La alegación de ineptitud sobrevenida se ha convertido en el pretexto de algunas empresas para despedir a delegados sindicales, lo que desde la UGT denuncian como persecución sindical. Se trata de una causa objetiva de despido, que el Tribunal Supremo define como “la inhabilidad o carencia de facultades profesionales que tienen origen en el trabajador, ya sea por falta de preparación o actualización de sus conocimientos o por deterioro o pérdida de recursos de trabajo, rapidez, percepción o destreza”. Además, la empresa debe ser capaz de demostrar la ineptitud del trabajador aportando pruebas concretas de la incapacidad para realizar el trabajo diario y debe probar que no es posible reubicar al trabajador en otro puesto que se ajuste a sus capacidades actuales.
Joan Domínguez, trabajador de Proquímia, ha sido uno de los afectados. Tras un accidente de tráfico, la empresa lo reincorporó a realizar un nuevo trabajo mucho más físico que el anterior durante dos semanas, lo que le afectó a las cervicales al tener que estar ocho horas de pie. Denuncia que lo obligaron a tomar vacaciones y cuando las terminó, la empresa lo despidió después de que el departamento de prevención de riesgos le hiciera un informe no apto para trabajar. Domínguez era uno de los delegados sindicales de Proquímia y lideraba el comité de empresa. “Después de mi despido, los compañeros tienen miedo, incluso se les han hecho encuestas para saber cómo valoran las movilizaciones que hemos organizado desde el sindicato”, afirma. Asegura que ha habido cambios en la dirección de producción y que hay más despidos: siete en un año. “Yo he denunciado en varias ocasiones irregularidades de seguridad, vertidos indebidos o mala praxis de ventilación que afectaba al vecindario y, como el resto de compañeros que lo hemos advertido, hemos acabado despedidos”. Reconoce haber tenido enfrentamientos con el nuevo jefe de producción, Joan Andreu, a quien tildó de “machista” después de que afirmara que “las trabajadoras debían tener la regla por su actitud”. El ya exdelegado sindical lamenta la actitud de la empresa, ya que “nuestra cultura siempre ha sido dialogar y evitar las denuncias”. Aun así, su despido se ha llevado a la justicia y desde el sindicato se plantean interponer más denuncias. Domínguez ha recibido una indemnización por los siete años trabajados y se le ofreció arreglar los papeles para recibir una pensión, ya que tiene una minusvalía del 52%. Precisamente, el Gobierno aprobó el mes pasado la prohibición del despido por ineptitud sobrevenida, tras modificar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. “Se trata de la primera reforma profunda en el despido en España”, reconocía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La voluntad es “corregir la discriminación y evitar que la definición de la persona con discapacidad en el mundo del trabajo lleve consigo misma la extinción automática de la relación laboral”.
“Ha habido tres inspecciones de trabajo que han declarado que los despidos eran ilegales, ya que se alegaban causas objetivas económicas con el único objetivo de despedir a las personas con los sueldos más altos para sustituirlas por sueldos mucho más bajos”, asegura Salvador Gutiérrez, trabajador de Gráficas Varias. Después de 26 años en la empresa, 20 años en el comité de empresa y 12 como presidente, se le despidió. En 2021 se operó de la espalda con un período de recuperación de cinco meses y se reincorporó con ciertas limitaciones físicas, aunque recibieron el informe favorable del servicio de prevención. “La dirección presionó para que se me considerara no apto y se me despidió cuando llevaba más de 26 años en la empresa”. Después de un año de movilizaciones y una denuncia que le ha dado la razón, Gráficas Varias ha tenido que readmitirlo. Actualmente, la empresa aún tiene juicios pendientes por casos similares con otras delegadas sindicales.
Farré Logístics es otra de las empresas que ha optado por la ineptitud sobrevenida para perseguir delegados sindicales. Francesc Lainez también ha sido despedido. “Yo era el único delegado sindical y me encargaba de exigir las mejoras que nos correspondían a la plantilla, como el plus por trabajar en cámaras frigoríficas a bajas temperaturas que la empresa no paga o una prevención de riesgos que no existe”, asegura. La empresa tiene una pequeña plantilla de unos trece trabajadores, muchos de ellos inmigrantes “que hacen horas extras que no se les pagan o que están en una categoría muy inferior a la que les corresponde”, lamenta Lainez. Reconoce que su jefe le advirtió que “encontraría la manera de despedirme” unos cinco meses antes de hacerlo y que se le habían puesto faltas por su actividad sindical que se le tuvieron que retirar tras interponer las denuncias pertinentes.
