Este nuevo modelo, en la práctica, se aleja y revierte el modelo vigente, en la medida en que en lugar de definir un modelo de oferta (los programas que se ofrecen a los desempleados) construye un modelo que diríamos de demanda (las necesidades individualmente consideradas y las necesidades territorialmente definidas).
Las políticas activas de empleo se aproximarían así a la concepción que predomina en los servicios públicos universales como la sanidad, la educación o la atención social. Parece claro entonces que entramos en un proceso de transición que no será ni fácil ni inmediato.
¿Cuáles pueden ser las claves que favorezcan el éxito de esta transición?
En nuestra opinión, obviamente un requisito es que ambas transiciones se configuren y refuercen mutuamente, entendiendo que el resultado final consistirá en una reorganización tanto de las actuaciones (servicios, programas) que se realizan como en la asunción de nuevos roles en su implantación, tanto del SOC como de las principales entidades que hasta ahora gestionan los programas, notablemente las entidades locales.
Y más allá de eso hay algunos elementos que pueden ser determinantes para fortalecer o descarrilar el proceso, según nuestro entender:
I) Será imprescindible tanto redefinir las programaciones que ahora se realizan para financiar servicios continuos que atiendan las demandas, como particularmente garantizar por parte del gobierno del estado una financiación suficiente y plurianual para poder asumir los servicios garantizados.
II) Disponer de un verdadero sistema de información que vaya más allá de la tramitación administrativa y recoja la cantidad y calidad de la información ahora disponible para los gestores de la población demandante de empleo y las empresas. La baja calidad actual no es el único, pero sí un factor relevante para explicar el ridículo peso de la intermediación pública en el mercado laboral.
III) Orientación a los demandantes y las empresas, que son los verdaderos destinatarios de estas políticas y se debe lograr compromisos en su participación.
IV) Vinculación con otras políticas territorialmente definidas, como las de atención social, educativas o de desarrollo económico.
De estas y otras cuestiones hablamos con más profundidad aquí, entendiendo que estamos ante un gran reto para el país, en primer lugar, para el SOC y las entidades locales que deben liderar estrategias, pero con un compromiso decisivo e imprescindible de las organizaciones empresariales y sindicales para, juntos, promoverlas en favor de un cambio de las políticas de empleo en Cataluña.
