Se habían reunido poco más de dos horas y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España salía satisfecho. En la reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Generales de la UE del martes 19 de septiembre de 2023, el ministro José Manuel Albares informaba a todos que “el número de hablantes del catalán supera algunos idiomas, ya oficiales, de la Unión Europea. Concretamente, es hablado por más de 10 millones de personas, lo que supone estar entre los 15 primeros idiomas de la Unión en número de hablantes”. Ningún estado miembro vetó la propuesta. Algunos pidieron más tiempo para analizar el desarrollo e implementación, pero sobre todo empezar el camino hacia la oficialidad del catalán.
Deberíamos echar un vistazo a la diferencia entre lengua minoritaria y lengua minorizada. Aunque van de la mano, la diferencia está en la demografía. En la primera definición, entraría el vasco. Según el estudio “Linguistic and cultural diversity – Minority and minoritised languages as parte of European linguistic and cultural diversity ” de la Universidad de Bolzano, publicado en el centro de estudios del Parlamento Europeo, una lengua minoritaria es la de un “grupo de ciudadanos de un Estado, que constituye una minoría numérica y en una posición no dominante en este Estado, dotados de características étnicas, religiosas o lingüísticas distintas a las de la mayoría de la población, con un sentido de solidaridad entre ellos, y motivada, aunque sea implícitamente, por una voluntad colectiva de supervivencia”.
Aquí podríamos incluir el catalán, también, a menos que incluya su fuerza demográfica y la “característica definitoria de existencia de un desequilibrio de poder social” entre esta lengua y el idioma dominante en España, Francia, o Italia. En resumen, una lengua minorizada es menos hablada que la dominante, es lo suficientemente fuerte como para mantener un número suficiente de personas para mantenerla pero lo suficientemente débil como para estar en igualdad de condiciones con la dominante. Algunos dirán que el catalán es tanto una lengua minoritaria como minorizada. Otros, que es más minorizada que minoritaria. La realidad es que no es oficial en la Unión Europea y esto se debe resolver.
El martes 24 de octubre 2023, en principio, el Consejo de Asuntos Generales de la UE volverá a reunirse. Aún está por saber si habrá el punto en el orden del día de incluir el catalán como vigésimo quinta lengua oficial de la Unión, mediante la reforma del Reglamento 1/1958.
El President Puigdemont recordó el mismo martes 19 de septiembre que Junts no afloja en su demanda: “No queremos esperar demasiado, porque ya hemos esperado lo suficiente”. Una demanda de la que se beneficiarían todos los hablantes de catalán: desde una persona nacida en Valencia, a una persona que quiere aprenderlo por la curiosidad que siente cuando escucha la musicalidad de esta lengua, o una persona que la debe aprender por necesidad familiar y/o profesional.
Parece que España está siendo miembro representante de Cataluña, o mejor dicho, de la lengua catalana. Algo que hubiera tenido que hacer desde 1986 (año del acceso de este país, y de Portugal, a la comunidad europea), pero que por dogmas castellanocéntricos nunca ha querido hacer. Y se nota que, aún ahora, le cuesta.
La inclusión del catalán es tan necesaria por la supervivencia de este idioma como absolutamente normal por una lengua hablada tanto como el sueco, o el checo. O el portugués en Europa. Un estado europeo la tiene como idioma oficial (Andorra), y por tanto oficial en la ONU. Y otros tres estados miembros tienen comunidades catalanohablantes. Es natural que sea España, el estado miembro con el 95% de estos hablantes, quien deba defenderlo. La ministra francesa dijo: “Vamos a ayudar a España a acomodar esta demanda”.
Y esta demanda no sólo es política, en el sentido de que está en manos de personas que trabajan en las administraciones públicas, o son políticos profesionales, o diputados, o concejales. Es una lengua tan hablada, y tan querida, que puede disfrutar de la defensa de organizaciones sin ánimo de lucro como la Plataforma per la Llengua. Es quizás ésta, y no la Generalitat o ningún otro partido, quien ha estado liderando la insistencia, con una campaña de relaciones públicas profesionalizada (la Say Yes) y que ha llamado a todas las puertas de todas las embajadas de los otros veintiséis estados miembros.
Por un lado, esto nos dice mucho de cómo somos, los catalanes: tendemos a auto-organizarnos en asociaciones sin ánimo de lucro, con objetivos muy definidos, porque nos gusta rehuir de las instituciones públicas establecidas: la Generalitat ha ido de remolque del empuje sostenido por la Plataforma per la Llengua y las negociaciones entre PSOE–Sumar y Junts. Y en este caso, Generalitat es sinónimo de ERC que, cabe recordar, gobierna con gran debilidad parlamentaria en Catalunya. Esta debilidad tiene efectos perversos, y quizás incluso no deseados, como la debilidad al liderar una demanda nacional de primera magnitud en defensa de la lengua propia.
Junts sólo debe seguir el sistema de las famosas cuatro P del Barça de Xavi: debe mantener su posición; no debe aflojar en la presión; debe tener la posesión del relato (que la tiene desde el 17 de agosto, al menos en Catalunya); y debe saber tener suficiente percepción del momento como para comprender cuándo quitar vapor y cuándo no. El vídeo del President Puigdemont, valorando el resultado de la reunión de Albares con sus colegas ministros, es buena prueba de ello.
Cabe remarcar lo que comentaron algunos de los ministros antes de entrar en la reunión del Consejo de Asuntos Generales del martes 19 de septiembre. La ministra croata siguió el guion: su país está en consonancia con la diversidad multilingüe de la Unión pero hay que tener en cuenta la hucha. El croata lo hablan aproximadamente 7 millones de personas. Y es la última lengua que entró en el Reglamento 1/1958, en 2013, con una reforma consecuente del presupuesto de la Unión.
Seguimos con la rueda de los ministros de ese día. La ministra sueca se mostró seria, manteniendo la partitura. “Escucharemos la propuesta de la presidencia del Consejo (España) pero necesitamos respuestas sobre el gasto financiero que comportará”. Lo mismo dijo el ministro finlandés, en catalán, incómodo como los demás colegas. ¿Cómo decir que no a una lengua más hablada que el finlandés (5 millones) o tanto como el sueco (10 millones)? Por último, el ministro irlandés mantuvo el signo “de los costes”, pero recordó que su estado miembro pidió incluir el gaélico como lengua oficial y que, por tanto, Irlanda puede ser considerada un precedente para que España pida incorporar el catalán.
“El catalán, vale. Olvídate de las otras dos”, debió de ser el sentimiento general de los ministros, ese martes. Por eso no vetaron la propuesta, sino que pidieron a España que la rebajara y se centrara en la lengua “regional” hablada tanto o más que una decena de lenguas ya oficiales. E incorporo dos P más: con un poco deprisa, y sin pausa, antes de finales de 2023, la consecución de esta inclusión sería el gran legado, histórico, de la presidencia española del Consejo 2023. Al fin y al cabo, lo que estamos intentando alcanzar es ampliar la presencia del catalán: hoy sólo está presente en el Comité de las Regiones. En los próximos meses, debe estar presente en todas las demás instituciones europeas a través del Reglamento 1/1958.
Dicho esto, hay que tener en cuenta cómo funcionan las lenguas oficiales en la UE. Tres son institucionales, o de trabajo: inglés, francés, y alemán. Todas, absolutamente todas, las leyes, comunicaciones, recomendaciones, notificaciones, y otros tipos de documentos, se producen en inglés, y después se traducen directamente a francés y alemán.
Y después en las otras 24 lenguas. Pero ¡cuidado! En la Unión hay de facto una jerarquía lingüística que proviene, naturalmente, de la fuerza de cada una de estas lenguas: no es lo mismo el castellano (48 millones en Europa) o el italiano (60 millones) que el maltés, o los tres idiomas bálticos. Esa jerarquía se ve en la práctica: en la interpretación. De jure, son todas iguales gracias al ya famoso Reglamento 1/1958, pero la realidad jurídica se adapta a la realidad de la calle.
En la interpretación existen lenguas activas o pasivas. En las primeras, el hablante catalán podría hablar catalán y recibir interpretación en catalán cuando un hablante holandés hablara. En este régimen activo, existe cabina de interpretación de la lengua. En el Parlamento Europeo se pueden ver muchas cabinas en todas las aulas de comisión parlamentaria, y en el plenario: EN (inglés), FR (francés), ES (castellano), EL (griego), NL (neerlandés). El catalán sería CA.
Es justamente esto lo que se pide para el catalán: régimen activo. Traducción e interpretación completa. Como el checo o el sueco, que tienen régimen activo en casi todo. Sólo ocurren en el otro régimen, el pasivo, por ejemplo, cuando en una comisión parlamentaria no hay eurodiputados checos. En este caso, por tanto, no hace falta interpretación desde y hacia el checo. Esto ocurre, también, con todas las lenguas oficiales, menos con las tres institucionales, o el inglés.
Según una infografía de la Comisión Europea, en 2022 se gastaron unos 355 millones de euros en concepto de traducción e interpretación, incluyendo organización de eventos, formación, subcontratación… En la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea existen siete direcciones: tres de ellas poseen siete unidades cada una, una unidad por lengua. Una cuarta está dedicada sólo por las tres lenguas de trabajo (inglés, francés, alemán). Las personas que trabajan en la DGT son o bien funcionarios o trabajadores contratados. Muchos son lingüistas legales (lawyer-linguists). Además, como con otros muchos servicios de la Comisión, y debido al ingente alud de textos que hay que traducir en todas las lenguas oficiales, la DGT subcontrata servicios de traducción. Ahora mismo está el contrato TRAD 23. Se hace uno cada año. Todos los traductores utilizan un software llamado eTranslation, y después hacen una edición o revisión humana posterior. En total, en la DG Translation trabajan unas 2014 personas y es una dirección general que depende administrativamente del comisario Johannes Hahn, austríaco, que gestiona también las DG de recursos humanos (DG HR) y presupuesto (DG Budget).
El catalán es una lengua latina cercana al francés, al italiano, al castellano, portugués, y rumano. Sería la sexta lengua latina oficial de la Unión. Los intérpretes y traductores que se especializan en algunas de ellas lo tienen muy fácil para abrazar a todas las demás, ya que normalmente también se interesan por su lengua madre, el latín. Por eso también es más fácil incluir el catalán: no sólo porque se habla por 10 millones de personas, sino que, gracias a ello, existen suficientes recursos humanos de profesionales preparados en traducción e interpretación que pueden utilizarla sin problemas, incorporándola a su abanico de idiomas de uso. Sólo hace falta voluntad política.
La inclusión de nuevas lenguas oficiales fue mencionada también por la Presidenta Ursula von der Leyen el miércoles 12 de septiembre de 2023, cuando dio su discurso anual sobre el estado de la Unión en el pleno del Parlamento Europeo. Habló de la inclusión de nueve estados miembros en la UE en estos próximos diez años: Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Ucrania, y Moldavia. El primer país de esa lista tiene un idioma muy parecido al búlgaro. El segundo, el tercero, y el cuarto hablan lo mismo que Croacia, pero lo escriben con diferentes alfabetos dependiendo del país y de la religión cristiana que profesan (cirílico por los países cristianos ortodoxos como Serbia, y latín por los países cristianos católicos como Croacia). El ucraniano ya se ha incorporado en algunas traducciones e interpretaciones para hacer soft power eurócrata hacia Ucrania, que ahora sufre la invasión salvaje de Rusia. Y en Moldavia hablan una lengua que ya es oficial: el rumano.
Con esto queremos remarcar que la inclusión de nuevas lenguas oficiales es un tema que toca, al mismo tiempo, las presiones geopolíticas a las que está abocada, por geografía, la Unión. Si entran lenguas como el montenegrino o el normacedonio, que son variantes del serbocroata y del búlgaro respectivamente, entonces ¿por qué no puede estar el catalán? Si el ucraniano ya se utiliza de facto en algunas traducciones e interpretaciones, por motivos justificadamente geopolíticos, entonces ¿qué debe hacer la comunidad catalanohablante? ¿Pedir tener un estado miembro propio que tenga el catalán como idioma oficial? Esto es lo que España, por fin, parece estar haciendo por necesidad aritmética dentro del parlamento español, no por convicción (si hubiera tenido convicción, ahora no estaríamos haciendo este artículo, y no existiría esta demanda).
Ahora toca que el catalán sea la 25ª lengua oficial de la Unión. No es una lengua minoritaria como el vasco o el gallego, que algunas escuelas filológicas consideran lo mismo que el portugués (y que, por tanto, ya sería oficial de facto en la UE, si hacemos caso de estas escuelas). La convicción española de que el catalán es una lengua pequeña frente al mamut lingüístico español (los famosos 400 millones de hispanohablantes esparcidos por todo el planeta, la gran mayoría en el continente americano) proviene de la jerarquización madrileña de su idea de España: primero, el castellano; después, todo lo demás. Primero, España; después, la periferia. Lejana y a veces incomprensible para la cosmovisión madrileña, donde el centro de la península es la península misma, la periferia de la península es justamente la que da las demás lenguas oficiales del estado miembro España. Y, desgraciadamente, esta cosmovisión madrileña es la que ha permeabilizado en la visión de muchísima otra gente en Europa y el mundo: el catalán lo habla poca gente, por tanto no hace falta que sea oficial en la UE.
Mira por dónde, el catalán juega en la misma liga que el checo o el sueco. O el portugués en Europa. La anomalía es que no sea oficial. La normalidad no se ha alcanzado todavía. Por eso es una petición que catalanes de diferentes generaciones han pedido, y siguen pidiendo, y que queda tipificada en el párrafo 3 del Artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006. Esto no quedó dañado con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Si España se jacta de que el Estatut complementa y desarrolla la Constitución en Cataluña, entonces el Estado español debe hacer de estado miembro de los catalanes en la Unión. Incorporar al catalán al corpus lingüístico de la UE es respetar la ley.
Como italiano, y casado con una neerlandesa, me he visto en esta situación: ver cómo mi mujer neerlandesa que habla catalán, y mi madre italiana que también lo habla, se dan cuenta de que lograr la oficialidad de una lengua que hablan con otras 10 millones de personas es alcanzar un derecho fundamental por ellas. Nuestra lengua va más allá del territorio donde se habla.
Los miedos de los estados miembros a aceptar el catalán se disipa fácilmente con explicarles la realidad demográfica (los 10 millones, 4 estados europeos, 3 de ellos miembros de la UE) y política contextual (si no hay oficialidad del catalán, elecciones en diciembre 2023 o enero 2024 en España, y parálisis parlamentaria continua en la frontera suroeste de la Unión), además de que España podría incurrir el coste de su inclusión a corto plazo. Estos motivos van de la mano. De ahí que la ministra francesa hablara de “acomodo”. Pero debemos comprender sus miedos también en cuanto a las demás lenguas regionales, verdaderamente minoritarias. No quieren que el catalán sea la puerta para otras. Quieren mantener la jerarquía lingüística de la Unión, que proviene de su fundamento: los Estados Miembros. Éstos son, hoy, tanto el fundamento de la Unión, como el freno para que ésta avance en democracia, estado de Derecho, respeto verdadero a la diversidad y, al fin y al cabo, valentía.
Catalunya Plural, 2024 
