La llamada “política basada en la evidencia” tiene por objetivo impulsar un tipo de investigación que no solo ayude a comprender la sociedad, sino que ofrezca directrices de cómo mejorarla. Desde el sector educativo al sanitario, pasando por los servicios de tráfico o las políticas energéticas, un número creciente de operadores públicos demandan mayor evidencia no solo para saber si sus intervenciones funcionan, sino para saber cómo lo hacen. Que el diseño de políticas públicas debe estar informado por la evidencia y la evaluación es una premisa que actualmente parece gozar de un amplio consenso. El caso de la Renta Básica Universal (RBU, en adelante) no es una excepción.
La RBU es una propuesta que, en caso de implantarse, generaría unos importantísimos efectos tanto a nivel individual y comunitario como institucional y, por tanto, es lógico que se quieran poder prever sus consecuencias para ajustar tanto el diseño como la puesta en marcha. Por este motivo, desde hace décadas, varios países y ciudades de todo el mundo están realizando experimentos o pruebas piloto con transferencias monetarias más o menos similares a la RBU.
Hasta el día de hoy, se han realizado o se están realizando cerca de 200. Cada uno de ellos muestra diferencias en cuanto a la duración, al número de participantes y sus características, a la cuantía y modalidades de pago, a los requisitos para participar, a la escala territorial, al modelo de financiación, a los equipos de diseño, de implementación y de evaluación o a la técnica experimental utilizada. La mayoría han obtenido resultados muy positivos en áreas como la salud mental y física, la participación, la felicidad y el bienestar subjetivo, los usos del tiempo, la reducción de deudas privadas y la mejora de la situación financiera o el aumento de la calidad del sueño y de la alimentación, por ejemplo. Estos resultados, sin embargo, son relativamente previsibles de observar, dado que si se proporciona una prestación a quien sufre problemas causados por la carencia de recursos económicos, estos problemas tenderán a reducirse. En consecuencia, existen razones de peso para creer que los experimentos que se realicen en el futuro obtendrán resultados positivos en la mayoría de estos indicadores. La pregunta que todo ello suscita es obvia: si estos resultados son tan positivos, ¿por qué ningún país en el que se ha experimentado con la RBU la ha acabado instaurando? ¿Estos pilotos no son en realidad un fracaso si ninguno de ellos ha acabado traducido en una política de RBU real?
Los procesos políticos distan mucho de operar tal y como lo hace el método científico de ensayo y error. No podemos esperar ingenuamente que una decisión política se lleve a la práctica basándose tan solo en los resultados científicos de un experimento, por más significativos que éstos puedan ser. El problema es que tendemos a pensar en los resultados de estos proyectos exclusivamente en términos científicos cuando, en realidad, van mucho más allá. Fuera del ámbito estrictamente científico, existen dos ámbitos en los que los resultados de estos proyectos experimentales son significativos y que, de una u otra forma, contribuyen a hacer avanzar la idea de la RBU. El primero es el ámbito de la política, el segundo el de las políticas.
Dentro del ámbito de la política, podemos identificar tres áreas en las que la simple puesta en marcha de un piloto de RBU puede comportar un impacto importante.
- La primera área hace referencia a los procesos políticos que pueden desencadenarse. Dos ejemplos lo ilustran. Primero: el experimento de RBU realizado en la India entre 2011 y 2013 propició un importante proceso de sensibilización y movilización en favor de la RB, no sólo dentro del país, sino sobre todo a nivel internacional. Segundo: el anuncio del Plan Piloto de la Generalitat ha favorecido que varias entidades del tercer sector social se hayan interesado por la propuesta, que está promoviendo un cambio en el discurso de los sectores de la intervención social respecto a las políticas de suficiencia de renta.
- La segunda área tiene que ver con las coaliciones políticas. Por ejemplo, la campaña “És Bàsic” impulsada por el CNJC, ha supuesto un revulsivo dentro del mundo juvenil catalán. Sin el anuncio del piloto de la Generalitat, difícilmente habría sido posible que una plataforma juvenil tan heterogénea como ésta hubiera impulsado una campaña que promueve actos y conferencias en coalición con entidades y organizaciones con las que nunca antes había colaborado. Asimismo, el experimento realizado en Namibia de 2008 a 2009 consiguió movilizar a varias fuerzas políticas sindicales y religiosas agrupadas en torno a la “Coalición BIGNAM”, que desde entonces atrae a nuevos actores y entidades miembros en una creciente dinámica política en favor de la RBU en ese país.
- La tercera área está relacionada con lo que entendemos como la calidad democrática y la cultura política del país. En nuestro país, por ejemplo, la política basada en la evidencia es todavía una práctica residual dentro de la administración pública. El piloto de RBU que pretende impulsar la Generalitat es uno de los primeros casos en los que una política es diseñada y evaluada antes de implantarse por parte de una agencia profesional e independiente –Ivàlua–, dedicada precisamente a la evaluación de políticas públicas. ¿Cuántas políticas o programas desastrosos se habría podido ahorrar el erario público si antes hubieran sido rigurosamente diseñadas y evaluadas? Impulsar políticas basadas en la evidencia, y no en el simple oportunismo electoral, ofrece señales del grado de calidad democrática y de seriedad con la que opera un gobierno. Como tercer ejemplo, podemos citar la labor de difusión y pedagogía realizada a través del Plan Piloto de la Generalitat dentro de la propia administración pública, dónde se han empezado a inocular nuevas lógicas de trabajo y a despertar la voluntad de poder abordar la discusión, empíricamente informada, sobre la necesaria transición de las prácticas asistencialistas y sancionadoras hacia una lógica de la universalidad y la incondicionalidad.
El segundo ámbito no estrictamente científico en el que los experimentos de RBU también generan impactos es el relativo a las políticas.
- Por un lado, podemos observar impactos sobre la reforma de políticas ya existentes. Por ejemplo, el Plan Piloto de Cataluña y el debate que ha generado sobre la necesidad de avanzar hacia la RBU seguramente tienen mucho que ver con la actual reforma de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía encaminada, precisamente, a hacerla compatible con la percepción de rentas salariales. Por otro lado, el proyecto piloto realizado en Barcelona entre 2017 y 2019, el llamado B-MINCOME, también tuvo un impacto sobre la adecuación de las políticas activas de inserción sociolaboral de la ciudad, incorporando una lógica mucho más comunitaria, una vocación de arraigo en el territorio y con mayor participación del tejido social de los barrios. Por último, cabe destacar que los múltiples experimentos de RBU que se están realizando en varias ciudades norteamericanas parecen tener efectos positivos sobre la reformulación de las políticas de salarios mínimos y la reducción de las sanciones y condicionalidades asociadas a las actuales políticas de rentas mínimas del país.
- Por otra parte, los experimentos también impactan sobre el diseño y puesta en marcha de nuevas políticas. El caso canadiense lo ilustra perfectamente. Entre 2017 y 2019, el gobierno de Ontario realizó un ambicioso experimento de RBU. Sin embargo, el nuevo gobierno de signo conservador surgido de las elecciones del 2018 decidió unilateralmente y de forma arbitraria cancelar el proyecto experimental antes de empezar su segundo año. Tal decisión provocó una amplísima reacción de indignación y de quejas, en primer lugar, de los propios participantes y, después, de amplísimos sectores políticos, académicos y sociales. El debate en torno a la RBU que generó la puesta en marcha del experimento y su posterior cancelación tiene mucho que ver con que el Senado canadiense esté estudiando una nueva ley, la S-322, a través de la cual insta al Gobierno federal a realizar los estudios necesarios para transformar las actuales políticas de rentas mínimas en una auténtica política de RBU de alcance federal.
Los experimentos o planes piloto de RBU tienen y deben tener una clara vocación científica dirigida a obtener toda la evidencia empírica necesaria para informar futuras políticas públicas o para mejorar las ya existentes. Ahora bien, se equivoca quien crea que el impacto o la trascendencia de tales experimentos se agota exclusivamente en el ámbito científico o únicamente en la política basada en la evidencia. Los experimentos de RBU son también, e inevitablemente, proyectos cargados de un fuerte componente político, ya sea en lo que se refiere a su impacto sobre los procesos y las dinámicas políticas, como en lo que se refiere a la reformulación de viejas políticas públicas o la puesta en marcha de nuevas. Tal y como hemos sugerido al inicio de este artículo, es muy poco plausible que la evidencia científica obtenida por un experimento de RBU sea neutra o incluso negativa. De la misma manera, es muy poco probable que este experimento sea intrascendente en lo que se refiere al debate, a los procesos políticos y al policymaking que le acompañan.
Si algo tienen en común todos estos experimentos o programas piloto es que contribuyen a esclarecer y concretar el debate en torno a la RBU. Hace años, cuando esta propuesta era todavía poco conocida, el apoyo que podía recibir por parte de los diversos agentes políticos, sociales, culturales o intelectuales era relativamente fácil de conseguir, dado que su poca concreción o el hecho de percibirla como algo lejano, difuso en el tiempo o incluso utópico, ofrecía incentivos a estos actores para apoyarla, aunque fuera de forma tímida o poco entusiasta. Por el contrario, cuando se plantea la posibilidad de poner en marcha un proyecto experimental y éste requiere determinar qué características tendría la RBU, cuál debería ser su cuantía o su sistema de financiación, el apoyo a la propuesta se encarece exponencialmente.
El mejor ejemplo, de nuevo, es el caso catalán. En 2003, cuando la RBU era todavía una propuesta incipiente dentro del ámbito político-institucional, el PSC, ERC e ICV-EUiA incluyeron en el 5.º artículo del Pacto del Tinell el compromiso de “redefinir la Renta Mínima de Inserción tendiendo a que se convierta en una renta básica de ciudadanía estudiando las diferentes propuestas de implantación progresiva”. Veinte años más tarde, el propio PSC se ha conjurado, no solo en contra de ese compromiso, sino incluso para negar la posibilidad de realizar un (simple) experimento. ¿Qué es lo que tanto temen? ¿Qué problema ven, en poder discutir sus posiciones políticas y contrastarlas con las de los demás de forma informada?
Los experimentos van mucho más allá de constituir una simple herramienta científica con la que conseguir evidencia empírica, convirtiéndose más bien en iniciativas impregnadas de una fuerte carga política e ideológica con múltiples efectos y consecuencias. Nos fuerzan, en definitiva, a tomar partido. ¡Bienvenidos sean, pues!
Catalunya Plural, 2024 
