El pueblo valenciano tiene memoria. Incluso las generaciones más jóvenes han oído hablar de la riuà de 1957, con la cifra oficial de 81 muertos –aunque fueron más–, y de la pantanà de Tous de 1982, con ocho muertos. Sin remontarnos tanto, en 2019 unas inundaciones por el desbordamiento del río Segura, en el Baix Segura o Vega Baja (la comarca ubicada más al sur del País Valencià, tocando Murcia), ya evidenciaban que el cambio climático y las construcciones en zonas inundables podían traernos muchas desgracias y, sobre todo, precisaban de acciones de prevención y redefinición territorial.
Quienes venimos de zonas de montaña (Alcoy, en mi caso), más preocupados por los incendios forestales que por el agua, también sabemos que las riadas pueden ser más letales que los grandes incendios. La memoria colectiva está presente en forma de placas en las calles de los pueblos afectados, de conversaciones de sobremesa y también de creaciones literarias como la novela Els Inútils [Drassana, 2022], un libro de Andreu Marco galardonado con el premio Lletraferit, y que comienza precisamente con el rescate de personas en la gran riuà del 57 y la posterior búsqueda de cadáveres.
Ahora todo esto deja de ser memoria y sabemos que los efectos desastrosos de la gota fría –el nombre popular de la depresión aislada a niveles altos (DANA)– del día 29 de octubre superan las tragedias que recordábamos gracias a nuestros abuelos y padres. Seamos de donde seamos, la mayoría de valencianos sentimos los pueblos afectados –Paiporta, Picanya, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa…– como propios. Antiguos pueblos que vivían de la huerta y que ahora tienen una lógica metropolitana que se vincula a todo el país porque, quien más quien menos, conoce a alguien de esa zona: compañeros de universidad, de trabajo, de veraneo… A pocos kilómetros del Cap y Casal, el dolor de la gente de L’Horta Sud es compartido por todo un país conmocionado.
Las muertes evitables
El golpe inicial sólo podía dejar sitio a una pregunta: ¿Por qué? Los conocidos que tengo en la zona no se atreven a decir que sus familiares están bien. En el mejor de los casos te dicen que no han muerto y sacan barro de todas partes como buenamente pueden. Los servicios de emergencia y los voluntarios narran historias cruentas de cadáveres que aparecen debajo de los puentes, en los supermercados, en los aparcamientos… En el momento de escribir estas líneas (el sábado 2 de noviembre por la tarde), la última cifra oficial de fallecidos es de 202 personas, más los 1.900 posibles desaparecidos según el acta del comité de emergencia destapada por eldiario.es. Todo el mundo sabe que la cifra de defunciones crecerá de forma significativa. El interrogante, desgraciadamente, es cuántos de los desaparecidos están muertos.
La pregunta es clara: ¿Se habrían podido evitar tantas muertes? Y la respuesta, lo es más: Sí. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advertía el martes 29 a las 7:27 de la mañana de que se preveían precipitaciones fuertes en el sur y en el este de la Península. Pocos minutos después activaba la alerta roja en el interior de la provincia de Valencia, primero, y en el sur de la ciudad de Valencia, después. A las ocho de la mañana advertía que las acumulaciones de más de 90 litros por metro cuadrado podían causar crecidas e inundaciones y, poco antes de las nueve, ya mostraba las primeras calles anegadas en Catadau (Ribera Alta). Antes de las 10, la AEMET extendía la alerta roja a tres demarcaciones del centro de la Comunidad Valenciana, incluida la ciudad de Valencia. O sea, la AEMET advertía del riesgo desde primera hora de la mañana, justo antes de que mucha gente saliera de casa para ir a estudiar y trabajar. Así lo advertía también la televisión pública valenciana, À Punt.
Pero el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), hacía caso omiso de todo esto y a la una del mediodía, cuando el río Magro ya se había desbordado en Utiel, decía que el temporal remitía porque se desplazaba a la Serranía de Cuenca, uno vídeo que ha desaparecido de su cuenta de X. Evidentemente, el agua sigue su camino y empezó a llegar también a pueblos donde no había llovido. A las ocho de la tarde, cuando muchas de las poblaciones estaban ya anegadas, la Generalitat envió el mensaje de alerta pidiendo evitar desplazamientos por la provincia de Valencia, más de medio día más tarde que la AEMET. Hay vídeos claros del desastre, como cuando, en pleno directo en À Punt, reciben el mensaje de alerta mientras en la pantalla hay una mujer a punto de ser arrastrada por el agua o el testimonio de un afectado en TVE explicando que recibió la alarma cuando estaba encaramado a un árbol huyendo del agua.
La Generalitat no sólo no avisó a tiempo el primer día, sino que, cometiendo exactamente el mismo error, el día 31 las autoridades también esperaron a media mañana a pedir a la gente de la provincia de Castellón que volviera a casa, aunque la AEMET ya había lanzado la alerta roja a las 9:24 de la mañana. Los vídeos de algunas calles anegadas ya circulaban por las redes y la Comunidad Valenciana contenía el aliento viendo que la catástrofe podía repetirse siguiendo los mismos patrones. Al final, el agua remitió, por suerte.
Luego hemos sabido otras noticias que agravan el hecho. Por ejemplo, que la Diputación de Valencia cerró sus centros de trabajo seis horas antes del aviso que la Generalitat envió a los móviles, o que, como él mismo ha reivindicado por X, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, se reunió con los servicios de emergencias el miércoles a las 11 de la mañana, un día y tres horas después del primer aviso de la AEMET.
En medio de todo esto, Mazón recibió la visita y apoyo del líder del PP a nivel estatal, Alberto Núñez Feijoo, el pasado 31 de octubre. Aprovechó los micrófonos para atacar al gobierno español, diciendo que no había informado de nada; ni la AEMET, ni la Confederación Hidrográfica del Júcar, como si la información de estas instituciones no hubiera estado, en tiempo y forma, accesible a la consulta pública. Mientras otros muchos cargos políticos populares mantienen un silencio sospechoso que aísla a Mazón, parece que su jefe político prefiere inmolarse con él.
Porque de la evidencia de la mala gestión inicial –y posterior– sólo se podía derivar un cuestionamiento directo al presidente de la Generalitat Valenciana, expresado en una convocatoria de manifestación para pedir su dimisión (el 9 de noviembre a las seis de la tarde ante el Ayuntamiento de Valencia), con más de 20 entidades convocantes, la mayoría de ellas de cariz valencianista, sindicalista y de izquierdas. Podría pensarse que es una convocatoria precipitada y por parte de la oposición histórica al PP valenciano, pero el cuestionamiento se hace palpable en muchos pueblos afectados y también fuera de nuestras fronteras, como se ha evidenciado con la portada de Libération del 2 de noviembre con el titular contundente de “Las muertes evitables”, o el reportaje de The Telegraph con el titular Valencia’s gobernador posed for photos amid flash flood red alerts, en los que se dice directamente que Mazón intenta salvar su carrera política.
¿Y el estado de alarma? Un pueblo abandonado
La Comunidad Valenciana sigue sometida al caos. La lluvia ha remitido, pero el barro está en todas partes. Miembros de los servicios de emergencia venidos de todo el país explican que dedican horas y horas a sacar agua de abajo de puentes, de aparcamientos… De ahí van saliendo cadáveres y más cadáveres que todavía no han sido contabilizados en los datos oficiales. Todo el que ha asomado por la zona más afectada coincide en que lo que se vive es mucho peor que lo que se puede seguir por las redes o la televisión.
Basta con escuchar la desesperación de los alcaldes de la zona, como Juan Ramón Adsuara (PP), alcalde de Alfafar, que el día 31, dos después de la riada, decía a À Punt que todavía no había llegado ninguna unidad de emergencias mientras algunos vecinos estaban en casa con los cuerpos sin vida de sus seres queridos. El mismo día, Comisiones Obreras denunciaba que la Generalitat tenía parados varios helicópteros y otros medios de los Bomberos Forestales, una situación que se suma a otros cuestionamientos en el gobierno valenciano una vez estallada la crisis, como haber rechazado el apoyo del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos de la Generalidad de Catalunya, tal y como publicó Nació Digital.
Luego llegaron otras polémicas. Por un lado, la consellera de Turismo, Nuria Montes (PP), pidiendo con vehemencia que los familiares de las víctimas –“no permitiremos que se acerquen”– no acudieran a la morgue instalada en Fira de València, una declaración por la que ha pedido disculpas posteriormente. Por otra, la contradicción del propio Mazón diciendo primero que los voluntarios no se desplazaran a las zonas afectadas para evitar colapsar las carreteras, en un momento en que los municipios pedían el apoyo de todos, y afirmando después que los voluntarios hacen un trabajo imprescindible.
Cuando por fin se ha formalizado y organizado el trabajo voluntario, muchas de las personas desplazadas para colaborar –unas 100.000 en total– han cuestionado su funcionamiento en cuanto al tiempo de espera, haberlos desplazado a un centro comercial y carecer de consignas claras. Resulta difícil saber exactamente qué ha pasado en medio de tanta gente y si realmente la Generalitat ha pretendido priorizar la acción en zonas comerciales que residenciales, pero la desazón y la duda expresada por muchos de los voluntarios demuestra que no hay una comunicación clara y uniforme.
El gobierno valenciano también ha sido criticado por pedir donativos a modo de fondos extraordinarios como si la Generalitat fuera una entidad más de las que pretenden actuar sobre el terreno. A todo esto, hay que sumarle las polémicas intervenciones policiales con casos de multas a voluntarios por haber aparcado mal el coche o a personas que rebuscaban en los supermercados para conseguir comida, agua o ropa después de haberlo perdido todo. La Fiscalía ya ha dicho que pedirá prisión a los detenidos por estos “robos”.
Con tantas evidencias de la incapacidad y/o incompetencia del gobierno valenciano para gestionar correctamente la crisis, las caras visibles del PP que sí han apoyado a Mazón han empezado a señalar al Gobierno central por falta de apoyo. Está claro que el mando es autonómico y que la Generalitat podría haber pedido mayor apoyo al Estado. Ahora bien, también es cierto que, visto lo desbordado que está el Pais Valencià, el gobierno español podría haber declarado el estado de alarma y tomar el mando, así como reforzar el apoyo con más dispositivos militares y de emergencias.
Pero, aunque la situación es tan obvia, el presidente español, Pedro Sánchez (PSOE), no ha declarado la alarma y el 2 de noviembre, tras explicar los dispositivos dirigidos a la Comunidad Valenciana, ha espetado unas declaraciones polémicas: “El gobierno central está listo para ayudar. Si necesitan más recursos, que los pidan”. Es evidente que hace falta más recursos y esto ha despertado el recelo sobre muchas personas que viven la catástrofe en primera persona, sintiéndose desamparadas o incluso abandonadas por parte de ambos gobiernos: el valenciano y el español.
¿Un precio político y un precio penal?
Llegados a ese punto, y al margen de las disputas dialécticas de las últimas horas, es evidente que Mazón es la persona más cuestionada. Su hipotética dimisión será un precio político a pagar, pero, visto el retraso en la alarma y cómo se ha gestionado la emergencia especialmente en las primeras horas, parece claro que hay una responsabilidad más que política.
Se abre la puerta a una hipotética vía penal en contra del presidente de la Generalitat Valenciana que en estos momentos no se ha concretado, pero ya corre por las redes con la voluntad de buscar adhesiones, especialmente de juristas. Por el contrario, sorprendentemente, pese a la evidencia de los avisos de la AEMET, la única causa que por ahora se ha abierto es en contra de María José Rallo, directora de la AEMET, por un presunto delito de homicidio imprudente. Detrás de la denuncia está el sindicato de extrema derecha Manos Limpias.
Sólo el pueblo salva al pueblo
Con sensación de desamparo y movidos por un dolor profundo, la sociedad valenciana y de los Països Catalans y del Estado se ha volcado en una ola de solidaridad que alcana su carácter más emotivo en las imágenes de miles de personas atravesando el puente por encima de la cama del Turia. Desde el primer momento se han realizado iniciativas autoorganizadas como Apoyo Mutuo DANA Valencia o Ayuda Terreta. También entidades como Cruz Roja y los clubs Rotary, entre otros, se suman a las intervenciones oficiales de servicios de emergencia que no pueden llegar a todo.
Es así como se ha empezado a reivindicar la expresión nostrada “sólo el pueblo salva al pueblo”, que, lejos de significar ir por libre de las administraciones –como algunos han intentado significar–, evidencia que donde no puede (o quiere) llegar la administración está el apoyo mutuo. Ese “el pueblo salva al pueblo” son las personas que rescataban a otras personas desde los balcones, y también las que cada día van a los pueblos afectados a quitar barro, traer agua, ropa y comida.
Una mirada ambiental
Cuando pasen los días más duros de la desgracia, tendremos mucho tiempo para pensar. Siempre ha habido gotas frías y la memoria colectiva del pueblo valenciano lo demuestra. Ahora bien, el contexto ha cambiado. La emergencia climática hace que cada vez estemos más expuestos a fenómenos meteorológicos extremos y, por tanto, la DANA que ahora lloramos puede repetirse en otras ocasiones en otros muchos lugares del País Valencià y del resto de los países mediterráneos.
El contexto también ha cambiado porque, a diferencia de la riuà y la pantanà del siglo pasado, el entorno metropolitano de Valencia está cada vez más construido. No es que tener más campos lo hubiera evitado, pero sí es cierto que con mayor superficie construida hay menos capacidad de filtrado y, a la vez, más lugares por donde el agua toma velocidad. Saber planificar bien las ciudades ya no sólo responde a evitar edificar en zonas inundables.
No es de extrañar que después de la riuà del 57 se empezara a trabajar el desvío del Turia por fuera de la ciudad de Valencia. Ahora parece que algunos lo aprovechan para reivindicar a Franco, obviando cosas como que es una obra que pagaron exclusivamente los valencianos, que se hizo rompiendo la huerta y sus pedanías y abriendo la puerta a realizar una autovía por la cama original que se detuvo gracias a la movilización vecinal, que logró hacer del lecho del Turia el gran parque que es actualmente.
Al mismo tiempo, si las gotas frías catastróficas pueden afectarnos con mayor frecuencia, también hay que concienciar a la ciudadanía sobre el riesgo y sobre cómo actuar cuando pasa: no coger el coche, refugiarse en zonas altas… Y, sobre todo, hay que saber ser preventivos y esto no sólo es avisar a tiempo, sino plantearse previamente si, como ocurre con los incendios, deben desalojarse barrios o pueblos enteros para evitar que después tengamos que contar los muertos por cientos.
Memoria colectiva
Cantaba Raimon que en nuestro país no sabe llover. Ahora podemos añadirle que nuestros gobernantes no saben gobernar. Ante la desesperación y el luto, nos queda crecer como país. Hasta ahora la memoria de las catástrofes del 57 y del 82 nos llegaba a muchos valencianos a través de nuestros abuelos y padres. Ahora seremos nosotros quienes, desgraciadamente, podremos decir a nuestros hijos y nietos que el agua puede ser más letal que el fuego. La cuestión es conseguir que esta memoria colectiva no se quede en comentarios de sobremesa, sino que sirva para que realmente cambiemos nuestros impactos sobre la naturaleza, nuestra forma de ocupar el territorio, los mecanismos de prevención y aviso y el modelo de intervención cuando la riada ya se haya producido.
