La pandemia evidenció las migraciones de las grandes ciudades hacia zonas rurales, tendencia que se ha estabilizado tras la COVID-19. De hecho, unas 70.000 personas abandonarán el Área Metropolitana de Barcelona para irse a vivir a pequeñas poblaciones antes del 2027, lo que supone que un 30% de los ciudadanos que cambiarán de residencia. Así lo concluye el estudio “Rural y urbano: migraciones, entorno residencial y estructuras de oportunidad” del Instituto Metrópoli de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
La búsqueda de un estilo de vida diferente y los elevados precios de la vivienda en las grandes ciudades ha incentivado la “contraurbanización”, una nueva tendencia, que pese a ser minoritaria se ha estabilizado. Un 10% de los cambios residenciales que se produjeron en 2021 en Cataluña tuvieron como destino áreas rurales. El año después de la pandemia un 40,1% de los empadronamientos en zonas rurales provenían de grandes ciudades. El pico se registró en el año de la pandemia con 17.105 migraciones, aunque muchos de los empadronamientos fueron temporales en segundas residencias fruto del contexto anómalo de la COVID-19, según el estudio. En 2021 se registraron 16.300 migraciones de este tipo, casi 4.000 más que en 2019 y 6.000 más que en 2015.
Migraciones voluntarias y de familias jóvenes
El perfil son familias jóvenes con o sin hijos. La edad media son los 36 años y de población autóctona y no extranjera, que suelen escoger grandes núcleos urbanos. Además, las migraciones hacia zonas urbanas suelen ser voluntarias y el nivel de satisfacción -un 45%- está por encima de la cifra que registra Barcelona, con un 30%. La satisfacción con los servicios en zonas rurales es menor en cuestiones como el transporte público, centros médicos o actividades culturales. De hecho, la falta de oferta de transporte público en áreas rurales supone que la movilidad sea mayoritariamente en coche, sobre todo para ir al trabajo, ya que dos de cada tres personas trabajan en un municipio diferente al que viven.
Desde el Instituto Metrópoli alertan de los riesgos que pueden tener las migraciones en el precio de la vivienda o la posible configuración de las áreas rurales como municipios dormitorio, con un modelo de movilidad cotidiana poco sostenible. “La descentralización de la actividad económica y cultural, la mejora de la oferta del transporte público y colectivo en áreas rurales y la ampliación del teletrabajo siempre que sea posible son aspectos claves para acompañar este flujo residencial urbano- rural de cara a reducir sus riesgos”, concluye el informe.
