por motivos económicos, según un estudio del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB). La percepción de dificultad a la hora de buscar una vivienda ha aumentado del 50,5% en 2017 al 64,3% cinco años después y la movilidad provocada por el cambio de residencia en el AMB ha pasado del 8,8% en 2017 al 28,3% en 2022, lo que desde el movimiento por la vivienda definen como “desahucios invisibles”.
La preocupación por la vivienda llega a ciudades como Sant Cugat, donde un 46,5% de los ciudadanos tiene problemas para acceder a la vivienda o un 68,2% por mantener la situación económica familiar, según Datos Abiertos de Ciudad (DOC) . En la ciudad, un 18,4% sufre una situación de exclusión social (3 puntos más que en 2017), es decir, pobreza; una incapacidad para hacer frente a gastos básicos con recursos propios. Además, un 10,5% de los santcugatenses se encuentra en riesgo de exclusión social.
Un elemento que ha dejado de ser determinante para ser pobre o no es tener un trabajo. Un 60% de los pobres de Sant Cugat tienen trabajo, de los cuales, un 76% trabaja a jornada completa, con especial impacto de los jóvenes de entre 16 y 36 años, de origen extranjero no europeo. Sant Cugat se ha convertido en una ciudad que atrae a rentas altas y expulsa a gente joven y migrada. Mientras la población que proviene de Europa, Norteamérica y Central no para de crecer, los que provienen de África, Sudamérica, Asia y Oceanía hace años que se encuentra estancada y entre 2003 y 2010 fue superior a la del norte. En cuanto a la población de entre 30 y 49 años, lleva catorce años en descenso.
En Santa Coloma de Gramenet el problema no es la falta de vivienda sino el precio. Según la Diputación, la renta bruta familiar en la ciudad es de 1585 euros mensuales, mientras que el precio de la vivienda de venta se sitúa en los 233.000 euros y el del alquiler en 854 euros. Además, el Plan Local de Vivienda (PLH) de 2017 determina que en la ciudad existen 2.717 viviendas vacías, mientras que los habitantes se han reducido en 2.462 personas en los últimos dos años. El Ayuntamiento y el AMB prevén construir 475 viviendas de “protección oficial” y “asequible”, aunque uno de los problemas que arrastra la ciudad es la falta de zonas verdes y equipamientos en una ciudad de elevada densidad poblacional.
La tasa de emancipación juvenil se reduce hasta un mínimo 17%
Los jóvenes son también uno de los perfiles más perjudicados. La tasa de emancipación ha marcado mínimos con un 17% frente al 32% de la media europea. Los datos demuestran que aunque el empleo ha aumentado desde lo peor de la crisis inmobiliaria, la tasa de emancipación no ha hecho más que reducirse. Tener un trabajo ya no es suficiente para emanciparse. La tasa de paro de los jóvenes triplica la de los mayores de treinta años, el salario no llega a la mitad del salario medio y la falta de vivienda pública completa un triángulo que ahoga la posibilidad de irse de casa.
Vivienda pública, una solución a largo plazo
Precisamente, la vivienda pública es la solución a largo plazo, aunque la falta de inversión durante décadas ha provocado que no puedan verse efectos generales hasta dentro de décadas. “En Barcelona, el Ayuntamiento ha realizado una de las mayores construcciones de vivienda pública que yo creo que hemos visto nunca”, afirma Ricard Gomà, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y director del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. De hecho, la alcaldesa Ada Colau ha aumentado el parque de vivienda social en un 50%, aunque con una pandemia de por medio, y tras la crisis de inflación han aumentado las desigualdades pese a la inversión récord en servicios sociales del consistorio.
En los últimos ocho años, el parque de vivienda pública ha ganado 4.068 pisos. Se ha pasado de los 7.500 de Trias a los 11.600 actuales y está previsto que a finales de 2023 lleguen a los 15.000. Sin embargo, los pisos vigentes son insuficientes. En el último mandato 5.000 familias han sido desahuciadas, de las cuales, un 80% estaban de alquiler y a principios de año más de 700 familias esperaban un piso de alquiler social de emergencia, con unas listas de espera que se alargan dos años de media. Pero los esfuerzos del Ajuntament de Barcelona contrastan con la falta de compromiso de la Generalitat. De cada tres pisos que construye el consistorio, el Govern aporta uno. “En los mejores de los casos en los próximos ocho años podremos llegar a las 20.000 viviendas públicas de alquiler social cuando se calcula que la necesidad son 200.000. Por tener una capacidad real de regular el mercado. El Estado debe poner al menos un 20% de alquiler social y en los cálculos más optimistas actualmente estamos en el 4%”, afirma Gomà. Además, asegura que “ya tendríamos el 20% si no se hubiera privatizado la protección oficial, que fue de compra y, por tanto, hoy ya está en manos privadas”, concluye. Desde el movimiento por la vivienda se critica que “en España hay más de 3,5 millones de pisos vacíos de la banca” y defienden que “hay que cederlos para aumentar el parque de vivienda pública mientras se frena el emergencia residencial”, asegura Ramón.
Pero el futuro se plantea más esperanzador. La vivienda pública también ha recibido un impulso en el AMB con la construcción de 1.800 nuevos pisos protegidos en cuyo último mandato 560 han sido de venta y 1.241 de alquiler. Además, en los próximos ocho años existe un compromiso de incorporar 4.500 pisos más de alquiler asequible por un precio máximo de 500 euros. En cuanto a Sant Cugat, el nuevo Plan de Vivienda Asequible prevé la construcción de 1.389 viviendas antes de 2030, que de cumplirse existirán en la ciudad un total de 3.085 viviendas de alquiler, lo que representará un 10% de vivienda asequible en la ciudad.
Primera ley de vivienda
“Hoy, la vivienda determina la vulnerabilidad social como nunca”, lamenta Gomà. Por eso, con la primera ley de vivienda ya en vigor, se pretende cambiar las reglas del juego y garantizar, como dice la Constitución, el derecho a la vivienda. Desde el movimiento de la vivienda no existe mucha confianza en el nuevo marco legislativo. “La ley de vivienda está planteada para que los precios no suban, pero no para que bajen” critica Ramón, que añade que “es una ley que no garantiza el derecho a la vivienda porque los precios continuarán siendo muy elevados”.
El nuevo marco legislativo permitirá, por primera vez que las comunidades autónomas decidan si declaran ciudades como zonas tensionadas, lo que permitiría establecer un tope a precios. Para poder considerarse zona tensionada, es necesario cumplir con uno de los dos requisitos: o que el precio del alquiler o la hipoteca sea superior al ingreso medio de los hogares o que el precio de la vivienda haya acumulado un mínimo del 3 % superior al IPC de la comunidad autónoma en concreto. La ley también establece límites en la actualización de los precios del 3% en 2024 y la creación de un nuevo índice de referencia para 2025 que sustituirá a la actualización en base al IPC. En 2023 se mantendrá el límite del 2%. Por otro lado, los gastos de la gestión inmobiliaria, que hasta ahora recaían sobre los inquilinos tendrán que ir a cargo del propietario. Gomà, sin embargo, advierte que “la ley por sí sola no solucionará nada, aunque crea algunas condiciones de posibilidad, pero debe ir acompañada de políticas públicas”.
Dos semanas después de que haya entrado en vigor, la Generalitat ya ha aprobado empezar a definir las zonas tensionadas para limitar sus precios. Para el Govern, la finalidad de limitar los alquileres es “poder conseguir una vivienda digna a un precio razonable”, ya que considera que “muchos ciudadanos dedican un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca”. La declaración de zonas tensionadas es el paso previo a establecer el tope en los precios del alquiler que estarán vigentes durante tres años, revisables anualmente. Para agilizar el proceso, el Ejecutivo catalán solicitará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “reanudar el índice catalán de referencia del precio de alquiler” que está “actualizado y operativo, pero es inaplicable por la suspensión de la ley catalana de contención de los alquileres por el Tribunal Constitucional”.
Catalunya Plural, 2024 
