Se inicia la cuenta atrás para el intento de formar gobierno de Alberto Núñez Feijóo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijó el debate de investidura y la votación en la Cámara Baja para los días 26 y 27 de septiembre próximos. Si el líder del PP no logra reunir los apoyos requeridos en ninguno de los dos intentos disponibles, como es previsible, se le otorgarán al Rey dos meses adicionales para explorar las opciones de Pedro Sánchez. Su opción, entonces, llegaría durante la segunda o tercera semana de octubre, lo que significa que el debate de investidura de Sánchez tendría lugar en la semana del 16 al 22 de octubre, después del Día de la Fiesta Nacional. En caso de que el socialista también fracase en su investidura, se programarían nuevas elecciones generales para el 14 de enero del próximo año.
La tarea de formar gobierno se presenta complicada debido a la compleja aritmética que surgiría de los resultados de las elecciones generales en España. A pesar de que el PP ganó en las elecciones, la suma con Vox no es suficiente para garantizar una mayoría. Por otro lado, el bloque de la izquierda obtuvo 152 escaños, y si se suman los escaños de partidos como ERC, EH Bildu, PNV y BNG, aún no alcanzan una mayoría sólida, quedando en un total de 171 escaños. La clave para la investidura — a nadie se le escapa—, pasa por el voto favorable de Junts per Catalunya, quienes no han aceptado negociar con el PP de Feijoo, pero buscan “vender” su apoyo al candidato socialista a cambio de un gran acuerdo de amnistía. Esta es una línea roja conjunta del independentismo, llave de vuelta para darle la vuelta al reloj del Procés diez años y permitir, entre otras cosas, la vuelta a Catalunya de Carles Puigdemont.
Tanto el PSOE como Sumar, pero también el PNV, parecen remar para llegar a buen puerto. Pero el camino está lleno de trabas.
El PSOE permitirá el uso de las lenguas cooficiales en el pleno del Congreso este mismo martes, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha delineado una estrategia para que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos como lenguas oficiales de la UE. Si bien la primera se podrá implementar sin mayores problemas más allá de las quejas de la derecha política y de alguna de las “viejas glorias” socialistas como Felipe González o Nicolás Redondo —expulsado de militancia recientemente en un gesto decididamente valiente de Pedro Sánchez—, conseguir que el catalán sea una lenga oficial del Parlamento Europeo se antoja un objetivo complicado de alcanzar debido al escepticismo que muestran algunos estados miembros como Suecia, Alemania o Francia. Llegue tarde o temprano (el gaélico tardó 17 años en convertirse en lengua oficial de la UE), el gesto socialista parece reafirmar su voluntad de llegar a un acuerdo “histórico”. Son bien conscientes que de ello depende la única posibilidad de que el PSOE se mantenga en el gobierno.
Sumar también se ha movido lubricar el pacto que conseguiría reeditar el pacto de con los socialistas. Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont el 4 de septiembre en otro gesto simbólico de vital importancia para la “normalización” de las relaciones con Junts per Catalunya y, especialmente, con el expresident, que ya lleva seis años alejado de su tierra natal. También el PNV parece querer mover ficha y aprovechar para rehacer puentes con la derecha nacionalista catalana de Junts después de la ruptura en las relaciones entre Puigdemont y Andoni Ortuzar en 2017 con la primera visita del presidente de los nacionalistas vascos a Waterloo en seis años.
De todos los factores que pueden entorpecer el pacto, el interno parece el más imprevisible y, consecuentemente, difícil de gestionar. El “retorno” de Puigdemont eclipsa a ERC, que ve con recelo que ahora sea Junts quien se apropie de las etiquetas de “negociadores” y “responsabilidad de Estado”, cuando ellos ya llevan un par de años reivindicando su capacidad de cerrar pactos concretos con el Estado que beneficien a los y las catalanas.
Como en todo este giro recientes de los acontecimientos desde las pasadas elecciones, el calendario electoral y las expectativas de llegar al poder son los dos verdaderos factores reales de la ecuación. En los dos últimos comicios (elecciones municipales de 28 de mayo y elecciones generales de 23 de julio), los republicanos descendieron notablemente en el número total de votos, instalando, de nuevo, los viejos complejos de los republicanos respecto del antiguo espacio convergente. Aunque las elecciones al gobierno de Catalunya no deberían celebrarse hasta febrero de 2025, el nerviosismo crecerá inevitablemente en las filas de los republicanos si el sorpasso de Junts empieza a materializarse en las encuestas, por lo que no sería descabellado que Pere Aragonès, que gobierna con tan solo 33 de los 135 diputados del Parlament, plantee la idea un adelanto electoral.
Por ahora, sin embargo, reina una calma tensa. El calendario pesa, ciertamente. Pero también pesa la posibilidad real de encauzar el conflicto entre Catalunya y España, aunque sea por un corto período de tiempo.
Catalunya Plural, 2024 
