La polarización política ha llegado también al campo de la movilidad. Ayuntamientos configurados después de las elecciones municipales, de PP y Vox como el de Elche, Valladolid, Palma y Gijón (en este caso con Foro Asturias), han empezado a eliminar carriles bici con la excusa que “están mal hechos” o “molestan el tráfico”. La extrema derecha ha iniciado una batalla cultural para captar aquellos descontentos con las limitaciones que supone la movilidad sostenible al vehículo privado y hacen bandera de “la libertad de moverse en coche”. En otros países europeos, como Dinamarca o Países Bajos, el debate no se ha abierto y el apoyo a la bicicleta es transversal en todos los partidos políticos.
Seguridad a los carriles bici
Más allá de la retirada de los carriles bici, una de las reivindicaciones es que sean seguros. En Sant Cugat las quejas llegan por la retirada de las pilonas a la anilla verde, los carriles bici del centro de la ciudad. Desde colectivos por la movilidad activa organizaban movilizaciones en la ciudad durante la Semana Europea de la Movilidad el mes pasado por la decisión del nuevo alcalde Josep Maria Vallès de Junts. El consistorio afirma que la retirada de las pilonas, instaladas el mes de marzo se debe al hecho que las ambulancias quedaban atrapadas sin poder ocupar los carriles bici si tenían una emergencia. Los contrarios a la retirada, recriminan la decisión, puesto que las pilonas eran flexibles, dato obviado por el ayuntamiento, precisamente para poder ser pisadas por las ambulancias si es necesario. A estas alturas, tampoco se han instalado las cámaras que el teniente de alcaldía Bernat Picornell había prometido para garantizar la seguridad de los ciclistas.
Guerra contra las zonas de bajas emisiones
El PP y Vox han trasladado también la guerra a las zonas de bajas emisiones (ZBE), que pretenden evitar a pesar de estar obligados por una normativa europea, que establece que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener zonas de bajas emisiones. El primer aviso llegó el 2021 con la aprobación de la ley de cambio climático con la cual el gobierno de coalición obligaba a 149 ciudades españolas a delimitar zonas de bajas emisiones para cumplir con dictámenes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Después de las elecciones del 28 de mayo, algunos ayuntamientos de PP y Vox o en el caso catalán la Badalona de Albiol, ya han advertido que pretenden posponer su aplicación el máximo tiempo posible. La ley obliga a implementarla antes de 2024, a pesar de que Albiol, que dispone de mayoría absoluta pretendía llevar a pleno el pasado mes de septiembre una propuesta para aplazar la aplicación tres años. Se suma así a ayuntamientos como Valladolid o Gijón, gobernados por la derecha y la extrema derecha, que pretenden hacer lo mismo. Para contrarrestar la rebeldía de los ayuntamientos, el ministerio de Transportes ha enviado una carta a las 196 ciudades que han recibido ayudas públicas para la ZBE y la transformación de la movilidad, recordando que la ley es clara a la hora de exigir el cumplimiento de los planes suscritos y subvencionados. Por lo tanto, Badalona tendría que devolver los cerca de dos millones de euros que ha recibido de los fondos Next Generation y de momento ha frenado la moratoria hasta reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Nuevo rumbo en el urbanismo de Barcelona
El urbanismo es protagonista para marcar perfil propio y más aún en la capital catalana después de la era Colau. Precisamente, la calle Pelai borraba los dibujos del suelo el pasado mes de agosto. El conocido como urbanismo táctico de Ada Colau, que consiguió fuertes defensores y detractores, desaparecía para dotar al espacio que hasta el momento se destinaba a los peatones, de 64 plazas para motos, 72 para bicicletas y 20 plazas de carga y descarga.
El alcalde Collboni ha empezado a diferenciarse del consistorio de los comunes y reivindica los interiores de manzana como alternativa verde a las “superilles” porque son “económicamente inasumibles” y han generado polémica por las restricciones que suponen para el vehículo privado. El nuevo gobierno municipal tiene previsto “arreglar” 11 interiores de isla en el Eixample el próximo año y propone crear una oficina específica. En campaña el socialista ya había defendido recuperar el uso ciudadano de 30 interiores de isla, que requerirían una inversión de 171 millones de euros en dos mandatos, proyecto con que quiere conseguir la neutralidad de emisiones para el año 2030.
La oposición a las “superilles” también ha llegado desde los juzgados. El pasado mes de septiembre una jueza ordenó desmantelar el eje verde del Consell de Cent, puesto que considera que había que aprobar una modificación urbanística del Plan General Metropolitano y no solo un proyecto de obras ordinario, como hizo el consistorio de los comunes. El juzgado contencioso-administrativo, dio la razón al lobby Barcelona Abierta, que agrupa ejes comerciales y turísticos de la ciudad y obliga al consistorio a “devolver las actuaciones en el estado en el cual se encontraban con anterioridad en su aprobación”. El ayuntamiento ya ha hecho un recurso contra la sentencia y alega que se amparaba en las competencias municipales para modular la intensidad de los usos.
Catalunya Plural, 2024 
