El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha fijado como objetivo acabar con la ‘guerra contra las drogas’ que tantas muertes ha provocado en su país y en toda América Latina. Para ello, presentó en septiembre una nueva Política de Drogas 2023-2033, que pretende relajar la estrategia represiva de anteriores gobiernos, proporcionar alternativas a los campesinos cultivadores de hoja de coca y mejorar la atención a las personas usuarias de drogas, mientras se sigue persiguiendo a los grandes narcos.
Pero la nueva política no convence a todo el mundo. Estefanía Ciro es una de las principales expertas en drogas de Colombia. Economista y doctora en sociología, lideró la sección sobre drogas de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano. También es fundadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío. Ciro visitó recientemente Barcelona para participar en las jornadas “Derechos Humanos y Narcotráfico en Colombia”, organizadas por la Taula per Colombia.
¿Cuáles son los ejes principales de la nueva política de drogas del gobierno Petro?
Hay una reafirmación importante en el tema de consumo y todo este avance de reducción de daños, eso es importante. Ellos hablan del cambio de narrativa, pero eso no es decir que vamos a proteger a los campesinos ahora, porque eso ya lo dijeron los Acuerdos de Paz en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. Todos estamos de acuerdo, pero novedad no es. Y atacar al eslabón más fuerte del narcotráfico tampoco es novedad, pues estamos desde el 2014 en el mundo y en Colombia en un avance fortísimo en incautaciones de drogas.
Dicen “vamos a proteger al campesinado”, pero el problema es el cómo. ¿Cómo se está haciendo? Con transformación territorial. Eso también lo dijeron los Acuerdos de Paz. Por eso digo que la nueva política de drogas es una excelente política para el 2016 o el 2017.
La Comisión de la Verdad dijo que insistir en el narcotráfico, en la narrativa del narco, no resuelve nada ni explica nada. El texto se titula “desterrando el narcotráfico”, cuando la Comisión de la Verdad dice que con la política de “desterrar el narcotráfico” se generaron las mayores violaciones de derechos humanos.
Para usted, ¿cuáles son las principales novedades de la nueva Política de Drogas?
Lo novedoso (que no quiere decir lo bueno) es el énfasis en el medio ambiente, que tiene de bueno y de malo. Porque por supuesto todos estamos tratando de construir un mensaje sobre los impactos en el medio ambiente de las distintas actividades. Pero la política de drogas puede redundar en una criminalización más que se le suma al campesino cocalero, la de ser destructor de la selva. Y eso es complicado, primero porque no hay evidencias de que el campesino sea el causante de la deforestación en la Amazonía. Y segundo, porque estamos viendo un populismo militarista, es decir una larga duración de violencia sobre el campesinado en ciertas regiones.
El gobierno dice que propondrá a los campesinos cocaleros dejar de cultivar hoja de coca para convertirse en guardabosques de territorios que han sido deforestados por el cultivo de hoja de coca.
Sí, pero no es claro. Lo de guardabosques ya lo hizo el expresidente Álvaro Uribe. Solo funcionó para una estrategia contrainsurgente contra las FARC, para atraer base campesina, para romper el tejido social campesino, para infiltrar las comunidades. Hay varias evaluaciones del programa Guardabosques y no funcionó, sigue la coca.
El gobierno dice que quiere ofrecer alternativas a los campesinos que cultivan coca. ¿Cree que funcionará?
El paquete antidrogas está compuesto de cuatro cosas. Primero, la Ley 30 del 1986, que rige la persecución a las drogas. Segundo, la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Tercero, la erradicación forzada terrestre y aérea. Cuarto, la sustitución o desarrollo alternativo. Eso ha funcionado desde finales de los 70 hasta el presente. La sustitución promete que se puede cambiar la economía de la coca por otra economía, que la coca puede desaparecer. Sigue la Convención sobre drogas de Naciones Unidas que dice que tiene que desaparecer la hoja de coca del planeta.
Que un gobierno me diga que va a haber sustitución y desarrollo alternativo, me está diciendo lo mismo que los expresidentes Duque, Santos, Uribe, Pastrana, Samper… todos lo han dicho. ¿Qué hubiera sido nuevo? Que hubiera habido gradualidad, que permitan que la gente pueda cultivar coca y transiten hacia otros cultivos.
El ministro dijo que iban a permitirlo, que los campesinos fuesen dejando la coca gradualmente a medida que la nueva actividad económica sea rentable.
Sí, eso lo dice él pero no es muy claro en otras instancias. En la práctica, nadie se atreve a hacerlo, porque puede ser jurídicamente imposible. Que alguien firme eso, no lo hemos visto todavía.
El marco jurídico internacional obliga a la persecución del narcotráfico. Mientras siga vigente, ¿qué se podría hacer en Colombia para cambiar más radicalmente la política de drogas?
El marco global no cambia si nosotros no proponemos, es un tema dialéctico. Si nosotros no nos movemos, eso no se va a mover, sabiendo que Colombia tiene el 60% del cultivo de coca del mundo y es un monopolio regional de producción de cocaína.
La nueva política de drogas debería haber tenido unos pilotos de regulación de la cocaína y la marihuana. Los primeros experimentos regionales para saber cómo se produce, qué se produce, cómo sería el impacto de una u otra forma de producir, centros de acogida de consumo de cocaína, cómo se reducen daños… Eso se podría hacer, porque las Convenciones de Naciones Unidas dicen que se pueden hacer investigaciones.
¿Cómo podría funcionar un piloto de legalización de la cocaína?
Quien decide quién puede utilizar la hoja de coca o la cocaína es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Una empresa que produce agroquímicos con hoja de coca tiene su permiso, es un permiso que se puede dar, con unos proyectos construidos científicamente. Yo no esperaba que Petro regulara la cocaína, nadie puede ser tan ingenuo, pero sí que se lanzaran pasos claros hacia esto. El mundo necesita información sobre eso, pilotos sobre eso.
Petro dijo que si se legalizase la cocaína se acabaría la violencia en Colombia. ¿Qué le parece esta afirmación?
La política antidrogas y la persecución han constituido formas violentas de regular este mercado. Hay que transitar de estas regulaciones armadas a unas regulaciones no violentas, no represivas. La legalización de por sí no resuelve nada. Lo que uno tiene que pensar es cómo se va a legalizar, cuáles son las reglas, bajo qué principios se va a regular. Si es la gran multinacional quien se va a quedar con esto, eso es violento, porque también puede estar creando un mercado de contrabando violento. El contrabando existe en Uruguay, por unos mecanismos que no leen el mercado correctamente. Si se legaliza se lleva a otra etapa la discusión política, a cómo hacerlo.
Algunos expertos han señalado una caída del precio de la cocaína por sobreproducción. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación?
Hay sobreproducción de cocaína, pero esto no quiere decir que se vaya a acabar el mercado de cocaína. Hay gente que se beneficia de esto, hay ganadores y perdedores. Los perdedores son los campesinos, pero yo no creo que los grandes traficantes estén perdiendo de una manera radical, como para decir que están buscando otras alternativas. Los actores armados siguen manteniéndose de este negocio. El Clan del Golfo, un grupo armado narcoparamilitar, puede hacer un portafolio amplio de actividades ilegales, pero los otros actores armados siguen siendo muy dependientes del narcotráfico, de los mercados de cocaína y marihuana.
¿Cree que el paradigma internacional está evolucionando hacia menos represión?
Sí, bastante. De hecho, Petro aplastó mucho la discusión. Hace 20 años que estoy trabajando el tema, y puedo dar cuenta de la transformación de la discusión. La primera investigación la hice cuando estábamos los colombianos y las colombianas escuchando día y noche “la mata que mata” (una campaña oficial contra la hoja de coca); había una reacción muy profunda al narcotráfico y un rechazo radical a la legalización, eso no se podía discutir.
La legalización sigue siendo un tema muy urbano, pero empieza a darse un giro radical desde el gobierno de Santos, cuando el mismo Santos dice “aquí es necesario un debate racional sobre la regulación de las drogas” y después empieza la discusión sobre cómo legalizar. Y ya van varios proyectos de ley de legalización de la coca y la cocaína, a los que se suman por primera vez los pueblos indígenas. El debate estaba muy activo en torno a la regulación, tanto así que la Comisión de la Verdad plantea entre sus recomendaciones la regulación legal estricta.
La crítica a Petro es eso: hay una ola de discusión profunda a nivel nacional e internacional y él plantea una nueva política de drogas donde el aparato represivo sigue siendo el mismo: sustitución, desarrollo, alternativa y erradicación.
Estados Unidos ha sido históricamente el principal impulsor de la guerra contra las drogas. ¿Qué postura tiene sobre la nueva política de Colombia?
La nueva política de drogas de Petro es una copia muy cercana del informe de la Comisión del Hemisferio Occidental de política de drogas del Congreso de EEUU, que se hizo hace dos años. La política holística no se la inventó Petro ni el ministro de justicia, de hecho el propio ministro dijo: “esta nos la dijeron los Estados Unidos”. No hay una ruptura de la construcción de la política de drogas en relación con Estados Unidos.
Otro actor importante es México. ¿Cuál es la posición sobre drogas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
La relación de México con EEUU es muy diferente de la relación de Colombia con EEUU. En México hay unas fuerzas militares muy nacionalistas. En Colombia estamos muy acostumbrados al entrenamiento gringo, a la presencia gringa, a los aviones gringos volando, a la presencia de agencias como la DEA (Drugs Enforcement Administration) o la CIA. En cambio, en México no pasa con esa normalización.
López Obrador abandonó todo interés regulacionista, que era lo que esperaban los movimientos regulacionistas de México, pero no ha permitido esta entrada de Estados Unidos. Lo que ha desembocado paradójicamente en una alianza muy estrecha entre AMLO y las fuerzas militares, que es lo que critican los movimientos sociales: estas estrechas relaciones dan un nuevo aire a las fuerzas militares.
El gobierno de Petro ha dicho que está dispuesto a ofrecer rebajas de penas a los narcotraficantes que colaboren con el Estado e incluso que se queden con parte de su dinero. ¿Qué le parece esta propuesta?
Esta discusión se dio bastante dentro de la Comisión de la Verdad, sobre la verdad del narcotráfico. Si seguimos viendo los mercados de la cocaína y el cannabis con los mismos filtros que los hemos visto hace 40 años, no vamos a entender qué pasa. Tenemos que desmoralizar el debate entre buenos y malos y llevarlo al estatus de economía política. Cuando uno hace esto, empieza a entender esto como un mercado con unos actores que inciden, uno va a las entrañas del problema, a los lugares donde se ejerce la violencia. La violencia se ejerce en las disputas por el poder, por unas rentas. Cómo se blanquea ese dinero, cómo afecta al sistema político… No tenemos que ver si hay coca o no, tenemos que ver la salud de la clase política y la cultura política en el país.
Necesitamos saber la verdad del narcotráfico. Necesitamos hacer que esa gente hable en unas condiciones de seguridad, de reparación. El ejercicio de violencia al que han sometido a las poblaciones, a los usuarios de drogas y a todo el país es evidente. Ellos tienen que responder de las violaciones de derechos; tenemos que hablar con ellos y eso implica unas negociaciones. Los gringos ya lo hacen. Todos los narcotraficantes mexicanos se jubilan en Estados Unidos. Saben que si se entregan a EEUU les dan un dinero, les dan una información y ya viven como ciudadanos norteamericanos. El gobierno colombiano lo puede hacer.
Pero mientras usted no afecte las finanzas de esta gente no van a tener incentivos para hacerlo. ¿Y cómo lo puede hacer? Regulando el mercado, haga de eso un mercado abierto; entonces usted les fuerza a hablar con usted. La mejor política de drogas para reducir la violencia es regular las drogas, la mejor política de drogas para proteger la Amazonía y el medio ambiente es regular las drogas.
Catalunya Plural, 2024 
