Artículo sexto. Número segundo: A los homosexuales [sic], rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:
a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales [sic] sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.
b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.
El 15 de julio de 1954, se modificó “la Gandula”, conocida de manera oficial como Ley de Vagos y Maleantes. Esta normativa franquista vigente desde el 1933, se moldeó para poder reprimir de manera explícita al colectivo LGBTI. Si bien los avances desde aquel momento son cruciales, algunos “detalles” como la prohibición de las llamadas “terapias de conversión” no han llegado hasta prácticamente este año.
La asunción de derechos desde la democracia
Amnistía Internacional manifiesta que la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, conocida como la Ley Trans, junto a leyes LGBTI autonómicas, han hecho posible que España esté posicionado como cuarto país europeo en derechos LGBTI, según datos de ILGA-Europa. Cabe recordar que la democracia española es reciente, y que hasta 1978 la “caza” del homosexual era más norma que excepción, puesto que serlo era delito.
España está posicionado como cuarto país europeo en derechos LGBTI
No sería hasta 1995 que la llamada Ley de Peligrosidad Social ―herencia de la Ley de Vagos y Maleantes― no se derogaría del todo, dando paso a un avance crucial para los derechos LGBTI en las puertas del s.XXI. Tan solo una década después, en 2005, llega la aprobación del matrimonio homosexual bajo gobierno de Zapatero y con el gran impulso del político Pedro Zerolo. En ese momento, el cambio de paradigma encadena una serie de nuevos derechos cada vez más relevantes y más seguidos, cambios que van de la mano con los cambios sociales respecto al colectivo.
En 2007, empezaría a tomar forma la inclusión legislativa para las personas trans, puesto que se aprobaría una normativa que permite el cambio de casilla de sexo legal en el Registro Civil. Eso sí, la patologización trans se atisba en esta ley, puesto que para ello se requería un diagnóstico de disforia de género y llevar dos años en hormonación.
En ese momento, el cambio de paradigma encadena una serie de nuevos derechos cada vez más relevantes y más seguidos
Pedro Zerolo falleció en 2015, pero su figura en los derechos del colectivo en España se vería homenajeada en la “ley Zerolo” del 2022 que busca el fin de la discriminación, una regulación que junto a la Ley Estatal LGBTI el mismo mes establece un esquema unitario de los derechos del colectivo, además de puntualizar nuevos elementos específicos para las personas trans.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) constata en la encuesta “Estado LGTBI+ 2023” que entre 283.000 y 325.000 personas LGBTI+ fueron víctimas de agresiones por motivo de su orientación o identidad sexual en los últimos cinco años. Estas cifras llegan en un clima de polarización por dónde por un lado, la aprobación de la Ley Trans se convierte en adalid para muchas personas ―sobre todo las trans―, y por otro, la extrema derecha promueve la prohibición de banderas LGBT en edificios públicos. Avance y retroceso caminan en paralelo.
Ley Trans, despatologización del colectivo
La Ley Trans, aprobada este año, supone un gran paso en la despatologización de las personas trans: se elimina la hormonación obligatoria y los diagnósticos psiquiátricos para la autodeterminación de género, además de rebajar la edad y poder hacerlo con 16 años. Los menores de entre 14 y 16 años podrán ejercer este derecho acompañados por sus padres o tutores legales, y los comprendidos entre los 12 y 14 con autorización judicial.
Un gran paso en la despatologización de las personas trans
Respecto a las personas intersexuales, esta normativa les brinda visibilidad y protección, puesto que queda prohibida la modificación genital que, en el caso de los menores de entre 12 y 16 años, solo se permitirá si la persona lo solicita y se constata que tiene capacidad para tomar esa decisión. Se termina así con la normalización de intervenciones médicas en personas con variaciones de las características sexuales siendo menores y sin tener en cuenta su opinión una vez ya teniendo conciencia y madurez. Supone un antes y un después en la despatologización de las personas intersexuales.
También llega con esta normativa la prohibición de las “terapias de conversión”, y las madres lesbianas y bisexuales podrán inscribir a sus hijos sin la obligación de estar casadas, además de tener garantizado el acceso a técnicas de reproducción asistida. Para que las instituciones estén preparadas para todos estos cambios, se promueven programas de educación sexual y reproductiva, con especial énfasis a la inclusión en todas las etapas educativas de la diversidad sexual y de género. Profesorado y personal sanitario serán primordiales en la sensibilización con el tema, además de que se incluirán acciones positivas para el colectivo también en el ámbito laboral.
Catalunya Plural, 2024 
