¿Por qué convocó elecciones anticipadas el President Aragonès

10 de octubre de 2024. El Parlamento, en el marco del debate de política general, aprueba una resolución, propuesta por los Comunes, que insta al Gobierno a “no facilitar proyectos como el macrocasino del Hard Rock y, por ello, eliminar la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Ley 6/2014 en los próximos presupuestos para 2025”. También se aprueban otras dos resoluciones: una impulsada por el PSC, que plantea “eliminar la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la ley 6/2014 mediante la próxima Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para 2025”; y otra, de ERC, proponiendo que se modifique la ley “para revertir las rebajas fiscales que se impulsaron ad hoc para desarrollar el CRT de Vila-Seca y Salou”. La ley de 2014, a la que hacen referencia las tres resoluciones, fue pactada por CiU y el PSC y preveía reducciones en la fiscalidad del juego, incluyendo un primer capítulo dedicado exclusivamente a “la ampliación de actividades del centro recreativo turístico de Vila-Seca y Salou” y otras normas aplicables a los casinos en general.

La versión oficial

La convocatoria electoral fue acompañada de un auténtico linchamiento político y mediático de los Comunes. Su negativa a votar los presupuestos si no se detenía el proyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona los situó en el ojo del huracán. Pocos medios prestaron atención a que los Comunes no habían votado la investidura del presidente Aragonès en mayo de 2021, cosa que sí hicieron Junts y la CUP, a quienes casi nadie exigió explicaciones sobre por qué no apoyaban al presidente que ellos mismos habían investido.

El presidente Aragonès afirmó que convocaba elecciones “para no depender de la irresponsabilidad de quienes anteponen los intereses de partido”; es decir, de quienes priorizaban detener el Hard Rock sobre los presupuestos. La reacción de varios sectores contra los Comunes fue brutal: los secretarios generales de CCOO y UGT criticaron duramente el voto en contra del partido de Jéssica Albiach. Un influyente diario llegó a publicar un editorial en el que calificaba a los Comunes como “una especie de partido del no a todo”. Algún analista consideró que “hoy el tripartito de izquierdas está más lejos, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, ya que el voto de los Comunes en contra de los presupuestos en ambas instituciones ha deteriorado, y mucho, las relaciones con ERC y también con el PSC”. Incluso se responsabilizó a los Comunes de la no aprobación de inversiones para hacer frente a la sequía que los gobiernos de Junts y ERC habían paralizado en los últimos años.

Curiosamente, casi nadie recordó que el Gobierno tenía un mecanismo previsto en la ley, la prórroga de los presupuestos de 2023, que le habría permitido seguir aplicando sus políticas, incluidas algunas de las medidas sociales previstas en el proyecto presentado y rechazado, eso sí, previa aprobación por el Pleno del Parlamento. La prórroga de los presupuestos ni siquiera se contempló, a pesar de que no es un mecanismo extraño y menos cuando el gobierno de ERC afrontaba su último año al frente de la Generalitat.

De “vetar el Hard Rock sería un caso de prevaricación” a “no facilitar el Hard Rock”

El proyecto del macrocasino Hard Rock implicaba graves impactos en la protección del territorio y en la planificación urbanística, en el consumo de agua en tiempos de una sequía que el cambio climático ha convertido en permanente, como denunciaba la Plataforma en Defensa del Ebro, y en el fomento de la ludopatía. Cuando tanto se habla de un turismo sostenible, este proyecto se sitúa en el lado contrario, apostando por un modelo turístico que muchas personas consideran que no es el que Cataluña debería impulsar. Pero no quiero extenderme en la polémica de fondo, sino en el tratamiento político y mediático que ha generado la cuestión.

En octubre de 2022, la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, aseguraba que “el Hard Rock se hará y se hará bien”. En febrero de 2024, el presidente Aragonès sentenciaba: “No sé si se acabará haciendo el Hard Rock, no depende del Gobierno”. Un mes después, el Gobierno advertía a los Comunes que “vetar el Hard Rock sería un caso de prevaricación”. Ese mismo mes de marzo, el PSC reprochaba a los Comunes que “utilizaran el Hard Rock como excusa para no aprobar los presupuestos”.

Una de las principales líneas de argumentación de ERC y el PSC era que el Hard Rock no tenía nada que ver con los presupuestos; una excusa que se vino abajo cuando La Directa reveló, el 24 de abril, ya con las elecciones convocadas, que el Gobierno había renovado el compromiso con el Hard Rock el 27 de febrero, treinta minutos antes del pacto presupuestario con el PSC, mediante un documento que recogía un acuerdo del que no se hizo ninguna referencia en la comparecencia de la portavoz del Gobierno ni en el sumario de los acuerdos enviados a los medios de comunicación. Y la excusa volvió a quedar en evidencia ahora, cuando PSC y ERC han votado, junto a los Comunes, en el Parlamento que la cuestión del Hard Rock se regulará “en los próximos presupuestos de 2025”, es decir, en la Ley de medidas que los acompañará. ¿Seguro que el tema no tenía nada que ver con los presupuestos?

A raíz de la disolución del Parlamento, algunos comentaristas estimularon a los votantes de los Comunes a castigar su decisión y afirmaron: “Habrá que ver cómo sobreviven al ciclo electoral que ahora comienza. ¿De qué sirve votar una formación bisagra de la izquierda que no sabe sumar con las izquierdas?”. Los resultados de las elecciones del 12 de mayo no fueron buenos para la candidatura encabezada por Jéssica Albiach: perdió un punto porcentual y dos diputados. Seguramente, algo tuvieron que ver los ataques que sufrió durante toda la campaña por su negativa a votar los presupuestos, aunque es probable que otros factores vinculados a la política estatal fueran más decisivos. En todo caso, no fue una catástrofe: los Comunes no desaparecieron como algunos deseaban, pudieron formar grupo parlamentario, y, para sorpresa de muchos, sus 6 diputados fueron decisivos para lograr una mayoría de izquierdas en el Parlamento y, junto con los del PSC y ERC, hicieron posible la investidura del presidente Illa. Aquellos que habían sentenciado que los Comunes estaban inhabilitados para formar pactos de izquierdas se quedaron sorprendidos.

En el pacto de investidura entre el PSC y los Comunes ya se estableció frenar el Hard Rock. Este acuerdo ha recibido el aval parlamentario el 10 de octubre. Y así, lo que no se podía detener, se ha convertido en un proyecto que el Gobierno ya no facilitará, dado que, al eliminar la rebaja impositiva sobre el juego, la inversión se presenta como inviable. PSC y ERC han hecho, como Pedro Sánchez, de la necesidad, virtud. Y parece que los Comunes han logrado detener el Hard Rock. La pregunta es: ¿por qué esta solución no fue aceptada por el Gobierno de ERC si los Comunes habían presentado el 1 de marzo, dos semanas antes del Pleno de Presupuestos, una proposición de ley estableciendo que la imposición pasara del 10% al 55% para los casinos que superaran los 4,5 millones de facturación, como se preveía en el caso del Hard Rock?

Otra versión es posible

Si este octubre se ha pactado una solución para detener el Hard Rock, eliminando las reducciones fiscales que lo podían beneficiar, ¿por qué no se produjo el acuerdo en marzo y se convocaron elecciones anticipadas? Al PSC le podían interesar porque preveía quedar como la primera fuerza, ¿pero qué ganaba ERC? La respuesta más obvia sería poder hacer la campaña electoral sin que Puigdemont hubiera podido regresar a Cataluña. Pero quizás había más motivos: después de las elecciones del 12 de mayo se conoció la crisis soterrada que atenazaba a ERC desde hacía muchos meses. En julio, varios medios desvelaron que el presidente del partido, Oriol Junqueras, había sido apartado, durante un largo periodo, de las reuniones en las que se tomaban decisiones importantes, incluso después de salir de prisión. También trascendió que en otoño de 2023 Junqueras se reunió con el presidente Aragonès y la secretaria general, Marta Rovira, en Ginebra, y les comunicó su voluntad de ser cabeza de lista en las próximas elecciones, que debían tener lugar en febrero de 2025, quizás con tiempo suficiente para ser amnistiado. Rovira y Aragonès se negaron.

¿Influyó el deseo de Junqueras de ser candidato a la presidencia de la Generalitat en la decisión de Aragonès de adelantar las elecciones casi un año? ¿Tuvo algo que ver la división interna del partido, que aún no se había hecho pública pero que Aragonès conocía perfectamente? ¿Intentaron Aragonès y Marta Rovira evitarse el calvario de elaborar unas listas electorales a principios de 2025, conscientes del conflicto interno que se estaba gestando? ¿Previó alguien en la dirección de ERC que podría estallar el escándalo de las campañas B, que finalmente se hizo público pocas semanas después de las elecciones? Las declaraciones de guerra cruzadas entre Oriol Junqueras y Xavier Vendrell hacen sospechar que la situación interna tuvo algo que ver con la convocatoria de elecciones anticipadas; probablemente, como se ha demostrado ahora, mucho más que el voto de los Comunes en contra de los presupuestos de 2024 a causa del Hard Rock.

Jaume Bosch. Abogado. Exdiputado del Parlamento y ponente del Estatuto de 2006.