La problemática en torno a los pisos turísticos o alquileres de temporada no deja de crecer. El último capítulo, aún por cerrar, se vivió este miércoles, 21 de diciembre, en el Parlament con la aprobación de un proyecto de ley para regular los pisos turísticos, que se votará definitivamente en el primer trimestre de 2024.
Desde que, a principios de noviembre, la Generalitat aprobó un Decreto para regular los pisos turísticos y frenar el impacto que estos tienen en el acceso a la vivienda de las vecinas y vecinos. El Decreto afectaba a 262 municipios que acumulan 95.000 de los 103.000 pisos turísticos existentes en Catalunya e implicaba el recorte de 28.000 pisos turísticos concentrados en 47 municipios.
La patronal de apartamentos turísticos de Barcelona Apartur y la de ámbito catalán Federatur se tomaron esta regulación como una declaración de guerra. Desde entonces la polémica y la presión de este lobby no ha cesado, amenazando que recurrirán judicialmente la normativa, si se acaba aprobando.
Varios alcaldes del PSC han criticado la medida al ver cómo ponía en riesgo parte de sus intereses económicos. Fuentes de los socialistas afirman estar a favor de una regulación, “pero no con una norma genérica que regula en base a imposiciones”, apostando más por una regulación a la carta y al libre albedrío de los ayuntamientos.
La tensión con ERC duró hasta el último momento previo a la votación del miércoles cuando se llegó a un acuerdo con PSC que ha descafeinado el Decreto original, pero ha asegurado el voto a favor de los socialistas. Con más de 70 votos a favor (PSC-Units, ERC, CUP y ECP) y 51 en contra (JxCat, Vox, Cs, PPC y un diputado no adscrito), y a petición de varios grupos parlamentarios, finalmente el decreto se tramitará como proyecto de ley y podrá sufrir modificaciones vía enmiendas hasta que se apruebe definitivamente.
Entre otras cosas, la normativa establece que las nuevas licencias tengan una duración de cinco años, prorrogables siempre que el plan urbanístico lo permita, y establece un régimen transitorio de cinco años para que los propietarios de las viviendas turísticas ya existentes puedan actualizar su situación y conservar su licencia actual
Entre los cambios se encuentra la reducción del número de municipios afectados por el régimen de licencia previa para pisos turísticos, que será obligatoria en 140 localidades consideradas como tensionadas, frente a las 262 que estipulaba el texto de noviembre.
Se elimina el tope establecido por el Govern (un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100.000 habitantes) y se permitirá a los ayuntamientos decidir el número máximo de viviendas de uso turístico en función de su modelo turístico.
Otro punto del acuerdo entre ERC y PSC es estudiar la posibilidad de presentar una enmienda para establecer un recargo en la tasa turística en este tipo de viviendas para que lo recauden las administraciones locales.
Un modelo de negocio con beneficios millonarios a costa de la expulsión de vecinas y gentrificación de barrios y ciudades
El modelo Airbnb, que nació en 2007 casi de forma casual en San Francisco, 16 años después es un gigante a nivel mundial. Brian Chesky, cofundador y consejero delegado de la plataforma de alojamientos, recientemente afirmaba: “Seguimos siendo una alternativa barata a un hotel, pero cuando empezamos Airbnb era para gente como yo, que tenía 26 años y poco presupuesto para viajar, pero estaba dispuesto a quedarme con otras personas, alquilar una habitación y compartir un espacio en su casa. Hemos evolucionado para intentar tener algo para todo el mundo. Todavía tenemos habitaciones, más de las que hemos tenido nunca, con esa idea original económica, pero luego pasamos a alquilar un apartamento, un piso, una villa. Ahora tenemos grandes alquileres de vacaciones, casas fuera de lo común: casas en los árboles, castillos, barcos e iglús. Y además hemos pasado de unas pocas ciudades a ser una red global. Estamos en casi todos los países del mundo.”
Airbnb ha construido un modelo de éxito, con 1.890 millones de beneficios solo en 2022. Lo que surgió como una forma de economía colaborativa ha acabado por inflar los precios de la vivienda, expulsar a la población local del centro de las ciudades, sobrecargar los recursos y fomentar la masificación turística. Situaciones que ya se están convirtiendo en un hervidero social, por el deterioro que conlleva hacia nuestras ciudades.
La regulación es urgente aunque haya quien se tire de los pelos al ver afectados sus intereses. Solo hay que ver algunas de las reacciones a la votación en el Parlament.
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) apela “al sentido común” y la consagrada seguridad jurídica, afirmando que para nada su actividad afecta al acceso a la vivienda ni a su precio, pero que esta propuesta de ley pone en riesgo la expansión internacional de Catalunya. Su presidente, David Riba, no se corta, trata la normativa de “regulación turismofóbica” y de“expropiación sin indemnizar”. Riba asegura que la vía del Tribunal Constitucional se convierte en el camino para defender los intereses del sector y “revertir experimentos y ocurrencias que no son en beneficio de nadie”.
Apartur, la patronal de pisos turísticos de Barcelona, ve con preocupación las declaraciones del ayuntamiento apostando por reducir significativamente los pisos turísticos en la ciudad, dando continuidad a las políticas impulsadas en 2015 para impedir la concesión de más licencias. Según su presidente, Enrique Alcántara, “Barcelona se está borrando del mapa internacional” y estas reformas “favorecen a unos alojamientos concretos y dejan el sector en manos del lobby hotelero”
Por todo el mundo, cada día aumenta la lista de ciudades, e incluso países, que se plantan contra este modelo de negocio. En España, las grandes ciudades tienen regulada la actividad desde hace años, aunque su limitación haya resultado insuficiente para hacer frente al creciente problema de vivienda en sus entornos. A ellas se han sumado en los últimos tiempos núcleos de tamaño mediano, que se encuentran con dificultades para contratar a profesionales de servicios básicos, como educación o sanidad, precisamente por la falta de vivienda para usar como tal.
Según los últimos datos del INE, de febrero pasado, en todo el territorio nacional hay 305.136 viviendas turísticas, el 1,21% del total del parque de viviendas. Una elevada cifra ante la situación de emergencia que vivimos y la falta de vivienda para su uso a precio asequible.
En 2017, la UAB ya daba detalles en un estudio, de cómo afectaba el alquiler turístico al mercado de la vivienda en Barcelona. Los resultados obtenidos indican que el aumento de apartamentos turísticos causó una parte del incremento de los precios y alquileres de la vivienda en Barcelona entre 2007 y 2017. Concretamente, por cada 100 nuevos anuncios de Airbnb, los alquileres y los precios de compra crecieron un 3,5% y un 8,5%, respectivamente. Si tenemos en cuenta el incremento mediano de la actividad de Airbnb, la proliferación de los alquileres turísticos explica el aumento del 4% y 20% en los alquileres y precios de compra, respectivamente, que se experimentó en la ciudad de Barcelona
En los últimos años, Barcelona ha experimentado una disminución en el número de pisos turísticos. Recientemente, las cifras han vuelto a crecer. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de agosto de 2023, hubo 7.531 pisos turísticos en Barcelona, una cifra que representa un pequeño aumento, de apenas de 22 pisos más, en comparación al 2020. Actualmente, alrededor del 0,93% de las viviendas en Barcelona están destinadas al turismo, un número menor respecto al 2,13% que existía en 2020 cuando había un total de 17.280 pisos.
Hace una semana, se supo que el Ayuntamiento de Barcelona deberá autorizar casi 900 pisos turísticos debido a un fallo judicial en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Desde la anulación de esta regulación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2019, se han puesto en marcha 615 nuevas viviendas de uso turístico. Esto significa que el censo actual de propiedades de este tipo en la capital catalana es de 9.804 pisos. Cifra cercana a la época de Xavier Trias, cuando se cuadruplicaron en cuatro años (2011-2015), coincidiendo con la liberalización del fenómeno, en 2012.
Solo hay que pasearse por el Gótico, Ciutat Vella o Poble Sec, por citar tres barrios de la ciudad condal para ver los efectos, no solo en la falta de vecinos y vecinas, también vemos desaparecer el comercio tradicional y la esencia de los barrios. Muchos de ellos desahuciados por los elevados precios de los locales que hacen inasumible la rentabilidad del comercio. Una expulsión de comercio que parece no afectar a los nuevos modelos gentrificadores dirigidos a los turistas, que los sustituyen.
En el resto de Catalunya, la proliferación de 702 pisos turísticos en 2012 a casi 100.000 en 2023 está empujando a cada vez más municipios hacia la regulación, aunque otros se rebelan en contra al tener todo su motor económico centrado en este negocio.
Catalunya Plural, 2024 
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Como se nota que este tío es miembro de una de estas plataformas que quieren subvenciones y facilidades a costa del trabajo de los demás. Chico, si quieres un piso y no te lo puedes pagar, pues te vas fuera de Barcelona, como hice en su día yo, y tan contento. Este articulo es totalmente subjetivo y sesgado, y no explica absolutamente nada de la cantidad de dinero que genera a empresas indirectas como comercios, restauración, etc. No habla del impacto económico que provocará esto en grandes eventos cómo el Mobile Congress, Copa America, etc ni tampoco habla de que, por ejemplo en Barcelona, hay solo 9000 pisos turisticos en contra de mas de 30.000 locales como despachos de abogados, notarios, etc que están ubicados en pisos. ¿Por que no se hace una medida contra este tipo de negocios?. La respuesta es fácil, porque el tema de los pisos turísticos es lo que alimenta la demagogia y populismo que suelen utilizar los partidos de izquierdas y a gente como este señor que escribe el articulo
Lamentable artículo que se basa más en intenciones sobre los efectos de los pisos turísticos que sobre los datos. Si en Barcelona no ha habido más pisos turísticos en los últimos 10 años y el precio del alquiler no ha dejado de aumentar como nunca, no hay que ser un lumbreras para ver que ambos fenómenos no están correlacionados. además, este decreto se ha aprobado sin ningún estudio sobre el impacto económico que provocará, ese es el nivel de los que nos gobiernan. Irse de vacaciones en Catalunya será mucho más caro pues solo habrá básicamente oferta hotelera y estos podrán subir los precios sin límite, como ya está pasando en Nueva York. El lobby hotelero se frota las manos porque quieren hacerse con el pastel de los pisos turísticos, cuando un hotel no tiene el impacto positivo que genera un piso turístico en la economía local ni permite viajar a las clases sociales menos favorecidas. Y además ocupa un espacio físico urbano bastante más considerable que el de los pisos turísticos. En fin, todo es un despropósito que se vende como alpiste populista, que solo causará perjuicios a la economía catalana y cuyos beneficios para promover vivienda asequible a colectivos vulnerables serán realmente inexistentes.