La DANA no es un evento aislado, sino una manifestación de una tendencia creciente de fenómenos climáticos extremos, agravados por la inacción y el negacionismo climático de las autoridades. Por supuesto, ni el PP ni VOX tienen ninguna capacidad de controlar los eventos meteorológicos; pero tienen la obligación, como toda institución, de salvaguardar la población en caso de las haya.

El filósofo José Luis Villacañas, en su obra Neoliberalismo como teología política, analiza cómo el neoliberalismo se ha convertido en una doctrina que, bajo la apariencia de libertad económica, impone una lógica de mercado que permea todas las esferas de la vida, incluyendo la gestión ambiental. En una línea parecida, el filósofo Achille Mbembe, describe un sistema en el que las políticas económicas y sociales desprecian la vida humana, considerando aceptables las muertes resultantes de decisiones gubernamentales orientadas al mercado.

Esta perspectiva ayuda a entender cómo las políticas actuales en la Comunidad Valenciana no son meros errores de cálculo, sino la consecuencia de una ideología que subordina la vida y el medio ambiente al capital. A menudo se habla de la ideología como si se tratara de un concepto abstracto cuando no es así. La ideología produce efectos, como, por ejemplo, la decisión del gobierno de Mazón de eliminar la Unidad de Emergencias Valenciana un año atrás porque, según el president de la Generalitat Valencia, “no mejoraba ni ampliaba los servicios”. La ideología tiene consecuencias directas que, a veces, pueden ser literalmente mortales.

El urbanismo salvaje, uno de los pilares del necro-neoliberalismo, no solo ha modificado el paisaje de la Comunidad Valenciana, sino que ha transformado radicalmente la relación de las comunidades con su entorno. La impermeabilización del suelo, la eliminación de vegetación autóctona y la creación de infraestructuras masivas en zonas de riesgo han dejado a los pueblos y ciudades sin defensas naturales. Cuando las aguas arrasan casas y se llevan vidas humanas, estas muertes no son accidentes: son el desenlace previsible de políticas que ignoran sistemáticamente las advertencias sobre el cambio climático.

Además, el negacionismo climático de Vox y el PP no solo se limita a discursos; también se traduce en decisiones políticas que suprimen cualquier iniciativa para mitigar la crisis climática. El bloqueo de proyectos de energías renovables, la relajación de normativas medioambientales y la preferencia por un modelo económico basado en el ladrillo y el turismo masivo perpetúan la dependencia de la región de industrias insostenibles. Mientras tanto, las consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables, quienes carecen de los recursos para protegerse o reconstruir sus vidas después de cada desastre.

La tragedia de la DANA debe servir como un llamado de atención urgente. Es imperativo que las autoridades reconozcan la realidad del cambio climático y adopten políticas que prioricen la protección del medio ambiente y la seguridad de la población. Continuar por la senda del necroneoliberalismo no solo condena a la región a repetir desastres similares, sino que también pone en riesgo la vida de sus habitantes. Es hora de replantear las prioridades y construir un modelo de desarrollo que respete la vida y el entorno natural.

El futuro de la Comunidad Valenciana depende de decisiones que se tomen hoy. No hay margen para la inacción ni para discursos que nieguen la evidencia científica. Es necesario un cambio estructural que supere el cortoplacismo económico y adopte una visión comprometida con el bienestar social y la sostenibilidad. Solo así podremos evitar que la DANA de hoy sea el preludio de una serie interminable de catástrofes anunciadas.

En respuesta a esta situación, diversas organizaciones han convocado una manifestación para el próximo 9 de noviembre en Valencia. Bajo el lema “Por una gestión responsable y sostenible”, la marcha busca denunciar las políticas actuales y exigir medidas concretas para enfrentar la crisis climática y proteger a la población. La convocatoria ha sido respaldada por colectivos ecologistas, asociaciones vecinales y partidos de la oposición, quienes señalan la urgencia de un cambio de rumbo en la gestión territorial y ambiental de la Comunidad Valenciana.

Esta movilización surge de la indignación y la frustración de una ciudadanía que ha decidido organizarse ante la evidente falta de preparación y dejadez de las instituciones valencianas. Mientras los responsables políticos continúan promoviendo un modelo de desarrollo insostenible, es el pueblo el que toma la iniciativa para defender su derecho a un entorno seguro y habitable. Esta manifestación no es solo una protesta, sino un grito de auxilio y un acto de responsabilidad colectiva en defensa del futuro de la región.

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