El anuncio de ERC fue impactante. Si se cumple lo que anunció en rueda de prensa la portavoz Raquel Sans —custodiada por una Marta Rovira que le susurraba algunas de las respuestas al oído—, los republicanos habrán hecho realidad el más húmedo sueño pujolista: la llave de la caja. La carta a los Reyes es tan extensa que supera todas las expectativas que el nacionalismo catalán ha tenido desde que existe, pero el gran premio se lo lleva el primer punto del apartado B que se puede leer en el documento que ERC puso a disposición con las condiciones del pacto. Dice así: “Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea.”

Para hacerlo, los dos partidos, PSC y ERC, habrían firmado el futuro nuevo rol de la hacienda catalana y el traspaso de recursos y funcionarios que actualmente trabajan para el Estado. El PSC no solo ha “cedido” en la gestión de los presupuestos, sino que habría aceptado otras cuestiones que en algún momento de un pasado no tan reciente se habían delimitado como líneas rojas-naranja: el mantenimiento de la Oficina para el Plan Piloto de la Renta Básica, la protección del espacio protegido de La Ricarda, o “elevar el tipo impositivo del juego vinculado a los casinos y volver al régimen de fiscalidad anterior a la Ley del CRT”, lo que implica pasar del 10% actual al 50%.

La letra pequeña, sin embargo, es la que importa. Para llevarlo adelante se debe modificar la LOFCA, y para hacerlo, se necesita una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Hipotéticamente, no es inviable: hay que confiar en que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa el año que viene; que el resto de socios de gobierno de otras partes del Estado quieran sumarse. El PNV, por ejemplo, no parecería tener, a priori, motivos para ponerse en contra. Tanto les da, vaya. Tampoco el BNG, que debería querer para los demás lo que les gustaría tener para ellos mismos. Pero, ¿y Compromís? ¿Por qué una fuerza no catalana y no independentista debería apoyar una medida que, indirectamente, les perjudica? Obviamente, habría razones de peso para hacerlo, pero el contexto será importante. Eso, sin hablar de Junts per Catalunya. Parecería que deberían aplaudir con las orejas, pero la envidia que sentirán será notable, y la posibilidad de que decidan torpedear la legislatura por celos, alta.

Y ahora será la militancia de ERC la que decida si aceptan o no el pacto con el PSC. Una decisión que puede tener el efecto dominó más impresionante que ha vivido Cataluña en democracia. Si cae la primera ficha, Salvador Illa será presidente de Cataluña. Si Salvador Illa es presidente con los votos de ERC, la etapa del proceso queda oficialmente cerrada. De ser así —y si las condiciones del pacto se mantienen tal como expresa el documento—, España habrá dado el paso más importante hasta la fecha en la descentralización del territorio y el reconocimiento de Cataluña como una nación económicamente soberana, siempre bajo la obligación legal (y ética) de mantener un mecanismo de compensación solidario. La palabra “solidario”, en Cataluña, gusta mucho. Pero todavía gustan más el dinero, y esa es la clave de la cuestión y seguramente el verdadero consenso de la sociedad catalana, seas republicano, independentista, soberanista o socialista. Estos últimos, por cierto, aguantarán hasta el viernes sin decir nada, no sea que alguien dé un paso en falso. Es entonces cuando la militancia de ERC tendrá que arriesgarse a derribar la primera pieza… y esperar a ver qué pasa.

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