El apuñalamiento mortal de una cocinera en la prisión Mas d’Enric (Tarragona) el pasado miércoles ha puesto a los trabajadores en pie de guerra ante la falta de medidas de seguridad y de personal en las cárceles catalanas. El pasado jueves los funcionarios de prisiones se concentraron a las puertas del Departamento de Justicia al grito de “todos somos Núria” y “¡consellera asesina!” vestidos de negro y las manos pintadas de rojo en señal de duelo. Aseguran que se trata de una muerte anunciada y una tragedia que tarde o temprano iba a producirse ante el creciente número de agresiones e inseguridad que viven los centros penitenciarios. Hoy han reanudado los bloqueos de acceso y salida de las cárceles catalanas, después de la tregua del domingo y aseguran que continuarán en los próximos días. Los Mossos d’Esquadra lo han impedido en el centro de Quatre Camins (La Roca del Vallès) y 4.000 presos se mantienen confinados por razones de seguridad. Los sindicatos mantienen el pulso y exigen la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart y del secretario de medidas penales, Armand Calderó. La consellera ha advertido que sin una huelga convocada, “deben ir a trabajar” y ha pedido “diálogo” aunque los sindicatos la han vuelto a dejar plantada hasta que no haya dimisiones.
El asesino cumplía condena por un apuñalamiento
Iulian, el asesino de la cocinera, cumplía una condena de once años por apuñalar a una prostituta en el 2016. Contrató sus servicios por internet, se enamoró de ella y le pidió que abandonara la profesión. Ella se negó y tras discutir le asestó varias puñaladas y la degolló, según la sentencia. El hombre cumplía la condena en la cárcel de Tarragona y logró trabajar en la cocina por unos 200 euros al mes gracias al buen comportamiento. Tenía acceso a utensilios y cuchillos, como el que utilizó para matar a la cocinera Núria y suicidarse después. Según fuentes penitenciarias, la cocinera le había hecho un informe negativo poco antes de los hechos y el preso había sido sancionado.
Las agresiones a los trabajadores en aumento desde la pandemia
El Departamento de Justicia expresó en un comunicado su “consternación” por los hechos y trasladaban el pésame a los amigos y familiares “de las personas fallecidas”, una expresión que ha indignado a los sindicatos por poner en el mismo plano al asesino y a la víctima .
Desde Justicia admiten que las agresiones a los trabajadores han ido en aumento desde la pandemia: 40 graves y 300 leves en el 2022, así como de suicidios entre los internos. Los funcionarios afirman que los datos no reflejan la realidad, puesto que no se contabilizan los incidentes menores o las consecuencias para la salud mental. Una funcionaria del centro penitenciario de Jóvenes reitera la falta de medidas de seguridad y de funcionarios en las cárceles catalanas: “si en esa cocina hubiera habido dos o tres funcionarios y no sólo uno que vigilaba a los demás presos, y ella no se hubiera quedado sola, quizá podría haberse evitado su asesinato”, afirma. También pide más consecuencias por los actos violentos de los internos y que los funcionarios de prisiones puedan ser agentes de la autoridad como los Mossos, “porque las repercusiones de romperle la cara a un mosso no son las mismas que hacerlo a un funcionario de prisiones”, concluye.
