El sueño del pequeño propietario languidece. En la última década, el número de grandes propietarios —bancos, fondos de inversión, etc.—, es decir, de entidades que valoran la vivienda como un activo de mercado, no para de crecer. Según datos recopilados por Dani Domínguez en un artículo en La Marea, en la última década, el número de grandes propietarios (aquellos con un total de 10 o más inmuebles) ha incrementado en un 20,3% en toda España, y un 15,90% en Catalunya. Los datos del catastro, que, cabe decir, no distinguen entre tipos distintos de propiedades (vivienda, local, u otras), trazan una evolución preocupante. Mientras los grandes propietarios incrementan su riqueza, aquellos que solamente poseían una vivienda en el año 2015 han disminuido en todo el Estado en un 3,28%. Y, por supuesto, aquellos que ya ni siquiera aparecen en las estadísticas por no ser propietarios de inmueble alguno lo tendrán más difícil que sus predecesores.
El siguiente gráfico muestra el número de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) por comunidades autónomas, y el cambio, en valor total, entre los años 2015 y 2024.
En el caso de Catalunya, como explica Dani Domínguez, “321 empresas o entidades son propietarias de más de 50 viviendas alquiladas. En conjunto, suman casi 70.000 inmuebles, aunque la mitad están en manos de diez sociedades, de las cuales solo tres (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y Sareb) son entidades públicas. Entre las privadas, CaixaBank se sitúa a la cabeza con más de 5.000 viviendas en propiedad. Le siguen Cerberus (2.877), Blackstone (2.493), CEVASA (2.191), BBVA (2.180), Banco Sabadell (2.035) y CBRE (1.046)”.
Un problema que viene de largo y que nadie parece querer solucionar
Cuando España transitó de una dictadura a una monarquía parlamentaria, había alcanzado al menos la mitad de lo que el ministro de Vivienda, José Luis Arrese, expresó en un discurso ante el Colegio de Agentes de la Propiedad en 1959: “No queremos un país de proletarios, queremos un país de propietarios”. Mientras que en 1950 más del 51,3% de la población vivía en alquiler, veinte años más tarde esta cifra se había reducido a menos de un tercio (30,1%). Paralelamente, el porcentaje de propietarios pasó del 45,9% en 1950 a un 63,4% en 1970. Los datos son aún más sorprendentes cuando se analiza la evolución en las zonas urbanas, donde la propiedad, que a mediados del siglo XX apenas llegaba al 20%, se duplicó una década después, alcanzando el 70% en 1970.
Aunque en todo Occidente los años de posguerra vieron un aumento generalizado de la propiedad, este fenómeno fue particularmente notable en España, que superó la media y, además, presentó la singularidad histórica de que los barrios obreros fueron los que lograron mayores tasas de propiedad. Sin embargo, lo que escondía la gran tasa de propietarios no era otra cosa que la falta de inversión pública en la construcción de viviendas dedicadas al alquiler, algo que no mejoró ni con la llegada de los gobiernos populares ni socialistas.
Según los datos publicados por el Observatorio de la Vivienda y el Suelo en 2020, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el país con mayor porcentaje de vivienda social no es España, es Países Bajos, con un 30%, seguido de Austria, con un 24%, y Dinamarca, con un 20,9%. Para encontrar a España en el ránking de la Unión Europea, uno debe desplazarse a las últimas posiciones de la lista. Allí encontraremos a España, con un 2,5% de viviendas públicas, junto a Rumanía, con un 1,5%; Estonia, con un 1,7%; Croacia, con un 1,8%; y Portugal, con un 2%.
Incluso a día de hoy, la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, muestra una vez más la impotencia del gobierno para intervenir en el mercado y garantizar el derecho constitucional —el de la vivienda—, al apelar a los propietarios para que sean “solidarios” y bajen los alquileres. Unos comentarios que no sientan nada bien a los Sindicatos de Inquilinos de todo el Estado, y que no hacen más que calentar la manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo 13 de octubre, replicando las multitudinarias manifestaciones previas en Catalunya, Baleares o Canarias. Ante la impotencia de la administración, ya sea por connivencia con los poderes económicos o por simple consonancia ideológica con dichas ideas, los movimientos sociales por el derecho a una vivienda luchan por revertir el más estructural de los problemas del país.
