En las últimas semanas hemos podido comprobar que existen dos maneras de afrontar la emergencia climática y de salud pública desde la máxima responsabilidad política de un ayuntamiento. En Cataluña alcaldes y alcaldesas de ciudades como Badalona, Terrassa, Sabadell o Castelldefels, entre otros municipios metropolitanos, ya han expresado su incomodidad con la obligatoriedad de aplicar la Zona de Bajas Emisiones en sus municipios. Con el pretexto de defender a los vecinos y vecinas que no tienen “capacidad económica para cambiarse el coche”, estos responsables políticos, liderados por el mediático Albiol, son partidarios de dilatar la entrada en vigor de una medida que es de obligado cumplimiento en el marco de la política comunitaria europea. Una medida que, por cierto, se sustenta en la evidencia científica que concluye que a mayor contaminación de vehículos indefectiblemente hay más muertes por culpa de la exposición a los combustibles fósiles y al aire deteriorado que respiramos. Según datos del Instituto de Salud Global sólo en el área de Barcelona hablamos de 500 muertes prematuras, más de 2.000 casos de enfermedades graves y más de 1.000 casos de asma infantil anuales.
En este mismo período de tiempo, en París o en Hannover nos hemos encontrado con la otra cara de la moneda en lo que se refiere a afrontar la responsabilidad de adoptar medidas antipopulares en beneficio del bien común posterior. La ciudad alemana ya ha anunciado que seguirá el camino marcado por la municipalidad de la capital francesa. La alcaldesa Anne Hidalgo se ha tomado muy en serio el combate contra la emergencia actual y los efectos que la contaminación de los coches tiene en esta crisis climática y de salud pública. Y una de las medidas que pronto entrará en vigor ha salido de un proceso de participación ciudadana en el que los vecinos y vecinas de París han aprobado aumentar la tasa de aparcamiento en la vía pública para los vehículos SUV y los 4X4, aquellos que más contaminan y que, por su volumen, ocupan más espacio público en la ciudad. En algunos casos este gravamen triplica el importe que cualquier otro vehículo debe abonar por ocupar una plaza de aparcamiento en la vía pública. El proyecto de París va en la línea de disuadir a los consumidores de seguir comprando este tipo de vehículos nada sostenibles.
Podría decirse que estamos ante una dicotomía entre el modelo Albiol y el modelo Hidalgo. La propuesta del alcalde de Badalona seguramente recibirá el aplauso mayoritario de su vecindario local. Y, en cambio, el modelo Hidalgo probablemente generará animadversión entre un importante porcentaje de vecinos y vecinas de París que acaban de invertir un buen puñado de dinero en un SUV muy grande y potente. Y, ante esta disyuntiva, me vienen a la cabeza dos momentos políticos del pasado que nos ayudan a poner en contexto la acción política y el miedo a atreverse a tomar determinadas medidas necesarias pero impopulares.
En el año 2012, cuando ya estábamos sufriendo los efectos de la crisis financiera de 2008, después del crack bancario y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, Miguel Sebastián, ex ministro de Industria durante el gobierno de Zapatero fue entrevistado en el programa Salvados. Allí confesó a Évole que él y su equipo del entonces gobierno socialista tenían información y sabían que el crack, la crisis económica se avecinaba. Debían tomarse medidas, pero entonces… Nadie se atrevió a poner fin a la fiesta apagando la música. Esto fue lo que dijo Sebastián: “Es como si entras en una fiesta y todo el mundo se está divirtiendo, buena música, la gente es feliz y vas tú, enciendes la luz, apagas la música y dices que todo el mundo se vaya a su casa ”. Sebastián sabía que la fiesta debía terminar porque, además, nos estaba costando un dinero que no teníamos. Pero quien debía asumir el desagradable papel de aguafiestas no se atrevió a hacerlo. Después ya vimos las nefastas consecuencias para todos y todas.
Durante esa época Josep Piqué, ex ministro de Industria con el gobierno de Aznar, en una entrevista en el programa Julia en la Onda, en Onda Cero, compartió con Júlia Otero una experiencia similar a la vivida por Sebastián. En ese momento, hablando de la burbuja que había en España de infraestructuras como aeropuertos y grandes estaciones de alta velocidad sin uso, Otero le preguntó a Piqué si, cuando él era ministro, no se daba cuenta de que muchos de estos proyectos eran insostenibles e injustificables. Y el exministro admitió que sí, que en muchas ocasiones el gobierno no veía la conveniencia de algunos de estos proyectos, pero que “visitabas la zona, hablabas con los alcaldes, presidentes de diputación, gobiernos autonómicos, e incluso con los vecinos y vecinas y todos te pedían el mismo aeropuerto o la misma estación de AVE que tenían en el pueblo de al lado o en la comunidad vecina”. Y claro, a ver quién se atrevía a decirle que no a toda esa gente con sed de gasto público. Nadie lo hizo.
Sirvan de ejemplo estas dos experiencias pasadas para interpretar lo que puede estar pasando ahora mismo en el ámbito local con las medidas necesarias para combatir los efectos de la crisis climática y de salud pública. Cuesta encontrar un alcalde o una alcaldesa valiente, o un miembro de la clase política que se atreva a tomar medidas impopulares, a decirles a sus vecinos que no pueden mantener el mismo tren de vida consumista y contaminante. En este contexto, lo más cómodo es no molestar a nadie y dejar que siga la fiesta con más coches, más infraestructuras contaminantes y mayor libertad para sobreexplotar nuestros recursos. El papel más incómodo es el de aquel o aquella que se atreve, que entra en la sala, enciende la luz, saca la música y pone fin a la fiesta cuando toca plegar y marcharse a casa.
