Pasar menos tiempo en el trabajo significa ganar tiempo de vida. Existe un consenso en que reducir la jornada laboral puede aportar mejoras sustanciales en la salud física y mental de los trabajadores, y prevenir la siniestralidad laboral. Esta perspectiva ha ganado respaldo en diversos estudios, y un piloto llevado a cabo en Valencia respalda estos hallazgos. Una reducción substancial de la jornada diaria puede ser también clave para facilitar la conciliación entre el trabajo y la familia, hoy todavía en crisis a pesar de la extensión de los permisos.
Sin embargo, el reciente anuncio del gobierno español de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas sin afectar los salarios ha generado críticas de la patronal a nivel estatal y catalán. Las empresas han reclamado que este asunto debe resolverse en la negociación colectiva, y que la medida puede afectar negativamente a las empresas pequeñas y a aquellas que trabajan de cara al público. Además, ciertos economistas han argumentado que las empresas no tienen la capacidad financiera de contratar más trabajadores produciendo lo mismo. Estas dos objeciones se pueden resolver.
En primer lugar, este pesimismo sobre la capacidad financiera empresarial es cuestionable. Tanto el FMI como el Banco de España, instituciones poco sospechosas de ser ideológicamente sesgadas a la izquierda, señalan un aumento de los beneficios empresariales por encima de los salarios desde la pandemia. Aunque recortar beneficios empresariales genera resistencia, parece que habría espacio fiscal para financiar la medida. Además, los salarios reales han caído de manera grave a consecuencia de la inflación. Por lo tanto, la medida podría ser una manera de redistribuir el equilibrio entre beneficios empresariales y rentas del trabajo cuando la negociación colectiva no es suficiente.
En segundo lugar, la reducción de la jornada laboral puede ser compensada con cambios organizativos a nivel empresarial. Es natural que las empresas acostumbradas a depender de jornadas de trabajo largas se muestren reticentes. Sin embargo, reorganizar horarios, aprovechar el desarrollo tecnológico, y lograr una plantilla menos fatigada y más productiva puede reducir el impacto sobre la producción total. Esta idea es avalada por numerosos estudios piloto, como el británico.
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Más allá de persuadir a la patronal, la medida tiene que atender a la estructura del mercado laboral español. Un 11.9% de los trabajadores (incluyendo funcionarios) ya cumplen con jornadas laborales de 37,5 horas, o incluso menos, según el Ministerio de Trabajo. La medida propuesta beneficiaría entonces al 88% restante. Sin embargo, el tiempo de trabajo varía mucho entre ocupaciones, como señala el gráfico. Por lo tanto, se debe atender al cumplimiento de la medida en sectores vulnerables donde ya peligran otros derechos laborales, particularmente en el sector agrícola y hostelero.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral se presenta como una medida que podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar una mayor igualdad en el ámbito laboral a través de una mejor distribución de los beneficios y cambios organizativos empresariales. Bien implementada, también podría redistribuir el trabajo y reducir el desempleo. A largo plazo, la substitución de tareas humanas mediante avances tecnológicos como la inteligencia artificial debería llevar a la mejora de calidad de vida de las personas, y no a un espiral de mayor producción y acumulación. Esto no es solo por un motivo humanista, sino que también es la única solución ante la crisis climática y un planeta finito.
Catalunya Plural, 2024 
