Hace más de una semana se hacían públicos los datos del informe PISA (Programme for International Student Assessment o Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), basado en el informe que cada tres años elabora la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), y se conocía que los resultados de Catalunya caían  en picado, situando al alumnado de nuestro país por debajo de la media de España y del conjunto de los países estudiados.

Mucho se ha escrito y debatido desde entonces, con aproximaciones y visiones divergentes que auguran un proceso complicado a la hora de encontrar soluciones y respuestas de consenso, ya sea en forma de pactos nacionales u otras variantes. Por ello no es objeto de este artículo aportar más análisis de los datos y de sus motivos, sino más bien generar enfoques diferentes para aportar nuevas reflexiones.

Comenzaré con una primera consideración que puede parecer menor ante la gravedad de los resultados, pero que es un indicador más de la debilidad del Govern de Catalunya. Si se conocían los datos, ¿cómo se preparó tan mal la comunicación del día 5 de septiembre? ¿Cómo no se previó el impacto que tendrían sobre la opinión pública unos datos desastrosos y se cometieron errores tan grandes en los primeros mensajes? Durante la etapa de Josep González Cambray como conseller d’Educació, analizando diversos acontecimientos, comenté en un par de artículos que el Departamento tenía un serio problema con la gestión de su comunicación. Parece que la situación se mantiene y sería importante poner solución. Y me duele constatarlo siendo ahora consellera una de las políticas de nuestro país que más respeto y valoro.

Los resultados de este informe han disparado todas las alarmas y, más allá de intereses partidistas, los agentes implicados tratan de coordinarse para encontrar soluciones. Pero ¿pensáis que todo el mundo está igual de preocupado? Yo creo que no. Los datos son un síntoma más de un problema de fondo que, de manera insistente y persistente, se hace evidente una vez tras otra desde hace años: las enormes desigualdades sociales que se viven en Catalunya. Por eso, si los análisis se centran exclusivamente en los resultados educativos, os puedo asegurar que buena parte de las titularidades de la escuela concertada y privada y de las familias que atienden no están hablando mucho de PISA.

Hacer la afirmación que toda la escuela concertada catalana es elitista y que no atiende la desigualdad sería tan estúpido e injusto como decir que toda la escuela pública de nuestro país es de máxima calidad y acoge de manera equitativa a los colectivos más vulnerables. Ahora bien, un mínimo conocimiento de la realidad educativa permite afirmar que con unas cuantas excepciones, que encontramos entre las escuelas cooperativas, escuelas religiosas ubicadas en determinados barrios y territorios desfavorecidos y algunos proyectos de iniciativa social con proyectos integradores, la gran mayoría de la escuela concertada es una escuela que responde, con diferentes grados de elitismo, a las necesidades de sus familias clientes para alejarse de una educación pública cohesionadora e igualitaria. De la escuela privada no vale la pena hablar mucho: sencillamente es la élite de la élite que mide la educación de la misma manera que lo mide todo, con dinero. Sólo hace falta mirar quiénes son, que hacen y cómo lo hacen.

El martes era PISA, pero es que el miércoles sabíamos que, según un informe de UNICEF, España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, con un 27,8%. Y todavía no hace un mes, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) apuntaba en su último informe Insocat sobre “Las fracturas internas del sistema de garantía de ingresos”, entre otros datos, que el 42% de los hogares con niños que en Catalunya sufren pobreza severa, no consiguen salir de ella. Pobreza extrema, severa y en crecimiento. La correlación con la educación es evidente. La incidencia de las desigualdades sociales sobre la escuela y los resultados educativos está acreditada y no se pueden analizar como dos realidades diferentes y paralelas.

Desde la gestión de las políticas públicas se cae a menudo en el error de trabajar como si educación, salud, acción social y otros ámbitos vinculados fueran compartimentos estancos. Nada más lejos de la realidad; por ello hay que atacar de raíz los factores causales de las desigualdades sociales. Sólo con propuestas de redistribución de la riqueza, igualdad de oportunidades e inclusión social real conseguiremos una sociedad equitativa y más cohesionada. Seguir por el camino que ahora recorremos agravará año tras año los indicadores y resultados, con el riesgo de fractura y estallido social que ello puede implicar.

Para acabar, una reflexión que muchos, y desde hace mucho tiempo, ponemos sobre la mesa. Ciertamente, para resolver los problemas de los pilares del estado del bienestar hay que escuchar a todos a los agentes implicados. Pero empecemos por quienes están en la trinchera. Escuchemos a las docentes y educadoras; escuchemos a las sanitarias; escuchemos a las profesionales de la intervención social. Ellas serán siempre las que mejor nos podrán hacer un primer diagnóstico de la situación.

Estos últimos días, analizando los resultados PISA, la consellera Anna Simó hablaba de conjurarse y hacer piña. Yo añadiría mirada global y transversal. Pueden ser los primeros pasos para empezar a revertir la situación.

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