Este es un hito significativo, ya que es la primera vez, desde la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, que el Ministerio Público apoya la investigación de crímenes relacionados con la dictadura.
Dolores Delgado, quien ahora ocupa el cargo de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, desempeñó un papel importante en este cambio de posición. La nueva figura fue creada por la norma aprobada en la legislatura anterior.
En su informe inicial en junio, la fiscal de Barcelona había recomendado que se rechazara la admisión a trámite de la denuncia, utilizando argumentos que durante décadas habían sido una barrera para las víctimas de la dictadura en los tribunales. Estos argumentos se basaban en que las torturas habían prescrito y que no se podían investigar debido a la Ley de Amnistía de 1977.
Vallejo fue detenido por los grises en diciembre de 1970, en la puerta de su casa. Como explicó en una entrevista en CatalunyaPlural: “Yo era delegado sindical, negociaba convenios… actividades que hoy en día son legales. En ese momento, sin embargo, me pidieron una petición fiscal de 22 años por delito de asociación, reunión y propaganda ilegal. Yo era trabajador de la SEAT, una empresa muy conflictiva y luchadora, por eso les interesaba mucho desmantelar toda la organización clandestina. Nos torturaron para poder sacar información para acabar con la fábrica más grande de España, porque les preocupaba que cada vez que empezábamos una huelga había un efecto contagio.”
La omisión de la fiscal de mencionar la nueva Ley de Memoria Democrática causó sorpresa y descontento tanto en Carles Vallejo como en los grupos de víctimas, así como en la Generalitat, que se unió como acusación en el caso.
Las víctimas habían visto en la nueva ley, aprobada en 2022, una oportunidad para al menos investigar las torturas sufridas por su activismo contra la dictadura.
La denuncia de Vallejo, dirigida contra seis policías franquistas por torturas y crímenes contra la humanidad, tiene un fuerte simbolismo, ya que las torturas ocurrieron en la comisaría de Via Laietana, conocida como la ‘casa de los horrores’ por los grupos antifranquistas. Varios entidades y partidos desean que este lugar, que ahora alberga la Jefatura de la Policía Nacional en Cataluña, se transforme en un memorial de la dictadura.
La relevancia de la nueva postura de la Fiscalía radica en que es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia a favor de investigar los crímenes franquistas desde la aprobación de la nueva ley, lo cual representa un cambio significativo frente a la tradicional negativa de los tribunales a esclarecer los crímenes cometidos por la policía y los funcionarios del régimen.
La Fiscalía de Barcelona subraya que la reciente Ley de Memoria Democrática impone la “obligación de llevar a cabo investigaciones” sobre las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la Guerra Civil y la era franquista.
Basándose en esta nueva legislación y tras examinar los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, la Fiscalía llega a la conclusión de que no se debe desechar de manera inmediata el caso, como se había propuesto en julio. En cambio, se considera necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos y su contexto antes de tomar una determinación sobre la continuación del procedimiento legal.
En su reciente informe, la Fiscalía también hace hincapié en la “responsabilidad de asegurar no solo el acceso a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
Catalunya Plural, 2024 
