Lo comentábamos en un artículo justo después de las elecciones. Solo había un camino posible: amnistía sí, referendo no. Era el acuerdo que nadie quería, un acuerdo en el que todo el mundo perdería algo, pero era el único acuerdo posible. Por el lado del PSOE, el costo se está viendo estos días con las manifestaciones fascistas en las calles de Madrid, en los pronunciamientos de algunos de sus varones y, también, los comunicados reaccionarios del poder judicial. Por mucho que desde el equipo de comunicación de Pedro Sánchez el pacto se venda como una oportunidad, la fotografía con Puigdemont hace tambalear los equilibrios discursivos de los socialistas, que meses atrás negaban a que lo que se empieza a construir hoy pudiera llegar a materializarse.
El acuerdo por el pacto de la investidura, que incluye Junts per Catalunya, pero también a SUMAR, PNV, Bildu, BNG y ERC, cierra la puerta a la reedición electoral ya la posibilidad de que la derecha y la extrema derecha entre en el gobierno del Estado, al menos a corto plazo. Ésta era la fuerza centrífuga que unía a los diferentes grupos políticos: un acuerdo multicolor que representa de manera más nítida la pluralidad del país, que ya ha conseguido que las lenguas del Estado puedan ser utilizadas en el Congreso de los Diputados y que se resume en el siguiente párrafo del acuerdo: A pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y la búsqueda de la otra y del reconocimiento del otro, se negocie el conflicto. PSOE y JxC asumen que a partir del resultado de las elecciones del 23 de julio existió una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable.
Por la parte de Junts per Catalunya el acuerdo es quizás más fácil de justificar, pero más difícil de explicar a su electorado. La justificación es sencilla: el pacto incluirá, entre otros, la ley de amnistía que afecta a las principales personas implicadas en la toma del acuerdo, como Carles Puigdemont o Toni Comín. Pero también afectará (supuestamente) a cientos de activistas que fueron acusados de distintos delitos relacionados con la desobediencia y, en algunos casos, de terrorismo.
Junts deberá afrontarse a las acusaciones habituales dentro del independentismo de traicionería y botiflerismo. Desde ERC les acogerán con los brazos abiertos. Asimismo, Junts y ERC tendrán que competir con los republicanos sobre cuál de las dos formaciones es más efectiva como fuerza política negociadora en clave autonómica. El calcetín girado del procesismo valorará positivamente, en las próximas semanas, lo que poco tiempo atrás era una ofensa a la militancia. Cosas de la política.
Aunque el pacto tenga una clara motivación de poder —pues nunca se hubiera llegado si el PSOE no necesitara los votos de los partidos independentistas—, tendrá consecuencias que van más allá de las microestrategias electorales de los spin doctors. Porque si bien el acuerdo no significa que se inicia de facto una pantalla nueva en las relaciones entre Cataluña y España, sí pone en marcha toda una maquinaria que no se sabe hasta dónde llegará. La travesía de la amnistía será larga y tortuosa, como explicaba Genís Vives en este artículo.
El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra, y este hecho despierta sudores fríos en gran parte de la ciudadanía catalana —independentista y no independentista—, que recuerda la trágica sentencia del Estatuto del año 2010, punto de partida real del proceso de independencia. Mientras tanto, la situación de fragilidad del gobierno socialista les fuerza a buscar acuerdos estables con todos sus aliados, que tendrán la capacidad durante el transcurso de la legislatura de derribar al gobierno de un día para otro. Ésta es el as bajo la manga de Junts per Catalunya, que mira de reojo el calendario electoral donde hay una fecha marcada: julio 2024, elecciones al Parlamento Europeo.
Y, sin embargo, exceptuando un reducto del independentismo y de la extrema derecha de PP-VOX, el acuerdo permitirá coger algo de aliento a alguna gente que, de ir a elecciones, tiene argumentos reales para preocuparse por el bienestar personal: la población inmigrada, las mujeres, los hablantes minoritarios en España. Y los independentistas, por supuesto.
Catalunya Plural, 2024 
