El banquete de la conciencia en el Día Mundial de la Alimentación

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuenta con más de 190 Estados miembros, donde se incluye la UE, y lleva desde 1945 estableciendo compromisos internacionales por la lucha contra el hambre y la garantía de la seguridad alimentaria. Sin embargo, parece que el paradigma no ha cambiado mucho. Tal vez sí se han logrado supermercados con estantes llenos de comida. Sin embargo, no debemos olvidar que esto solo ha sido posible a base de explotar territorios rurales y/o del Sur y que, a pesar de estos extractivismos, el derecho humano a la alimentación sigue sin garantizarse, ni en el Norte, ni en el Sur global.

Los estudios son claros. Por un lado, el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias de 2023 revela que más de 258 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria severa en 2022 en todo el mundo. Esta cifra es la más elevada de los últimos siete años, con otros 40 millones de personas afectadas en comparación con el año anterior, y es el cuarto año consecutivo de aumento. Por otro lado, el primer estudio que mide el estado del derecho a la alimentación en el Estado español demuestra que más de 6 millones de personas han experimentado pobreza alimentaria y que la mala alimentación provoca unas 90.000 muertes tan solo en el Estado. Estos datos nos llevan a una conclusión clara: después de 77 años de la creación de la FAO, todavía no se ha logrado el objetivo de erradicar el hambre y crear un sistema alimentario eficiente y centrado en alimentar a las personas.

Además, esta crisis alimentaria se ve aún más agravada sumando las crisis interconectadas y los conflictos bélicos que estamos viviendo: una crisis energética que eleva los precios de producción y los precios de los insumos agrícolas, una crisis económica que dispara la inflación de alimentos esenciales, conflictos que crean una gran escasez de cereales a nivel mundial, y una crisis climática que trae sequías y condiciones meteorológicas extremas con impactos devastadores sobre la producción alimentaria.

Pero entonces, ¿qué se ha hecho para garantizar el derecho a la alimentación? ¿Por qué el papel de la FAO no funciona?

Aunque la UE sea uno de los miembros más importantes de la FAO, el derecho a la alimentación ni siquiera se considera un derecho humano en las cartas, constituciones y marcos legales europeos, mucho menos un bien público sujeto de políticas públicas y acceso universal. Además, las diversas políticas agrarias y comerciales a nivel internacional y comunitario son las mismas que permiten que los alimentos se traten como bienes mercantiles, que fluctúan en el mercado así como lo hacen el gas o el petróleo. El resultado es el absurdo modelo alimentario que nos está alimentando. Un sistema alimentario que depende de importaciones y exportaciones a nivel global, que se basa en hectáreas de monocultivos y territorios hiperespecializados que sólo pueden sobrevivir con altas cantidades de agroquímicos y que, por supuesto, tan solo es posible si dispone de una mano de obra precarizada.

Un modelo globalizado muy frágil que, en momentos de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, se ve amenazado por la carencia de cereales y suministro de gas, petróleo y fertilizantes. Cabe recordar que Ucrania es uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial, de la misma forma que existe una gran dependencia energética con Rusia. Ante esto, la respuesta de la comunidad internacional se ha reducido a impulsar una iniciativa sobre los cereales del Mar Negro para asegurar el abastecimiento de este producto al Programa Mundial de Alimentos. Pero que, sin embargo, no incluye ninguna medida para intervenir en el mercado de cereales ni asegura una parte esencial para países donde los cereales son base de su alimentación.

Asimismo, los beneficios del lobby alimentario no paran de crecer utilizando las actuales crisis energética y económica para aumentar el precio de los alimentos. Un ejemplo claro es el aceite de oliva, que aún siendo el Estado español el mayor productor mundial y exportando el 90% de su producción, dentro del mismo territorio ha incrementado el precio más de un 67% en tan solo un año. Ante casos como éste, la respuesta del Estado fue rebajar el IVA de productos alimentarios básicos. Pero, como alarmaban voces expertas, esta medida ha acabado siendo poco efectiva porque no iba acompañada de una ley que prohibiera nuevas subidas de precios. Evidentemente, las empresas distribuidoras, lejos de ver la necesidad de colaborar para reducir la inseguridad alimentaria, han visto una nueva oportunidad para ampliar su capital subiendo aún más los precios. Básicamente, la rebaja del IVA ha ido directamente hacia los bolsillos del lobby alimentario.

Por otra parte, no debemos olvidar que estas empresas oportunistas son también las responsables de los mayores impactos ambientales. Por ahora, el sistema alimentario es responsable de un tercio de las emisiones globales. Si bien es cierto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde Europeo sirven de marco para políticas tan importantes como la nueva Política Agrícola Común (PAC) o el borrador del marco legislativo de sistemas alimentarios sostenibles de la Unión Europea, éstas son iniciativas carentes de una perspectiva holística que ponga el derecho básico a la alimentación en el centro.

Y de hecho, aunque las políticas empiecen a tener una dimensión ambiental, en su mayoría, parecen más orientadas hacia las grandes industrias que hacia las pequeñas y medianas productoras. Por ejemplo, la llegada del Pacto Verde Europeo ha hecho que la nueva PAC del período 2023-2027 haya incluido los eco-regímenes, nuevos pagos verdes que promueven un apoyo adicional a las explotaciones que voluntariamente adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Sin embargo, estos pagos siguen basándose en la superficie, lo que significa que cuanta más producción, mayor cantidad de ayuda se recibe. Esto acaba creando una especie de oligarquía pintada de verde que, en última instancia, nos está llevando a una transición falsamente agroecológica liderada por la gran agroindustria.

Resumidamente, mientras cientos de millones de personas siguen sufriendo graves problemas de acceso a una alimentación adecuada, las propias empresas que realizan greenwashing y se ornamentan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen incrementando sus beneficios a la vez que crean los peores escenarios sociales e impactos ambientales irreversibles. Todo esto ocurre mientras las acompañan políticas neoliberales que, lejos de ver la necesidad de regular o poner fin al mercado alimentario, siguen perpetuando el actual modelo basado en producir y vender.

¿Por qué la comunidad política no ve la necesidad de una democracia alimentaria? Las políticas hacia la alimentación deberían estar pensadas desde una lógica de los comunes, como es la educación o la salud, dejando atrás la dimensión mercantil. No olvidemos que los alimentos son y siempre seguirán siendo facilitadores de la vida y que, aparte de esta función vital, tienen un peso cultural enorme para todas las comunidades de todo el mundo.

En definitiva, los objetivos internacionales seguirán siendo un banquete de la conciencia vacío de verdaderas intenciones hasta que la alimentación no se vea como un bien común, un derecho humano y un factor cultural determinante para toda la población que debe tratarse fuera de la lógica mercantilista.