Se necesitan más médicos, en eso todo el mundo está de acuerdo. Ya hace tiempo que los hospitales –tanto públicos como privados– y los centros de atención primaria intentan sin mucho éxito incorporar a nuevos médicos y especialistas para cubrir las necesidades del sistema y para asegurar el relevo generacional. Pero ahora el foco del problema radica en si la solución al déficit de profesionales de la salud pasa por el incremento del número de facultades que imparten la carrera de Medicina. Actualmente, Cataluña dispone de ocho facultades de Medicina –seis en universidades públicas y otras dos privadas–, a las que está previsto sumar otras tres nuevas en los próximos años: un centro público vinculado a la UPC, que se calcula que esté ya en activo el curso 2026-2027, y dos más privadas, por parte de Blanquerna-Universitat Ramon Llull y la Universidad Abat Oliba-CEU.
Ante este escenario, el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCat) hizo público, el pasado miércoles, un manifiesto en el cual se explica su firme oposición a la apertura de nuevas facultades. Alega que “esto no soluciona el problema actual de falta de médicos, sino que lo acentúa”. ¿Por qué? según este documento, “un aumento de plazas sólo sería efectivo para cuando estos estudiantes se graduaran, es decir, dentro de unas 10-11 promociones. Si lo consideramos un problema matemático, la única solución numérica a la falta de profesionales es el aumento de las plazas MIR y la retención de los especialistas formados en nuestro país una vez terminado el período de formación, ya que de ello depende, realmente, el número de facultativos”. En esta línea, Jesús Marí Gorreto, presidente del CEMCat y estudiante de sexto curso de Medicina en la Universitat de Girona, añadió que “abrir nuevas facultades no supone un aumento de profesionales; lo único que conseguiríamos sería saturar aún más el sistema universitario, saturar el sistema sanitario catalán, perjudicar nuestra formación como futuros médicos y deteriorar la actividad asistencial de nuestros centros sanitarios”.

Por su parte, el sindicato del sector Metges de Catalunya (MC), que apoya el manifiesto de los estudiantes, tachó de “populista” la propuesta de abrir nuevas facultades para paliar el déficit demográfico de médicos y médicas porque “esta solución se verá dentro de diez años, y entonces no habrá la falta de profesionales de Medicina que hay ahora”. Su secretario general, Xavier Lleonart, apuntó que la mejor manera de hacer frente a la falta de profesionales es que el millar de graduados que salen cada año de las facultades catalanas “no quiera huir del sistema”. Lleonart añadió que “la solución pasa por tratar mejor a los profesionales ofreciéndoles condiciones asistenciales, laborales y retributivas que se acerquen a las de los países europeos del entorno, con salidas laborales que también faciliten opciones de docencia e investigación”.
Costes y recursos
Se calcula que formar a un alumno de Medicina cuesta unos 60.000 euros. En las universidades públicas, las tasas que abona el alumno no superan, en el mejor de los casos, ni el 10% del total. Tras la licenciatura, los graduados en Medicina imparten cuatro o cinco años de formación especializada, que es retribuida. Referente a la inversión, el manifiesto, firmado por cinco universidades catalanas, considera que “si en lugar de invertir dinero en aumentar plazas y en crear nuevas facultades, se invierte en mejorar los recursos y los espacios, aumentar el cuerpo docente acreditado, disminuir la ratio de estudiantes por tutor y, sin duda, a mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales con aumento de los sueldos, reducción de las horas de guardias, creación de espacios de trabajo saludables y fomento de la participación de los y las profesionales en la toma de decisiones, el resultado sería un sistema sanitario más atractivo y un sistema universitario de mayor calidad, que beneficiaría a todo el mundo”. En resumen, la mayor parte de los estudiantes de Medicina es de la opinión que “la apertura de una nueva facultad implica el uso de unos recursos materiales y económicos que no solucionan el problema que intentan resolver. Estos recursos deberían destinarse a potenciar las facultades de Medicina públicas ya existentes, priorizándolas frente a las iniciativas privadas y mejorando su calidad”, concluye el manifiesto.
En este sentido, la plataforma en defensa del sistema público de salud Marea Blanca quiso también apoyar el documento del CEMCat. Su portavoz, Antoni Barberà, dijo que, antes de abrir nuevas facultades de Medicina, se deberían reforzar las actuales: “nuevas facultades en el mercado supone más privadas, más elitismo, más selección por un estatus de clase y de origen”. Barberà también alentó a los estudiantes a luchar por “situar en el frontispicio un modelo de sistema nacional de salud que sea necesariamente público, universal, equitativo, integral, humano, solidario y de calidad”.


