La XIV legislatura catalana empezaba con fuertes expectativas: parecía que, por fin, se podría contar con un período de cuatro años de gobernanza. Cabe recordar que, en su inicio, en la primavera de 2021, apenas empezábamos a restablecernos del duro golpe para toda la sociedad, y también para las relaciones de cooperación internacional, que supuso la COVID-19. Divisábamos la salida de la pesadilla de la pandemia y nos disponíamos a rehacer los vínculos con nuestras socias del Sur Global. Era también el momento de consolidar la política pública de cooperación como herramienta del todo necesaria e imprescindible, aunque sabemos que no suficiente, para contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos y la paz en todo el mundo.
En estos casi tres años de legislatura –tras un largo y tortuoso proceso, incluida una crisis de gobierno y un cambio de equipo en la Conselleria– se ha podido alcanzar, finalmente, un consenso social y un acuerdo político mayoritario para la aprobación del nuevo Plan director 2023-2026, que marca las líneas generales de la cooperación catalana. El nuevo equipo recogía las demandas sociales: el compromiso de alcanzar el 0,7% de los recursos propios en 2030; avanzar en la desburocratización de los procedimientos administrativos de las subvenciones; apostar por una cooperación feminista; iniciar los trabajos para desarrollar una política de paz o Pla País de Pau, así como una Estrategia de Educación Global demandada por la sociedad civil desde hace años. Por otra parte, todo parecía indicar que, en esta legislatura, por fin, se podría aprobar la Ley de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, por lo que la sociedad civil está trabajando duro desde 2015.
Y cuando menos lo esperábamos:¡nueva interrupción de la legislatura! Las políticas de Justicia Global (paz, cooperación, derechos humanos) se coordinan y operativizan desde el Departamento de Acción Exterior. Desde su creación, en enero de 2016, esta área de gobierno ha tenido seis personas diferentes en el cargo y ninguna de ellas ha estado más de dos años: Raül Romeva la lideró durante 21 meses (enero 2016 – octubre 2017); Ernest Maragall, sólo 6 meses (mayo – noviembre 2018); Alfred Bosch, durante 16 meses (noviembre 2018 – marzo 2020); Bernat Solé ejerció el cargo 14 meses (marzo 2020 – mayo 2021); Victoria Alsina, por un período de 17 meses (mayo 2021 – octubre 2022) y Meritxell Serret, que lleva en el cargo 18 meses (desde octubre de 2022).
Esta situación de inestabilidad e incertidumbre constante imposibilita al equipo de turno desarrollar políticas públicas que permitan dar estabilidad y continuidad a lo que se inicia. Dicho de otra forma, políticas de país. Si se mira con cierta perspectiva, como el timón pasa por tantas manos, el resultado es como si no hubiera nadie al timón. Esta dinámica genera una fuerte inseguridad en las entidades, ya que es muy difícil trabajar con visión estratégica, programar acciones a medio y largo plazo y consolidar equipos humanos para llevarlas a cabo.
La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña el próximo 12 de mayo ha vuelto a truncar todos estos procesos de trabajo e incidencia que teníamos en marcha, tanto con el Govern como en el Parlament. De entrada, se ha detenido la elaboración de la política de paz que se preveía llevar a cabo este año a través del Fòrum Català per la Pau y que acababa de anunciarse el pasado 14 de febrero en el Parlament, así como el compromiso de que el Pla País con el que se materializaría se aprobara solemnemente en sede parlamentaria.
También veremos hasta qué punto se podrán continuar los trabajos iniciados con la Generalitat para simplificar y armonizar formularios de convocatorias, a fin de desburocratizar los procedimientos administrativos que colapsan equipos humanos, tanto del Norte como del Sur Global. Otro proceso que queda a medias es el de implementación de la cooperación feminista desde el propio Gobierno, así como su articulación con los diferentes agentes sociales, que llevamos tiempo priorizando, apostando por esta nueva perspectiva emancipadora y construyéndola de forma colaborativa con nuestras organizaciones socias del Sur Global.
De la misma forma, se ha parado por segunda vez la aprobación de la Ley de la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. Esta proposición de ley estaba en el tramo final de su debate parlamentario y a punto de ser aprobada, justo en un momento en el que se habían alcanzado valiosos consensos con mayorías suficientemente sólidas, fruto de muchos meses de trabajo entre los grupos parlamentarios y las organizaciones sociales. Esta iniciativa pionera en el mundo ya decayó con el adelanto electoral del año 2021 y las comunidades y pueblos del Sur Global llevan más de nueve años a la espera de su aprobación. Para que ahora se apruebe, será necesario volver a empezar el procedimiento correspondiente, por tercera vez.
También queda en stand by el compromiso del actual Govern en funciones de desarrollar la estrategia de Educación Global, con medidas destacadas como el acuerdo interdepartamental entre los Departamentos de Educación y Exteriores para impulsar un programa que permita desplegar la educación para la justicia global en el currículo escolar, aspectos en los que se había avanzado mucho en los últimos meses.
Paralelamente a todos estos temas abiertos, habíamos avanzado mucho en temas presupuestarios. En relación a nuestra demanda histórica del 0,7% del presupuesto, este año el Govern afirma que se alcanzará la meta del 0,28% prevista para 2024. Sin embargo, esta cifra, que sube respecto al año pasado, lo hace a través de un “apunte contable”, ya que se incluyen actividades que los diferentes departamentos venían realizando, y que hasta ahora nadie había creído que pudieran considerarse como cooperación internacional. Se trata, pues, de un porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sin incremento real de gasto y, además, y por primera vez, rompe un compromiso histórico según el cual las ONG gestionábamos el 50% de la ayuda catalana, aspecto que consideramos preocupante cuando el tejido social de la cooperación catalana somos históricamente los principales impulsores de esta política, y una de sus señas de identidad.
Para el sector fue una gran noticia que el Gobierno manifestara la voluntad de modificar la Ley de cooperación al desarrollo, que data de 2001, para incluir el compromiso actualizado de alcanzar el 0,7% de los ingresos corrientes no condicionados en 2030 (la actual ley fija el año 2010 como plazo para alcanzar el 0,7%) e incluir, además, la fórmula de cálculo que consensuamos (el incremento paulatino del presupuesto un 0,07 puntos cada año), contemplando incluso medidas para posibles escenarios de prórroga presupuestaria. Esta modificación habría sido un paso importante en la consolidación de esta política pública, pero lamentablemente queda también pendiente para la próxima legislatura.
Despedimos, por tanto, la legislatura, y despediremos el 2024 con muchos interrogantes sobre cómo concretaremos el despliegue de las políticas públicas de cooperación que plantea el Plan director 2023-2026. Por eso, nos parece una prioridad inaplazable para el próximo período trabajar de forma concertada para alcanzar un amplio acuerdo, en primer lugar entre los diferentes actores de la cooperación catalana –representados principalmente en el Consejo de Cooperación–, y, en segundo término, entre la mayoría más amplia posible de los grupos políticos del Parlament.
Necesitamos responsabilidad y compromiso por parte de los grupos políticos. Responsabilidad con la ciudadanía para saber encontrar puntos de consenso y capacidad de entendimiento y diálogo entre los distintos grupos para desarrollar su mandato, pero a la vez para mirar más allá de la legislatura. Compromiso para dar estabilidad y desarrollar políticas públicas de forma concertada y transparente con la sociedad civil.
Necesitamos tener una hoja de ruta previsible, que permita trabajar planificadamente y con calidad, y que dé certezas a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Sur Global, con las que cooperamos. No es un lujo, es una necesidad ineludible para salir de la precariedad y conseguir el crecimiento necesario de las capacidades de todos los actores de la cooperación catalana, empezando por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Necesitamos ser socios y socias confiables, previsibles y líderes en nuestro compromiso con los inmensos retos globales que afronta la comunidad internacional. Y no solo eso, sino para hacerlo con la calidad y la innovación que debemos autoexigirnos. Del lado de las entidades, mano tendida a todos durante toda la legislatura para trabajar con el mismo grado de responsabilidad y compromiso que pedimos.
