A lo largo de la última semana, hemos visto el fracaso del megaproyecto de ley conocido como Ley Ómnibus, enviado hace unas semanas a la cámara baja por el ejecutivo argentino. Luego de un debate intenso en comisión, algunos legisladores que no forman parte del oficialismo, como los llamados legisladores dialoguistas, conformados en su mayoría por la Unión Cívica Radical (UCR), habían dado luz verde a gran parte del articulado de la ley.
Dicho proyecto que al entrar en la cámara baja y habiendo conseguido su aprobación general estaba teniendo dificultades para avanzar en el punto sobre la delegación de facultades. Los numerosos desencuentros con la oposición en artículos sensibles provocaron que La Libertad Avanza (LLA) decidiera volver el proyecto a foja cero y enviarlo en su conjunto otra vez a comisión. De esta manera, el ejecutivo, junto con sus legisladores, decidió tirar atrás todo el trabajo parlamentario y las negociaciones realizadas en el último mes.
Algunos de sus legisladores, creyendo que este hecho no afectaría a su tratamiento general, hicieron algunas apariciones en televisión explicando la bochornosa sesión en diputados y quedaron más que sorprendidos cuando los propios periodistas de los programas de TV les explicaron el reglamento de la cámara baja, el cual detalla:
Artículo 155. Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna.
El fracaso estrepitoso en su intento de impulsar un proyecto de ley de carácter megalómano que tenía como parte fundamental la delegación de facultades al ejecutivo en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, se acabó por vislumbrar cuando el propio presidente de la nación, Javier Milei, compartió en sus redes sociales una lista con nombres y fotografías de los legisladores que rechazaron el megaproyecto y los calificó como traidores a la patria y extorsionadores.
Pero, como bien indica su nombre, la Ley Ómnibus (o también conocida como Ley de Bases) trae consigo una serie de reformas profundas del Estado que el ejecutivo considera indispensables para llevar a cabo la transformación de la Argentina que ellos pretenden. Algunos de los puntos más relevantes de esta ley son:
- Privatizaciones masivas; entre las cuales se incluyen ferrocarriles, Aerolíneas, medios públicos, correos, bancos y empresas satelitales.
- Autorización para la toma de deuda sin la necesidad de la aprobación del Congreso.
- Liquidación de los títulos y de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
- Desregulación del sector del hidrocarburo.
- Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones.
A poco más de 45 días de asumir, Javier Milei y su gobierno deberían estar atravesando un momento de fortaleza y gozando de buena salud entre la popularidad de los argentinos. Lo cierto es que más bien la realidad nos enseña todo lo contrario. El gobierno se muestra prepotente, caótico y desorganizado.
El principal problema de este gobierno es que no tiene condiciones de gobernabilidad. Es decir, que para gobernar Argentina es necesario llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas si se pretende tirar adelante las reformas que se consideren necesarias. Pero es el propio presidente el que se encarga de minar una y otra vez las relaciones con el resto de los partidos con declaraciones y comunicados incendiarios, provocativos y con tintes autoritarios que no han hecho otra cosa que exasperar a la oposición.
El Estado como agente represivo
El profesor de Literatura Contemporánea de la Universidad de Milán, Antonio Scurati, explica en una de sus numerosas entrevistas que todavía en nuestros días sobreviven restos de populismo mussoliniano en los líderes políticos a lo largo y ancho del globo. Para explicar esta teoría, se ayuda de una de las frases más conocidas del ex caudillo italiano, Benito Mussolini, que proclama: “Yo soy el pueblo, y el pueblo soy yo”. A partir de esta total identificación del líder con el pueblo, se desprende que cualquier disidencia que se pueda tener, lo será también contra el pueblo. Pero esta idea también implica un total descrédito del Parlamento, el cual se considera que es corrupto y que sus funciones están obsoletas.
Si hay algo que mostró el presidente argentino Javier Milei en estos dos meses que lleva gobernando no solamente es su total desprecio por la instituciones del Estado y por la oposición, sino también su capacidad para empujar (incluso más allá de los límites) con las reformas estructurales que pretende hacer del Estado. Su idea, igual que la de los ultraliberales de finales del siglo XX, es la de un Estado mínimo que sólo proteja el cumplimiento de los contratos. Para Milei y los libertarios, otorgar competencias al Estado es inmoral y atenta contra los derechos individuales.
No solamente estamos en presencia de un populismo barato e improvisado, sino también peligroso. La idea del Estado mínimo se contrapone con la idea de fortalecer los cuerpos de seguridad con el único objetivo de instrumentalizarlos para reprimir cualquier tipo de protesta social. Las ideas de militarización están calando en el continente, donde su mayor exponente lo encontramos en El Salvador. Nayib Bukele acaba de ser reelegido presidente por más de un 85% de los votos y con el índice de popularidad más alto del mundo.
En el caso argentino, dentro de las fuerzas de seguridad, existe una buena sintonía con los planteos de orden de Milei, alimentado por un fuerte desprecio a la izquierda y a los movimientos sociales. Pero también, existe una disidencia por el acercamiento del mandatario al estado de Israel, ya que coexiste con un profundo antisemitismo arraigado en la derecha nacionalista argentina.
Por todo esto nos preguntamos:¿Representa Milei algo nuevo? ¿Es novedoso su proyecto? ¿Trae consigo un equipo con ideas diferentes? Las respuestas a estas preguntas son la misma. No. Milei viene a dar solución a un reclamo social que es la inflación y lo hará a través de un shock económico, golpeando directamente en el consumo de las clases medias y trabajadoras. Aspira a que reduciendo el consumo y a través del déficit cero (mantra ideológico de la derecha) achicando el gasto del estado, se pueda controlar la desbocada inflación que viene azotando hace ya tantos años al país.
Entramos en una etapa de un nuevo ultraliberalismo más autoritario, que viene pisando fuerte en todo el continente. Con la más que posible vuelta de Trump a la Casa Blanca, el modelo de confrontación política está cambiando y al parecer los mínimos consensos de institucionalidad se están viendo forzados. Con cierta tosquedad en los argumentos, un grave desconocimiento de las normas y reglas institucionales y buscando siempre un desequilibro en favor de los sectores más concentrados, Javier Milei todavía tiene que encontrar su sitio en la historia. Esperemos que no sea a costa de más hambre y pobreza de los argentinos.
