El pasado domingo fue un día duro para la izquierda colombiana. La coalición del presidente Gustavo Petro fue la gran perdedora de las elecciones regionales y locales. Los partidos tradicionales derrotados en las presidenciales de 2022 recuperaron gran parte del terreno perdido, ganando en la mayoría de gobernaciones regionales y las principales alcaldías. Aunque la izquierda gobernará 9 de los 32 departamentos del país y consiguió éxitos en regiones como la costa pacífica, la foto general es la de un retorno al orden político tradicional. La situación es complicada para el primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia, pero aún es pronto para enterrarlo.
En Bogotá, la gran apuesta del presidente Petro, su candidato, Gustavo Bolívar, quedó en tercera posición, y el político de centro-derecha Carlos Fernando Galán arrasó con un 49% de los votos – resultado celebrado por la actual alcaldesa Claudia López, que ha dado varios bandazos en relación al gobierno hasta erigirse en una firme opositora de Petro, pese a su orientación supuestamente progresista. El empeño de Petro por intervenir en la campaña electoral de la capital nacionalizó la contienda, por lo que la derrota de su candidato se percibe como un fracaso del presidente. En Medellín, la segunda ciudad del país, tradicionalmente conservadora, el excandidato presidencial derechista Federico Gutiérrez ganó con el 73%. La mayoría de gobernaciones regionales también han quedado en manos de los mismos partidos tradicionales que están bloqueando las reformas del gobierno en el Congreso.
La oposición y el establishment mediático se han apresurado a dictaminar el fin del ciclo de cambio político iniciado con las protestas antineoliberales de 2019 y 2021, que posibilitaron la victoria de Petro en 2022. Pero la situación es más compleja. Por una parte, las elecciones territoriales, que se celebran siempre un año después de las presidenciales, normalmente son desfavorables al gobierno nacional y siguen lógicas territoriales más que nacionales. A esta dinámica se añade que el Pacto Histórico, la coalición de izquierdas construida para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022, no tiene anclaje territorial en numerosas regiones y ciudades. Aunque el gobierno estuviese en su mejor momento, no podría competir con las poderosas redes clientelares de los partidos tradicionales, que a menudo recurren a la compra de votos, una práctica obviamente ilegal pero habitual en Colombia. Es tan frecuente que se diferencia entre el “voto amarrado” (dictado por las maquinarias partidistas) y el “voto de opinión” (expresado libremente).
Un gobierno en horas bajas
A pesar de estas salvedades, las elecciones se han leído en Colombia como un castigo al gobierno nacional, que ya atravesaba un mal momento. Un año y pocos meses después de su llegada al poder en medio de una ola de entusiasmo popular, el apoyo al presidente no supera el 30% según las encuestas. Las principales razones son la lentitud de las reformas prometidas y ciertos escándalos en el entorno de Petro, ampliamente difundidos por un sistema mediático mayoritariamente hostil al Pacto Histórico.
Petro fue elegido con un amplio programa de reformas, que pretenden corregir los aspectos más nocivos de las políticas neoliberales y extractivistas que han dominado Colombia durante su historia reciente, y con la promesa de un amplio proceso de paz que acabe con el conflicto que castiga el país desde hace décadas, negociando con numerosos grupos armados de diversa índole (guerrillas, paramilitares y crimen organizado). Las expectativas eran inmensas en el segundo país más desigual de América Latina, donde la izquierda nunca había llegado al gobierno nacional. El Pacto Histórico prometió descarbonizar una economía muy dependiente de la minería y la exportación de petróleo, además de reformar en un sentido progresista el sistema de salud, el Derecho laboral, las pensiones, la educación superior, las rentas mínimas…
El gran reto es que la coalición progresista quedó en primer lugar en las elecciones parlamentarias del 2022, pero no cuenta con la mayoría en el Congreso, por lo que Petro se vio obligado a formar un gobierno amplio con ministros centristas y conservadores, y negociar cada reforma en el parlamento. Si bien durante los primeros meses de gobierno consiguió aprobar una reforma tributaria orientada a incrementar los recursos de un Estado famélico, la oposición pronto empezó a torpedear sus principales proyectos. Ahora mismo, las propuestas más importantes del Pacto Histórico están atascadas o avanzan lentamente en el Congreso, frustrando a un electorado ansioso por percibir el cambio por el que votaron.
A esto se añaden dos escándalos en el entorno del presidente. Uno de sus hijos fue detenido, acusado de haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre, mientras que la antigua jefa de gabinete de Petro ha sido denunciada por supuestamente haber realizado escuchas ilegales a una trabajadora del hogar, sospechosa de haberle robado. Si bien ninguna de las acusaciones se ha demostrado por ahora ni implican directamente a Petro, han sido convenientemente aireadas por los medios conservadores para arrojar dudas sobre la reputación del presidente. También ha recibido críticas la vicepresidenta Francia Márquez por el coste de algunos de sus viajes internacionales a África, unos reproches con cierto tufo racista. El nivel de escrutinio sobre este gobierno es infinitamente mayor que sobre cualquier otro, algo llamativo en un país donde más de 250 políticos han sido condenados por vínculos con grupos paramilitares responsables de numerosos crímenes y masacres – una acusación que todavía pende sobre el expresidente Álvaro Uribe, procesado por manipulación de testigos en un juicio sobre la llamada ‘parapolítica’.
Un futuro incierto
El gobierno de Petro atraviesa sin duda su periodo más difícil desde que llegó al poder, pero sería prematuro dictaminar su derrota, y está en una situación más cómoda que, por ejemplo, su homólogo chileno. Por una parte, ha conseguido éxitos como la reforma tributaria, progresos en transición ecológica y las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla que sigue activa tras el desarme de las FARC a partir del acuerdo del 2016. Aunque Petro no podrá aprobar todas sus reformas con el nivel de ambición que le gustaría, tiene margen para negociar en el Congreso almenos transformaciones parciales. A su favor tiene un panorama de partidos tradicionales divididos y en general más clientelistas que ideológicos, normalmente dispuestos a ceder en votaciones parlamentarias a cambio de cargos en la administración o recursos para los gobiernos territoriales que controlan. Finalmente, las movilizaciones del pasado 27 de septiembre en apoyo al gobierno mostraron que Petro sigue contando con el apoyo de su núcleo duro electoral y de la mayoría de los movimientos sociales que impulsaron su llegada al poder.
En los próximos meses se verá de qué lado se decanta la balanza. La gran pregunta es hasta qué punto el estallido social de 2019 y 2021 transformó un país en el que la izquierda ha estado durante décadas sometida a acusaciones constantes de tener relaciones con las guerrillas y por lo tanto marginada del juego político. Si la transformación del sentido común fue profunda, el gobierno Petro tiene opciones de resistir y dejar un legado transformador. Si no, la política colombiana volverá a su habitual conservadurismo y el gobierno del cambio quedará como una anécdota histórica.
Catalunya Plural, 2024 
