El resultado de las elecciones autonómicas del pasado 28M configuró unas nuevas mayorías en las Corts Valencianes y en muchos ayuntamientos. En la Comunidad Valenciana, la suma del Partido Popular y de VOX supone una mayoría suficiente para formar un gobierno bipartito en la Generalitat. Para realizar el tándem, sólo unos días después de las elecciones pactaron un documento que incluía el reparto de cargos y 50 medidas que abrazaban todas las áreas. El partido de ultraderecha asumirá una vicepresidencia primera con las competencias de la Conselleria de Cultura y las conselleries de Agricultura, Justícia, Interior y Governació, además de la presidencia de las Corts Valencianes.
Entre las 50 medidas acordadas, se dedica un apartado a Educación y Lengua que contempla el viejo ideario de la derecha española, resumido en seis puntos genéricos que indican claramente cuál será su acción de gobierno en estos dos ámbitos. El punto 27 lo deja claro: Garantizaremos la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Este apartado nos retrotrae a la negociación de la Constitución española de 1978 y a la LOECE de 1980, a las movilizaciones de la derecha educativa, política y sindical de los años ochenta, a las diversas leyes educativas que impulsaron a espaldas del profesorado en los últimos cuarenta años o en sus actuaciones en el gobierno español con Esperanza Aguirre, M. Rajoy, Pilar del Castillo, José Ignacio Wert o Íñigo Méndez de Vigo. Las muestras de poder les sirvió para implementar políticas neoliberales en educación y sanidad durante varias décadas en territorios como la comunidad autónoma de Madrid o la Comunidad Valenciana. En nuestro país, la derecha española gobernó durante veinte años consecutivos, desde 1995 al 2015, y aplicó, decididamente, estos principios que defendían y defienden y que definen a la perfección su ideario para el futuro gobierno de la Generalitat.
A la postre, en la anterior etapa de gobierno conservador, un objetivo suyo, declarado públicamente, fue favorecer la enseñanza privada por encima de la enseñanza pública, por otra parte, acomodado en un espacio alejado de la subsidiariedad provisional. Entonces hablaban, y siguen hablando, de complementariedad de ambas redes, pero la trampa estaba lanzada: aprobaron el Mapa Escolar, el arreglo escolar para la planificación educativa, el distrito único en la matriculación, la concertación de enseñanzas no obligatorias como la Educación Infantil o el Bachillerato, la ocupación, por parte de la Administración, del Consejo Escolar Valenciano, la negativa a ceder suelo público para la construcción de centros públicos, especialmente en las grandes ciudades y, en cambio, propusieron la creación de centros privados en terrenos públicos (CIS), así como el apoyo a la puesta en marcha de diversas universidades privadas. Estas medidas no favorecían en absoluto a las familias y al alumnado. Se produjo, además, una involución de la enseñanza en valenciano, los centros sufrieron recortes de prestaciones y plantillas y el profesorado vio rebajado su salario en 2008.
En la anterior etapa de gobierno conservador, un objetivo suyo, declarado públicamente, fue favorecer la enseñanza privada por encima de la enseñanza pública
Toda esta política favoreció un rechazo inmediato de la Comunidad Educativa valenciana mediante la convocatoria de numerosas movilizaciones lideradas por la Plataforma por la Enseñanza Pública, que agrupaba a asociaciones de padres y madres, sindicatos estudiantiles, movimientos de defensa de la lengua, asociaciones de las direcciones de los centros, sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza… Cada una de las protestas contra la política educativa conservadora del Consejo de la Generalitat fue clave para poder detener parte de sus pretensiones. Cabe destacar, además, que la presión posibilitó acuerdos para mejorar las plantillas, condiciones laborales y salarios del personal que trabajaba en los centros educativos.
La llegada del Botánico al Consell en 2015 dio la vuelta a la política educativa y lingüística en el País Valencià. A lo largo de los ocho años de gobierno botánico se han ido revirtiendo una parte importante de las medidas implementadas por el Partido Popular y se han aplicado nuevas para mejorar las heridas provocadas en la enseñanza valenciana. En algunos casos ha habido consensos entre la Comunidad Educativa y la Conselleria d’Educació y, en otros, desacuerdos con las medidas aprobadas. Veámoslo.
En materia lingüística se ha aprobado la Ley de Plurilingüismo que, por otra parte, no satisface las expectativas, al poner al mismo nivel la enseñanza de una lengua extranjera con la propia del País Valencià y que ha hecho retroceder el uso del valenciano en materias donde se utilizaba esta lengua para poder cumplir con los porcentajes previstos en la ley. Por otra parte, se aprobó el decreto que regula la Oficina de Derechos Lingüísticos y el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat y se ha constituido el Consejo Social de las Lenguas.
El nivel de odio y rechazo a la lengua les hace ver fantasmas
Además, la nueva Ley de la Función Pública Valenciana, aprobada en 2021, contemplaba la aplicación de la competencia lingüística para el acceso a las administraciones públicas valencianas. Una regulación que debía llevarse a cabo mediante un reglamento, presentado en 2022, pero que se ha quedado sin efectos porque no llegó a aprobarse en la pasada legislatura. Todo este beneplácito lingüístico incomoda a la derecha, la ultraderecha y las entidades afines ideológicamente, de modo que levantaron la voz y consiguieron sentencias favorables, en algunos aspectos, en los tribunales de justicia. En cualquier caso, siempre ha habido una amenaza: la derogación de todos estos decretos cuando gobernaron. Ahora han llegado a la absurdidad de pedir la derogación del requisito lingüístico en las administraciones públicas cuando no se ha aprobado su regulación. El nivel de odio y rechazo a la lengua les hace ver fantasmas. Por el contrario, lo que sí está en vigor es lo que se aplica para acceder a los cuerpos docentes. Se trata de una norma que fue aprobada por el conseller del Partido Popular Manuel Tarancón, en 2002, que está consolidada y que no ha generado ningún problema en los veintiún años de vigencia.
Si retomamos la polémica Ley del Plurilingüismo, debemos decir que el gobierno de derechas tiene previsto modificarla para garantizar, según afirman, la libre elección de la lengua vehicular por parte de las familias. Lo que quiere decir, reducir la presencia del valenciano en el sistema educativo e impedir que sea la lengua vehicular, tal y como recomiendan todas las personas expertas. En cuanto a la Oficina de Derechos Lingüísticos, los incomoda y tienen previsto deshacerse de ella para desentenderse de las vulneraciones lingüísticas que sufrimos, más aún en un momento en que las discriminaciones a las personas valencianohablantes han aumentado considerablemente. Por ahora, los portavoces de los partidos que configurarán el próximo Consell de la Generalitat se han conjurado para dejar sin efectos diversas normas que regulan el Uso y la Enseñanza del Valenciano (LUEV). Lo hacen, según dicen, para garantizar esa fantasía política que repiten constantemente al afirmar que el castellano está discriminado en la Comunidad Valenciana, cuando la realidad es la contraria. El castellano es la única lengua que tiene todos los derechos garantizados, mientras que la lengua minorizada es el valenciano, discriminada y atacada, ahora también desde las instituciones valencianas. Habrá, pues, que estar al acecho para ver cuáles son sus primeros pasos cuando forman gobierno y actuar en él.
Lo que realmente quieren es recortar las libertades, tanto de los centros educativos como del profesorado, y controlar ideológica y políticamente el sistema educativo
Las declaraciones realizadas y el acuerdo de las 50 medidas son inquietantes. Lo que anuncian es la vuelta al pasado, a las políticas llevadas a cabo durante los veinte años de gobierno conservador en la enseñanza. Es cierto que también han introducido medidas como el pin parental, que tanta polvareda propagandística provocó sin éxito. Lo volverán a intentar, aunque no lo mencionen. Efectivamente, la medida 28 dice: los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares, y la 29 la complementa: reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos. No dicen, aunque lo saben, que todas las actividades que se realizan en los centros deben ser aprobadas por sus órganos de gobierno, en algunas de las cuales están representadas las familias, y que la Administración educativa las supervisa. Además ignoran intencionadamente que la Constitución española, que dicen defender, prevé la libertad de cátedra. Lo que realmente quieren es recortar las libertades, tanto de los centros educativos como del profesorado, y controlar ideológica y políticamente el sistema educativo, como quería hacer el ministro José Ignacio Wert con su LOMCE, que los órganos que les rijan sean meramente consultivos y que, lejos de una inspección que quisiéramos pedagógica, sea censora del profesorado e impida a la vez la formación de personas libres y críticas.
En definitiva, la mercantilización de la enseñanza y la potenciación de la red educativa privada son objetivos que quieren llevar a cabo bajo la engañosa repetición de la palabra “libertad” que tanto usan, pero que practican muy poco. Para colmo, pretenden una medida muy llamativa: establecer una ayuda a las familias para comprar los uniformes escolares que son un elemento exclusivo de la red privada. En resumidas cuentas, es la medida perfecta para potenciar las clases acomodadas y para borrar las diversidades personales y lingüísticas que tanto les incomodan. Sí, en la Comunitat Valenciana hemos sufrido su política durante veinte años, un reflejo similar a los efectos producidos en sanidad y educación en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahora, con las amenazas escupidas y pronto esculpidas, debemos blindar el derecho a la educación pública valenciana, democrática, gratuita, laica, coeducadora, científica, inclusiva y equitativa, en la que todos los estamentos educativos participan en el diseño de la política educativa, donde la gente que trabaja tenga unas buenas condiciones laborales y salariales, y que el nuevo gobierno cumpla con todos los compromisos acordados con la comunidad educativa y los sindicatos, durante las legislaturas anteriores. Si se niegan, que es lo más probable, habrá que hacer frente a sus políticas y volver a reivindicar que no se toque ni un solo derecho humano. Ahora y siempre, defenderemos también la educación pública que queremos.
Catalunya Plural, 2024 
