En la primera rueda de prensa celebrada en Barcelona tras su nombramiento, el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apostó por hacer de su departamento “el ministerio de la plurinacionalidad”, asumiendo el reto de avanzar en “la pluralidad lingüística y cultural” del Estado español.
Las funciones del Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura dispone de competencias sobre una gran diversidad de políticas e instituciones: Bellas Artes y Bienes Culturales, el Libro y la Lectura, Archivos (entre los cuales se encuentra el de la Corona de Aragón, fundamental para el conocimiento de la historia de Cataluña), Bibliotecas, la Cooperación y la promoción exterior de la cultura, la Propiedad Intelectual, organismos específicos como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) o el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y equipamientos de titularidad estatal como una gran cantidad de museos, empezando por el del Prado. La capacidad de gestión de estos ámbitos se ha visto reforzada por la creación de una Secretaría de Estado, de la que el ministerio no disponía, y que ejercerá Jordi Martí, con amplia experiencia en el mundo cultural acreditada en la administración local y en la dirección de instituciones culturales.
El ministerio deberá continuar impulsando medidas para acercar las actividades culturales a la población joven, imuplsar proyectos de ley que afectan al Cine y a la Cultura audiovisual, a las Enseñanzas artísticas, a los Derechos de los autores y autoras, y al Patrimonio, bajo el principio del desarrollo de una ley de Derechos y Deberes culturales, a la vez que avanza en el incremento del peso de la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado, con el 1% en el horizonte.
El respeto y la protección de las lenguas
Todo esto es importante, pero las palabras de Urtasun apuntan hacia un objetivo más ambicioso. En el programa electoral de Sumar se destacaba la necesidad del reconocimiento del plurilingüismo, y se afirmaba que la defensa de la pluralidad lingüística no debe limitarse a las comunidades autónomas con lengua propia, sino que su promoción y uso se debe extender al conjunto de las instituciones del Estado. El programa de En Comú Podem expresaba la voluntad de promulgar una Ley de Lenguas.
El artículo 3.3 de la Constitución establece que “la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Como puede comprobarse, no lo limita a las lenguas cooficiales y, en consecuencia, este mandato sería aplicable a otras “modalidades lingüísticas”, como el aragonés o el asturiano, además del catalán, el vasco, el gallego y el aranés. Hasta ahora se había considerado que la protección y la promoción de estas lenguas correspondía a las comunidades autónomas. De hecho, en Cataluña, según el Estatut, la Generalitat tiene competencia exclusiva para determinar el alcance, los usos y los efectos jurídicos de la oficialidad del catalán y del aranés (en este caso, conjuntamente con el Conselh Generau de Arán), y de su normalización lingüística. Pero, ¿quién debe proteger y hacer pedagogía del plurilingüismo y la pluriculturalidad en todo el Estado y en la Unión Europea? Éste debe ser un reto para el Ministerio de Cultura. En esta línea, la nueva mayoría parlamentaria ha empezado ya a actuar con la normalización del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de Diputados y con la petición del reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, efectuada por el Gobierno central.
En el marco de la proyección internacional sería deseable que el Instituto Cervantes, bien dirigido por el poeta Luis García Montero, y que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, viera incrementada la influencia del Ministerio de Cultura y acentuara la promoción en pie de la igualdad de las diversas culturas hispánicas que mencionan sus estatutos. Y que la Generalitat de Catalunya, tal y como prevé el artículo 198 del Estatuto, tenga un Representante directo en la Delegación Permanente del Estado español ante la UNESCO, tal y como acordaron Quebec y Canadá en 2006, yendo más allá de la simple pertenencia, junto a todas las Comunidades Autónomas, a la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
Una alternativa a la ignorancia reaccionaria
En unos momentos en que los gobiernos del PP y Vox incumplen de forma evidente el artículo 3.3 de la Constitución, el Ministerio de Cultura, sin vulnerar las competencias autonómicas, puede desarrollar, no sólo la Ley de Lenguas, sino también políticas concretas que favorezcan las realidades culturales y lingüísticas despreciadas por la derecha y la extrema derecha. Ante la decisión de la Generalitat valenciana de promover una ortografía acientífica y de implantar la censura contra autores y publicaciones en catalán, ¿quién puede impedir al ministerio de Cultura defender la lengua catalana y apoyar el recuerdo de intelectuales como Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés, o las actuales expresiones musicales, literarias o teatrales en catalán? Y ante la negativa de la Generalitat valenciana a subvencionar entidades que defiendan la cultura del País Valenciano o Institutos de Estudios que se coordinan con otros centros de habla catalana, ¿quién puede privar al ministerio de Cultura de colaborar? ¿Y quién puede negarle el derecho a apoyar la producción literaria en catalán en las Islas, ante actuaciones como el intento, afortunadamente fallido, del Consell Insular de adulterar la celebración de la Fira del Llibre en Catalán de Menorca?
Hay mucho que hacer. La legislatura girará entorno a los derechos sociales, pero también a la plurinacionalidad, y hay dos ministerios, además del de Hacienda, primordiales para desarrollarla: el de Política Territorial y el de Cultura. Existe una mayoría parlamentaria que permite avanzar. Ernest Urtasun se encuentra ante una magnífica oportunidad para combatir la ignorancia reaccionaria y convertir algunas esperanzas en realidades.
Catalunya Plural, 2024 
