La amnistía avanza
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la proposición de ley orgánica de amnistía, que ahora se seguirá tramitándo en el Senado. Era evidente que habría acuerdo y la Comisión de Justicia fue escenario ya el pasado 7 de marzo de la aprobación del dictamen.
Como era de esperar, este paso ha vuelto a desatar la furia preconstitucional de PP y Vox. En el caso del partido de Nuñez Feijóo, el rencor se ha visto incrementado al hacerse evidente el paso en falso que supuso su iniciativa de hacer intervenir a la Comisión de Venecia. Es una buena muestra de lo distorsionada que tienen los populares la imagen de Europa. El informe preliminar de la Comisión de Venecia ha servido, paradójicamente, para religar un acuerdo que las maniobras del juez García Castellón habían dificultado.
En el Pleno, las intervenciones han sido breves y previsibles, pero la reunión de la Comisión de Justicia de la semana pasada, más intensa, nos permitió contemplar el triste espectáculo del enfrentamiento por el relato entre ERC y Junts, que ahora se trasladará a la campaña electoral. Los republicanos destacaron que los cambios introducidos en la última fase de la negación eran prácticamente irrelevantes, y Junts vendió una interpretación triunfalista que puede quedar pronto desmentida por la actuación partidista de algunos jueces. Que un partido político actúe a remolque del abogado defensor de su máximo dirigente puede provocar efectos colaterales, como ocurrió en la votación del 30 de enero que tumbó el dictamen. Muchos posibles beneficiarios de la amnistía y sus familias no entendieron que Junts otorgara un mes y medio de prórroga a la derecha política y judicial para seguir maniobrando contra la ley, cuya tramitación ahora se volverá a paralizar durante dos meses en Senado por el filibusterismo del PP. La ley garantiza la amnistía a todos sus destinatarios, pero parte del poder judicial la intentará dinamitar, tanto si se hubiera quedado en el primer redactado como con el texto retocado. Junts ha afirmado que los jueces que no lo apliquen correctamente estarán prevaricando: esto queda bien de cara a la galería pero es una acusación muy difícil de materializar. De lo que se trata es de que la ley supere sin obstáculos los filtros del Tribunal Constitucional y de la justicia europea y beneficie a los cientos de personas que le están esperando. Que cierre la etapa de la represión y de la judicialización y abra aún más la época del diálogo y la política.
ERC tropieza consigo misma
El resultado de las elecciones generales del 23 de julio supuso, tras el bajón de las municipales, dos malas noticias para ERC. La pérdida de más de 400.000 votos, pasando de 13 a 7 diputados, por parte de la candidatura encabezada por el ahora silencioso Gabriel Rufián, y el hecho de que los 7 diputados de Junts, pese a quedar ligeramente por debajo de los republicanos, pasaran a ser decisivos. Desde el día siguiente, los nervios se desataron en ERC, obsesionada con intentar neutralizar el protagonismo de Puigdemont. Podría ser un buen termómetro la desmedida cantidad de anuncios institucionales que ha emitido TV3 en los últimos meses. O errores clamorosos como la comparecencia del presidente de la Generalitat en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, en octubre del año pasado, para ganar algo de presencia en los medios de comunicación, haciendo el juego al PP, una trampa en la que no cayeron ni el PSOE ni el PNV.
ERC miraba con preocupación las próximas elecciones europeas, que se perfilaban hasta el miércoles como las más inmediatas: si, como parece, acaba presentándose Puigdemont, la candidatura de una poco conocida Diana Riba quedará muy en segundo término. Y tampoco es una buena noticia para los republicanos que los Comuns hayan escogido a un candidato como Jaume Asens, con capacidad para atraer el voto soberanista. Parece que ERC tenía previsto encomendarse más a EH Bildu y al BNG que a sus propias fuerzas. Cabe recordar que en el 2019, la candidatura de Junts encabezada por Puigdemont ganó con claridad las elecciones europeas en nuestro país, con un 28’5% de los votos, seguido por el PSC con el 22%; ERC, pese a tener a Oriol Junqueras como cabeza de lista, quedó en tercer lugar con el 21%.
Los nervios de ERC ante la evidencia de que los Presupuestos de la Generalitat no tenían garantizada su aprobación tras pactarlos con el PSC han provocado una serie de resbalones encadenados de los republicanos: el reconocimiento del presidente Aragonés de que aceptaba el Hard Rock porque, de lo contrario, perdía el apoyo de unos socialistas que hasta hace poco no quería ver ni en pintura, y la sucursalista maniobra de recurrir a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz para que obligaran a los Comuns a aprobar las cuentas catalanas sin entender que Catalunya en Comú es un proyecto soberano. Las amenazas no han funcionado, las decisiones se han tomado en Catalunya y el país se ha quedado sin presupuestos para el 2024, no tanto por la intransigencia de los Comunes, que habían anunciado sus condiciones hace meses, sino por el posicionamiento del PSC, que exigía el Hard Rock a cambio de presupuestos, y por la incapacidad del Govern de ERC para construir alianzas amplias. Ante esta situación, el presidente Aragonés ha convocado elecciones anticipadas para el 12 de mayo. La tesis hecha pública por algún dirigente republicano de que el voto de los Comuns podría formar parte de una conjura planificada con el PSC es ridícula, y más si quien la difunde es el partido que veta la entrada de Ada Colau y los Comuns a un posible gobierno progresista en Barcelona y estaba a punto de firmar un pacto con el alcalde socialista, Jaume Collboni. Ante el argumento de que los presupuestos no incluyen ni un euro para el Hard Rock y que los del 2023 recibieron el apoyo de los Comuns pese al macrocasino, es necesario recordar que la diferencia fundamental entre el 2024 y los años anteriores no es menor: este año el Gobierno tiene previsto aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU), que podría convertir el proyecto en irreversible, y se ha negado a detenerlo pese a que la emergencia por sequía lo exigía.
Ahora ERC y los medios afines atacan a los Comuns por no haber apoyado los presupuestos de la Generalitat, acusándoles de no haber permitido que se aprobaran los avances sociales que incorporaban. Y eso lo dice el partido que votó en el Congreso contra la Ley de Reforma Laboral que ha supuesto una decisiva mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y con el apoyo de CCOO y UGT. El presidente Aragonés convoca las elecciones pensando en Puigdemont y en no dar más tiempo a las demás –posibles aunque todavía no concretadas– candidaturas independentistas. Y, de forma sorprendente, acusa a todos los grupos parlamentarios de irresponsables, exceptuando al PSC, que teóricamente es su máximo adversario. La portavoz de los republicanos Marta Vilalta afirmaba ingenuamente, ante las preguntas incisivas de Gemma Nierga en La 2, que el PSC defiende “un modelo de infraestructuras del siglo pasado”, obviando que este modelo, aceptado por el Govern de ERC, es el que ha impedido el apoyo de los Comuns a los presupuestos.
El balance de gestión con el que ERC se presentará a las elecciones es más bien pobre en ámbitos como educación, sanidad o vivienda, y muy deficiente en relación a la falta de previsión en la lucha contra la sequía y la emergencia climática. En cuanto a la sequía, no se ha hecho casi nada desde las inversiones y la planificación impulsada por los consejeros Milà y Baltasar, hace más de catorce años. No parece demasiado coherente lamentar ahora que no se hayan aprobado unos presupuestos que incorporaban inversiones que el actual Govern podía haber realizado durante todo su mandato. Quizás toca empezar a cuestionar el argumento de que los partidos están obligados a votar unos presupuestos porque, salvo en años de crisis, incorporan más recursos que en el ejercicio anterior. Sólo faltaría. Más allá de esta evidencia, es necesario que el gobierno que promueve su aprobación tenga la capacidad de buscar la mayoría que los haga posibles. No deja de ser curioso trasladar la responsabilidad a un grupo que no votó a Aragonès, que fue elegido presidente con el apoyo de Junts y la CUP, que tampoco han avalado los presupuestos.
La decisión de Aragonès ya está teniendo consecuencias: Pedro Sánchez da por hecho que ERC no aplicará en el Congreso de los Diputados la misma teoría constructiva que ha defendido en el Parlament y podría poner en peligro la aprobación de los presupuestos del Estado, situación complicada que le lleva a querer prorrogar los del 2023. Y, en Catalunya, Junts ha insinuado que no descarta presentar a Puigdemont como candidato a la presidencia, opción que, llegue o no a materializarse, será un dolor de cabeza constante durante los próximos meses para los republicanos.
La ciudadanía tendrá que intentar sobrevivir a una campaña tensa y que se prevé llena de descalificaciones. La derecha y la extrema derecha españolas ya se frotan las manos al pensar que el gobierno del PSOE y Sumar pueda entrar en crisis. Las izquierdas catalanas, a pesar del actual desbarajuste, si quieren gobernar, no tendrán más remedio que tratar de entenderse y tratar de definir un modelo compartido de país. Se trata de consolidar la amnistía y la negociación con el Estado para incrementar el autogobierno y formar una nueva mayoría que ponga punto y final a la paralización que ha sufrido Cataluña en los últimos catorce años. Será muy difícil: que la insistencia del PSC en llevar a caboo el mayor casino de Europa, provocador ludopatía y depredador del agua necesaria para el uso doméstico y para regar los campos, haya sido tan potente como para que ERC haya sacrificado los presupuestos de la Generalitat es todo un símbolo de los tiempos que nos toca vivir.
