Sudáfrica ha sentado a Israel en el banquillo de los acusados, con una denuncia por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Después de meses de silencios cómplices o de apoyo de las principales potencias mundiales a la masacre israelí en Gaza, el mero hecho de ver a los representantes de Israel obligados a defenderse de la acusación de crimen de crímenes transmite cierta sensación de justicia, después de 13 semanas de impunidad. Justo antes del inicio del juicio, el primer ministro Benjamin Netanyahu publicó un vídeo en inglés afirmando que “Israel no tiene intención de ocupar Gaza de forma permanente ni desplazar a la población civil; Israel combate a terroristas de Hamás, no a la población palestina” (lo contrario de lo que llevan semanas afirmando y demostrando distintos altos cargos israelíes), un indicio de que el gobierno israelí está preocupado por la denuncia de La Haya.
La CIJ no es un tribunal penal, es una corte de la ONU que dirime disputas entre Estados. Sudáfrica ha denunciado a Israel porque considera que ha incumplido varios artículos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, firmada por ambos países. El juicio durará años, pero el primer objetivo de Sudáfrica es que la Corte dicte medidas cautelares, es decir, que antes de decidir si Israel está realmente incumpliendo la Convención, le ordene detener o limitar su ofensiva militar en Gaza para prevenir posibles actos de genocidio. Esta decisión, que la Corte tomará en semanas, significaría que la denuncia de genocidio se considera plausible, echando por tierra definitivamente la retórica israelí de la “legítima defensa”.
El juicio empezó el jueves 11 con la intervención de los representantes legales del gobierno de Sudáfrica. Fue especialmente impactante la intervención de la abogada Adila Hassim, que, sin grandes aspavientos retóricos, explicó con detalle los hechos en que basan su acusación: la muerte de más de 23.000 personas y la desaparición de 7.000 más bajo las ruinas, los bombardeos “en casas, refugios, hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias”, la destrucción de 350.000 hogares, el desplazamiento forzoso del 85% de la población de la Franja, la restricción deliberada del acceso a alimentos y agua, o los ataques mortales en zonas declaradas “seguras” por el propio Ejército israelí, después de ordenar el desplazamiento de la población palestina a esas áreas.
El día siguiente era el turno de Israel. Abrió las intervenciones Tal Becker, asesor legal del Ministerio de Exteriores. Becker insistió en la gravedad de los crímenes cometidos por Hamás durante su ataque del 7 de octubre, incluido el secuestro de civiles. Además, acusó a Hamás de utilizar hospitales y escuelas como puestos de mando, ambulancias como medio de transporte o vestir a sus combatientes de civiles, un argumento que repitieron otros representantes de Israel. No llegaron a explicitar la consecuencia de estas supuestas prácticas de Hamás: que para Israel es legítimo atacar instalaciones civiles –incluidos hospitales– si sospechan que albergan a miembros del grupo armado islamista, aunque estos ataques constituyen crímenes de guerra según el Derecho Internacional. Como cantaban unos soldados en un vídeo mostrado en el juicio por los representantes de Sudáfrica, parece que para Israel no hay “civiles no implicados” en el conflicto.
Los abogados enviados por Israel a La Haya rechazaron que las declaraciones de políticos israelíes que el tribunal escuchó el día 11 supongan llamadas al genocidio, a pesar de su claridad: los gazatíes son “animales humanos”, “No habrá electricidad ni agua, sólo destrucción” son solo algunos ejemplos. En un ejercicio de cinismo, la jurista Galit Raguan presumió de los supuestos esfuerzos de Israel para proteger a la población civil palestina, incluido el trabajo conjunto con organizaciones internacionales (más de 140 trabajadores de la ONU han muerto por los bombardeos israelíes), la entrada de ayuda humanitaria (Israel bloqueó durante semanas los accesos) o el suministro de comida (9 de cada 10 gazatíes no pueden comer todos los días). Raguan obvió que las mínimas cesiones humanitarias de Israel solo llegaron después de fuertes presiones internacionales.
Una de las principales esperanzas de Sudáfrica es el precedente del genocidio de los rohingyas. En 2020, Gambia denunció a Myanmar por actos genocidas contra esta minoría musulmana y la Corte ordenó al gobierno de Myanmar tomar medidas para prevenir el genocidio, antes de decidir sobre el fondo de la denuncia. En el caso de Gaza, sin embargo, al presentar Israel su ofensiva militar como una respuesta legítima a los ataques de Hamás del 7 de octubre, necesaria para garantizar la protección de su población, es más difícil que la Corte ordene una detención total de la invasión.
Si la Corte ordena medidas cautelares, sería el mayor golpe diplomático contra Israel desde el inicio de los bombardeos. Aunque es improbable que el gobierno ultraderechista de Netanyahu detenga la guerra, cualquier medida provisional dificultaría que otros Estados apoyen directamente a Israel y redoblaría la legitimidad de las demandas de suspender las ventas de armas o romper relaciones diplomáticas. Además, haría más incómoda la posición de Estados Unidos, que con la decisión de bombardear posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen parece ceder a la intención del gobierno de Netanyahu de internacionalizar el conflicto.
Más a largo plazo, el juicio de La Haya será recordado como un ejemplo de la pérdida de influencia internacional de la Unión Europea, que pretende basar su peso diplomático en la defensa de los derechos humanos. Mientras los líderes europeos han encadenado estos meses lamentables declaraciones, desde el apoyo al “derecho a la defensa” de Israel a tímidas advertencias sin consecuencias prácticas, como las emitidas por Pedro Sánchez, ha sido un país africano el que ha exigido la responsabilidad legal de Israel, recibiendo el apoyo de decenas de Estados del Sur global. También fueron países latinoamericanos como Bolivia o Colombia los primeros en tomar acciones diplomáticas contra Israel.
“Los genocidios nunca se declaran”, afirmó la abogada Adila Hassim en su alegato, pero no es necesario para que este crimen exista. Los genocidios siempre han sido recibidos con incredulidad; cuesta admitir que un gobierno decida exterminar a una población o tome decisiones que conducen a este resultado. Pero, como Sudáfrica está demostrando en La Haya, los hechos son tozudos y señalan en una sola dirección: Israel está cometiendo actos genocidas en Gaza.
Catalunya Plural, 2024 
