Andrés García Berrio entra en la política institucional como independiente, después de años dedicados a la defensa de los derechos humanos, tanto desde el activismo como en el ámbito profesional. Abogado de profesión, ha defendido a numerosos activistas sociales así como ha participado en entidades como Tanquem els CIE o la asociación Irídia – Centro por la defensa de los derechos humanos, de la que fue codirector. Ha participado en la defensa jurídica del 1 de octubre, la campaña en contra las pistolas táser, o la promoción en la defensa de los derechos de las personas migrantes. García Berrio tiene claro qué quiere aportar a la política representativa: “el Parlament de Catalunya debe ser uno de los puestos de garantía de defensa de los derechos humanos”.
Debuta en la política profesional como independiente. ¿Qué cree que puede aportar a la política representativa que no podía aportar desde los movimientos sociales?
Tengo dos etapas muy marcadas en mi vida. La primera, trabajando durante años como camarero mientras estudiaba, viendo lo que sufre mucha gente día a día para llegar a fin de mes. Luego decidí dedicarme a los derechos humanos, y para mí todo lo que he hecho estos años está vinculado con lo que también quiero hacer ahora. Creo que los derechos humanos deben defenderse desde todos los frentes, y para mí, el Parlament de Catalunya debe ser uno de los lugares clave para su defensa, especialmente en un momento de auge de la extrema derecha y de todos los discursos que esto supone a nivel internacional. Y es en este momento cuando me hacen la propuesta y me planteo intentar aportar a esta tradición en la que también han trabajado otras personas que provienen de la defensa de los derechos humanos y llevarlo también al ámbito parlamentario.
¿Se ha marcado algunas líneas rojas, algún límite temporal, alguna consideración ética que no quiera claudicar?
Entro como independiente porque no podía ser de otra manera, en el sentido de que no tenía vinculación con ningún partido político. Un partido político me hizo una propuesta valorando, entiendo yo, mi trayectoria profesional y de defensa de derechos humanos. Pero, evidentemente, soy independiente porque no formo parte de las estructuras orgánicas del partido. Y, de alguna manera, pienso también que la contribución que puede hacer alguien desde esta posición es amplificar la perspectiva que se puede tener dentro de los mismos partidos y, además, con un espíritu de construir consensos.
En mi trayectoria, si algo me ha caracterizado, es intentar lograr grandes consensos nacionales a nivel de derechos humanos, como por ejemplo el posicionamiento que se logró hace muchos años contra los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en Catalunya, como uno de los ejemplos, y eso es lo que también quiero aportar al Parlament. Lograr que diferentes partidos se pongan de acuerdo para llevar adelante estas medidas y grandes consensos para los cuales, evidentemente, se necesitan consensos amplios.
Uno de los temas que ha ocupado parte de su trayectoria profesional es la lucha contra la discriminación policial por motivos de raza y etnia. Teniendo en cuenta que el año 2022 fue el año con la mayor cantidad de extranjeros llegando a Catalunya, ¿cree que el estado debería transferir las competencias exclusivas en inmigración, extranjería y asilo recogidas en el artículo 149.2 a Catalunya?
Creo que hay dos cuestiones. No se trata de si se transfieren, sino de por qué se transfieren. El titular que se da cuando Junts pide que se puedan transferir las competencias en política de inmigración es para adoptar el marco de la extrema derecha y así poder deportar personas que hayan podido cometer delitos, como si eso no estuviera ya previsto en la legislación actual. Si es por estos motivos, entonces no es necesario. Ahora bien, efectivamente, tratándolo de otra manera, que haya un traspaso de competencias podría permitir avanzar en la defensa de los derechos de las personas que están migrando en estos momentos.
¿Qué mejoraría, en este campo, del marco legislativo autonómico que regula el Estatuto de Catalunya?
Uno de los principales desafíos que tenemos en Catalunya es lograr que efectivamente se pueda garantizar el derecho al empadronamiento, que es la puerta de acceso al resto de derechos. Cada vez parece que hay más ayuntamientos que quieren intentar obstaculizar este empadronamiento. Y pienso que es una de las medidas clave en las que debemos centrarnos porque todavía hay margen para reducir esto. Otro de los puntos en los que creo que hay margen de mejora tiene que ver con lograr, de alguna manera, que se dejen de aplicar reglas de perfilación racial. Esto es competencia de la conselleria de interior. Creo que esto afecta día a día a muchas personas que caminan por Barcelona o cualquier otra ciudad.
Enlazando con cuestiones de racismo, primero fue la entrada de VOX, y ahora es posible que otro partido explícitamente racista como Aliança Catalana tenga la opción de obtener representación en el Parlament. ¿Cómo cree que se debería abordar durante la campaña o desde los medios de comunicación la posible irrupción de fuerzas racistas o xenófobas?
Creo que es un debate que, sobre todo, apela a los mismos medios de comunicación y a la corporación pública. Lo que pienso es que lo que es realmente importante es que las fuerzas que no quieran alimentar discursos de odio no adopten los mismos marcos que estos partidos que están promoviendo toda una serie de discursos islamófobos contra la inmigración, pero también contra otros colectivos. Entonces, creo que es una cuestión de responsabilidad no entrar en estos marcos, porque al final no es solo el partido el que lo plantea, sino que el marco termina siendo adoptado por un partido que a priori no estaba en esa línea. Desde mi punto de vista, lo que se debe lograr es que la guía y el marco de referencia sean el derecho internacional de los derechos humanos de manera efectiva para todos.
En algunas ciudades catalanas como Barcelona, el debate no se centra solo en las personas inmigradas sino también en los turistas y su impacto en la población local. Por tanto, le pregunto: ¿la turismofobia es una forma de xenofobia, en tanto que puede llegar a estigmatizar al individuo sin cuestionar la política estructural que la fomenta?
Se debe debe diferenciar el rechazo de gran parte de la ciudadanía a un modelo turístico que está arrasando con nuestros derechos laborales, ambientales, económicos, sociales, culturales, de la situación concreta que algunas personas puedan tener hacia un turista en particular. Creo que, más allá de las redes sociales, no hay un problema de este tipo en nuestra sociedad. Pero la turistificación de nuestra economía sí está poniendo en peligro al país. Creo que son debates que se están intentando plantear para, de alguna manera, desvalorizar el peligro que suponen las políticas económicas que no tienen en cuenta todo lo que está generando. Pero, personalmente, no creo que sea un problema de fondo.
Imagínese que los Comuns entran en un gobierno tripartito y que al día siguiente es nombrado consejero de Interior. Dígame dos políticas concretas que diría: esto hay que hacerlo mañana mismo.
Creo que lo primero de todo, como he mencionado antes, pienso que hay un agravio histórico con las comunidades racializadas en Catalunya y creo que es necesario aprobar el protocolo en el que las entidades de derechos humanos y antiracistas llevan tiempo trabajando para que haya formularios de parada. Es decir, que cuando alguien es detenido en la calle por la policía, esta debe dar una justificación a la persona detenida para que quede constancia de que se ha producido una identificación. Esta es una medida contrastada en diferentes países para reducir el sesgo de detenciones en función de criterios de etnia o raza.
Hay un mandato muy claro para interior que tiene que ver con las conclusiones de la Comisión de Estudios del Modelo Policial que el Parlament aprobó durante esta legislatura. Creo que deben implementarse todas y de manera rápida y acelerada. Y vamos con retraso.
Uno de los debates que divide en parte el pensamiento de izquierda es aquel que confronta el punitivismo y el antipunitivismo. El primero, como enfoque judicial que pone énfasis en el castigo y la pena como respuesta a la delincuencia, en contraste con el antipunitivismo, que, de manera simplificada, se centra más en estrategias que buscan la reconciliación y la reparación de daños sin tener que pasar directamente por la prisión. ¿Dónde se sitúa en este debate?
Desde mi punto de vista, lo que se necesita entender es que no puede haber progresismo sin un sistema jurídico garantista. Es decir, la mejor política de seguridad tiene que ver con la protección social. A mayor protección social, menor probabilidad de que se produzcan ciertos delitos asociados con variables socioeconómicas. Por ejemplo, se ha demostrado que la reincidencia disminuye cuando hay medidas que permiten que la persona pueda cumplir su condena, por ejemplo, en una situación de semi libertad. Y luego, por otro lado, evidentemente, hay un agravio que afecta tanto a las personas que han sufrido un delito como a aquellas que, debido a la falta de tribunales en Catalunya, sufren una justicia tan lenta que la acaba desvirtuando.
Pero creo que es un error entrar en un marco jurídico en el que se ponga en el centro la necesidad de encarcelar a todo el mundo, o, como se estaba planteando desde el ICAB (Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona), aumentar de uno a tres años la pena por robar un móvil de forma repetida, porque pienso que ni es ético ni es eficaz desde un punto de vista objetivo para reducir la situación de inseguridad. En cambio, cuando hay políticas de protección social y, además, se trabaja con aquellas personas que están saliendo de todo el sistema penal con medidas de tercer grado, con acompañamiento, y con políticas de protección social, esto hace que la reincidencia disminuya, como señala un estudio reciente del Centro de Estudios Jurídicos. Creo que ese es el camino.
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